El Gobierno busca blindar el impuesto a la banca y las energéticas pese al rechazo de las empresas: “Es justo y progresista”

En este 2024, los impuestos extraordinarios a la banca y a las empresas energéticas han generado una recaudación de 2.854 millones de euros, apenas por debajo de los 2.908 millones del año anterior, según los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda. En el caso de las entidades de crédito, la recaudación alcanzó los 1.695 millones de euros, mientras que el impuesto sobre las energéticas sumó 1.164 millones. Sin embargo, estos gravámenes, aprobados inicialmente en 2022 como parte de la política fiscal del Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia y la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, han sido objeto de críticas constantes por parte de los sectores afectados.

Pese a ello, la idea del Gobierno, recogida en su línea de actuación, es convertir estos gravámenes temporales en impuestos permanentes, una medida que no ha sido bien recibida por los sectores afectados. El Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, considera que el contexto actual de ”beneficios récord” en banca y energía justifica una mayor contribución por parte de estas industrias. El Ejecutivo defiende que esta política fiscal es “justa y progresista”, orientada a pedir un mayor esfuerzo a quienes tienen más recursos, permitiendo así aliviar la carga impositiva de las rentas medias y bajas. En esta línea, desde el Gobierno destacan la rebaja del IVA en alimentos básicos, que ha supuesto un ahorro de 25.000 millones de euros para las familias, y la reducción del IRPF para quienes ganan menos de 21.000 euros al año.

Los gravámenes actuales se aplican sobre la base de los ingresos obtenidos en 2023 y tienen un primer pago anticipado en febrero y una liquidación en septiembre. El impuesto a la banca afecta a aquellas entidades con ingresos superiores a los 800 millones de euros anuales por comisiones e intereses, con una tasa aplicable del 4,8% sobre el margen de intereses y las comisiones. Por su parte, el gravamen a las energéticas se aplica a los “operadores principales” en sectores como la producción de petróleo o gas, con una tasa del 1,2% sobre el volumen de negocio.

Sin embargo, la medida ha generado una fuerte reacción en los sectores afectados. Las patronales bancarias, AEB y CECA, han expresado su rechazo al impuesto, señalando que podría reducir la capacidad de financiación en el sector en hasta 50.000 millones de euros. Del mismo modo, las empresas energéticas, a través de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), alertan de que la medida podría comprometer inversiones por valor de 16.000 millones de euros hasta 2030, cruciales para la transición energética.

El Gobierno ha reconocido que la permanencia de estos gravámenes no está garantizada, ya que depende de obtener el apoyo parlamentario necesario. Entre los principales obstáculos se encuentra la resistencia de algunos de sus socios, como el PNV, y las preocupaciones sobre la posible doble imposición que podrían generar estos impuestos. Hacienda estudia la posibilidad de permitir a las empresas reducir la cuota a pagar a través del impuesto de sociedades, similar a lo que ya se ha hecho con el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas.

Además, el Gobierno ha señalado que está trabajando para ajustar el impuesto a las condiciones económicas actuales, con una revisión que tenga en cuenta la evolución de los tipos de interés, que han comenzado a reducirse tras los picos alcanzados durante la crisis de 2022. Las energéticas, por su parte, han indicado que los precios de la energía han bajado desde los niveles máximos alcanzados al inicio de la invasión rusa de Ucrania, por lo que consideran que el impuesto ya no está justificado.

Pese a las críticas, el Ejecutivo busca blindar estos impuestos de posibles litigios legales. Varias empresas, como Repsol, ya han anunciado su intención de llevar el asunto ante los tribunales, argumentando que el gravamen es injusto y podría ser declarado inconstitucional. Para evitar este escenario, el Ministerio de Hacienda trabaja en un nuevo diseño que incluya deducciones por inversiones estratégicas en descarbonización, al mismo tiempo que negocia con los actores políticos y empresariales para asegurar la viabilidad de estos gravámenes en el futuro.

La presión por parte de los sectores afectados ha aumentado en las últimas semanas. La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha criticado públicamente la medida, asegurando que “va en contra del crecimiento económico”. Del mismo modo, la presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha advertido que podría reducir la competitividad de las empresas españolas en el contexto europeo. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, calificaba el anuncio del Gobierno como “ruido”, al tiempo que afirmaba que la compañía podría redirigir sus inversiones fuera de España si el impuesto se hace permanente. De hecho, Iberdrola ha ampliado su alianza en Abu Dhabi para destinar 15.000 millones de euros a proyectos de energías renovables en otros países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.