Se abre la veda: los ahorradores podrán rescatar sus planes de pensiones a partir de 2025, pero pagarán más impuestos

Los planes de pensiones individuales no son lo que eran y, a partir de enero de 2025, lo serán menos. Se crearon en 1988 como productos destinados a ahorrar para complementar la pensión de jubilación y uno de sus principales reclamos para atraer ese ahorro eran unos jugosos incentivos fiscales, pero, a cambio, el dinero acumulados en ellos no se podía rescatar hasta llegar a la jubilación, salvo por causas especiales como dependencia, incapacidad laboral, paro de larga duración o invalidez, entre otras.

En estos 36 años, los planes de pensiones se han ido modificando debido a cambios normativos que, la mayoría de las veces, “los han perjudicado”, señalan los expertos. Uno de los cambios más relevantes es el que se producirá a partir de enero del año que viene en que se volverán más líquidos, es decir, los ahorradores podrán rescatar el dinero acumulado en sus planes de pensiones y los intereses generados cuando las aportaciones tengan más de 10 años de antigüedad. Es decir, el ahorro y los rendimientos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2015.

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Otro de los cambios que más ha afectado a los planes fue la decisión en 2020 del entonces Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de reducir los incentivos fiscales de los que gozaban sus partícipes.

Hasta ese año, el límite de las aportaciones a los planes individuales con derecho a desgravación en el IRPF eran de 8.000 euros y las redujeron a 2.000 euros, lo que supuso una merma del 75%. Pero el recorte fue a más, y en 2022 se volvieron a rebajar esos límites hasta los 1.500 euros, una nueva disminución del 25% con lo que, estos límites bajaron en 6.500 euros en dos años.

Todo ello ha hecho que el patrimonio gestionado por los planes de pensiones individuales creciera a cuentagotas en estos años y cerrara el pasado mes de septiembre en los 90.805 millones de euros, según datos de Inverco.

La posibilidad de rescatar los planes de pensiones a partir de enero supone “un contrasentido” respecto a la naturaleza de estos productos, ya que se diseñaron para atraer ahorro finalista, es decir, se pretendía que los ciudadanos ahorraran a largo plazo de cara a la jubilación.

“No veo mucho sentido en este cambio porque los planes fueron concebidos como un producto de ahorro a largo plazo, sin liquidez, a cambio de tener un tratamiento fiscal especial”, indica Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

Argumenta que la nueva ventana de liquidez se creó para que aumentaran las aportaciones de aquellas personas que veían en la iliquidez de los planes un freno para invertir en ellos, pero “no creo que esta medida genere un incremento en cuanto a un aumento en el volumen de aportaciones, e incluso puede suponer un problema para los propios fondos de pensiones si hay retiradas importantes del dinero acumulado”.

También Sergio Ortega, analista de Vdos, considera que se trata de un cambio que rompe con la “esencia del producto”, que, a su juicio, no es otra que complementar la pensión de jubilación: “Los planes de pensiones ya contaban con unas opciones de rescates que los hacían lo suficientemente líquidos en casos de necesidad”.

Adelantar el rescate no solo puede mermar el dinero gestionado por los planes, también puede penalizar a los partícipes que decidan retirar su dinero antes de jubilarse, ya que tendrán que tributarán más por sus ganancias, advierte Sergio Ortega, para quien “el partícipe que quiera rescatar de forma anticipada se va a encontrar que va a tener que tributar como rendimientos del trabajo a un tipo superior al que haría llegado el momento de la jubilación”.

Ello es debido a que el dinero acumulado en el plan y sus rendimientos tributan en la base general del IRPF como rentas del trabajo a un tipo que, en la escala estatal, oscila entre el 19% y el 47%.

La posibilidad de rescate anticipado y el hachazo a sus incentivos fiscales han puesto a los planes de pensiones en peligro de extinción, según reconocen algunos analistas. Otros no se muestran tan pesimistas pero creen que estos cambios inciden negativamente en su patrimonio gestionado.

“Los planes de pensiones tradicionalmente han tenido beneficios fiscales que compensaban la falta de liquidez, y si estas ventajas disminuyen, junto con la mayor facilidad para retirar el dinero antes de tiempo, es probable que otros productos financieros alternativos se vuelvan más atractivos”, indica Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen).

Sin embargo, no cree que “los planes desaparezcan del todo, ya que muchas personas seguirán viéndolos como una herramienta para el ahorro a largo plazo, especialmente aquellos con capacidad financiera para mantener sus aportaciones durante muchos años”, añade.

Los beneficios fiscales que el Gobierno quitó a los planes de pensiones individuales los dirigió a los planes de pensiones de empresa con el objetivo de impulsarlos. Una estrategia que no le ha funcionado por el momento y es que los planes de empleo no cuajan en España. Los motivos: “La falta de una cultura de ahorro a largo plazo en la sociedad española y que no todas las empresas están a favor de implantarlos porque no tienen una contraprestación importante en términos económicos”, aduce Devesa.

Casares está en la misma línea y lo atribuye a que “la cultura del ahorro para la jubilación en España sigue siendo predominantemente individualista, con menos peso de los planes colectivos”. Además, opina que “muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, no han encontrado incentivos claros o beneficios para ofrecer estos planes a sus empleados, en parte por la carga administrativa que conllevan y la percepción de que suponen un coste adicional”.

Otra de las causas, a su juicio, es que “en otros países donde estos planes tienen más éxito, existe una mayor concienciación sobre la importancia de la planificación a largo plazo y una mayor implicación de las empresas en el bienestar financiero de sus empleados”.

Para impulsar los planes de pensiones en el marco de la negociación colectiva, el Gobierno ha creado un macrofondo compuesto por planes de pensiones de empleo de promoción pública con el que también pretende facilitar el ahorro complementario para la jubilación a cerca de 10 millones de trabajadores de pymes, empleados públicos y autónomos y dar estabilidad al actual modelo de previsión social complementaria.

Otro de sus objetivos es multiplicar por cinco el dinero acumulado en planes de pensiones de empresa hasta llegar a los 300.000 millones euros, objetivo que aún no ha conseguido.

Respecto a su eficacia, Enrique Devesa señala que “se ha confiado mucho en la nueva regulación de los planes de empleo y hay que darles un tiempo para que arranquen, pero yo no confío mucho en que tengan un éxito como el que se les suponía”.

Sergio Ortega incide en que “de momento, no parecen haber cumplido las expectativas ni que se hayan convertido aún en una alternativa real a los planes de pensiones individuales”. Añade que “no en vano esta misma semana hemos visto cómo se han aprobado nuevas reformas con la intención de impulsarlos”.

Por su parte, Casares reconoce que “la iniciativa es interesante porque busca fomentar el ahorro para la jubilación de aquellos que, hasta ahora, no tienen acceso a planes de pensiones de empleo. Esto podría ayudar a mejorar las tasas de ahorro para la jubilación entre los trabajadores que tienen menor acceso a este tipo de productos, como los autónomos y los empleados de pequeñas empresas”.

Sin embargo, reconoce que la implementación y la aceptación de estos fondos dependerá de cómo se estructuren los incentivos fiscales y de la colaboración efectiva entre el sector público y privado. Además, “para que estos fondos sean realmente útiles, es fundamental que se promueva una mayor educación financiera entre los trabajadores”.