Un año sin pagar impuestos y los siguientes con pagos bajos: la revolución de Portugal para que los jóvenes trabajadores no se vayan del país

Portugal enfrenta desde hace años un desafío significativo: la emigración de sus jóvenes, atraídos por mejores oportunidades y niveles de vida en otros países de Europa. Para combatir esta fuga de talento, el gobierno de Luis Montenegro ha anunciado un innovador paquete de medidas fiscales. La propuesta busca retener a los jóvenes trabajadores en el país ofreciendo un atractivo sistema de exenciones fiscales que les permitiría iniciar su vida laboral con mayores facilidades económicas.

La medida principal consiste en la exención total del impuesto sobre la renta para todos los jóvenes menores de 35 años durante su primer año de trabajo. Esta propuesta está dirigida a aquellos trabajadores con ingresos anuales inferiores a 28.000 euros, un límite ligeramente superior al salario medio en el país luso. La medida tiene como principal objetivo aliviar la carga económica de aquellos que comienzan su carrera profesional, facilitando que puedan ahorrar o invertir en su desarrollo personal y profesional sin la presión fiscal que suelen enfrentar en los primeros años.

Después del primer año sin impuestos, el plan prevé una reducción gradual en la carga fiscal para estos jóvenes trabajadores. Durante los años dos a cuatro, se aplicará un 25% de la tasa impositiva correspondiente, que aumentará al 50% en los años cinco a siete, y alcanzará el 75% en los años ocho a diez. La intención del gobierno es proporcionar un apoyo sostenido que permita a los jóvenes estabilizarse económicamente antes de asumir plenamente las obligaciones fiscales, lo que podría disuadir a muchos de buscar mejores condiciones en el extranjero.

La emigración de jóvenes ha sido una constante en Portugal desde la crisis financiera de 2008. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Portugal, entre 2008 y 2023, cerca de 361.000 personas de entre 15 y 35 años abandonaron el país en busca de oportunidades laborales en naciones como Francia, Alemania o Reino Unido. El fenómeno, conocido como “fuga de cerebros”, ha generado preocupaciones sobre el impacto en la economía portuguesa, especialmente en sectores que requieren alta cualificación y que han visto reducida su capacidad de atraer y retener talento.

Para muchos de estos jóvenes, los sueldos más elevados y el mayor poder adquisitivo de otros países europeos representan un incentivo difícil de ignorar. Además, el alto costo de la vida en ciudades como Lisboa y Oporto ha empeorado la situación, haciendo que la posibilidad de adquirir una vivienda sea un sueño inalcanzable para muchos de ellos.

La propuesta del gobierno ha sido recibida con entusiasmo por algunos sectores juveniles, que ven en ella una oportunidad para estabilizarse económicamente y establecerse en su país de origen. Sin embargo, no todos comparten el optimismo. Muchos sectores critican que las medidas se enfoquen exclusivamente en los jóvenes, sin tener en cuenta las dificultades que enfrentan otros grupos de edad. “Se ofrece un alivio fiscal a los jóvenes, pero se olvida de aquellos que han decidido quedarse y que también enfrentan dificultades económicas”, señalan. Otros tachan la medida de “parche”, ya que, sin salarios más atractivos y mejores condiciones laborales seguirán siendo muchos los jóvenes que encuentren en otros países ofertas más interesantes.

Por otro lado, las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han expresado dudas sobre la eficacia de estos incentivos fiscales a la hora de reducir la emigración juvenil. Consideran que, si bien el alivio fiscal puede ser un incentivo, no necesariamente abordará problemas estructurales como la precariedad laboral o los bajos salarios en comparación con otros países de la Unión Europea.

Desde un punto de vista económico, la medida tiene un coste estimado de unos 650 millones de euros anuales para el Estado, lo que plantea preguntas sobre la sostenibilidad fiscal del programa a largo plazo. Sin embargo, el gobierno de Luis Montenegro defiende la iniciativa como una inversión necesaria para retener el talento y revitalizar el mercado laboral nacional. Según las proyecciones gubernamentales, el impacto positivo de mantener a los jóvenes en el país compensaría la reducción inicial en la recaudación fiscal.

La propuesta será debatida en el Parlamento portugués a finales de octubre, en el marco de la aprobación del presupuesto para 2025. El resultado de esta votación será crucial, no solo para el futuro de la medida fiscal, sino también para la estabilidad del gobierno actual, que necesita el apoyo de la mayoría parlamentaria para seguir adelante con sus reformas. Si la medida se aprueba, Portugal se sumaría a otros países europeos que han implementado incentivos fiscales para retener a los jóvenes y fomentar la repoblación de sus territorios.