UGT denuncia el incumplimiento del derecho a la vivienda ante el Comité Europeo de Derechos Sociales

El sindicato UGT ha presentado una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa contra el Reino de España por incumplir la Carta Social Europea. La demanda, basada en el artículo 31 de la Carta, establece que toda persona tiene derecho a una vivienda digna, un principio que, según el sindicato, no se está garantizando en el país.

Durante una rueda de prensa, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, junto con otros líderes del sindicato, anunció la reclamación contra España, que implica no solo al Gobierno central, sino también a las comunidades autónomas y ayuntamientos. “Esta demanda afecta a todas las administraciones competentes en la materia, no solo al Gobierno estatal, y pretende que se reconozca la vivienda como un derecho ejercitable ante las administraciones públicas”, explicó Álvarez.

El líder de UGT fue crítico con la falta de acciones efectivas por parte de los gobiernos para resolver el problema del acceso a la vivienda. Subrayó que, en ciudades como Madrid o Barcelona, los precios de las habitaciones en alquiler han superado los 500 euros mensuales, lo que agrava aún más la situación de los jóvenes y las familias. “Es evidente que no se está haciendo lo suficiente. Los gobiernos tienen la obligación de tomar medidas, cada uno desde sus competencias, para abordar esta situación dramática”, afirmó.

El sindicato también destaca en su reclamación de 64 páginas que España incumple el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a la vivienda. Sin embargo, este derecho ha quedado relegado a ser un principio rector de la política económica y social, sin ser realmente ejecutable. Según el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, la reclamación busca cambiar este paradigma: “Queremos que la vivienda deje de ser una simple política y se convierta en un derecho que se pueda reclamar ante los tribunales”, explicó.

Uno de los aspectos más alarmantes señalados por UGT es la dificultad que enfrentan los jóvenes para emanciparse. Actualmente, dos tercios de las personas entre 18 y 34 años viven aún con sus padres, y solo el 16,3% de los jóvenes entre 16 y 29 años pueden permitirse vivir de manera independiente. Además, la edad media de emancipación en España ha aumentado hasta superar los 31 años. En este sentido, Álvarez insistió en que si el Estado no interviene en el mercado de la vivienda, el país corre el riesgo de generar mayores niveles de pobreza. Según datos de UGT, el alquiler medio en España supera los 950 euros mensuales, lo que, comparado con un salario mínimo de 1.134 euros, provoca que muchos jóvenes deban destinar más del 100% de sus ingresos para poder alquilar una vivienda en algunas zonas.

Pepe Álvarez enfatizó la necesidad de adoptar medidas inmediatas y estructurales para abordar la crisis de vivienda. Entre las propuestas más destacadas se encuentra la intervención estatal en el mercado inmobiliario, respetando los derechos de los pequeños propietarios, pero estableciendo límites a los precios de alquiler para evitar que los ciudadanos queden excluidos de la posibilidad de acceder a una vivienda digna.

Álvarez también sugirió la creación de empresas públicas que gestionen los pisos vacíos y garanticen el alquiler de estos inmuebles, asegurando tanto la renta a los propietarios como el buen estado de las viviendas. “Debe generarse la confianza necesaria para que las viviendas vacías salgan al mercado de alquiler”, defendió. Asimismo, pidió un mayor esfuerzo de las administraciones para liberar suelo y disponer de un parque público de viviendas que permita una solución a largo plazo.

UGT confía en que la reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales prospere, lo que convertiría el derecho a la vivienda en un derecho ejercitable ante los tribunales en caso de incumplimiento por parte de las administraciones públicas. De prosperar, cualquier ciudadano podría acudir a los tribunales si se le niega el acceso a una vivienda digna. Con esta iniciativa, UGT espera no solo crear conciencia sobre la gravedad de la crisis habitacional en España, sino también presionar a las autoridades para que adopten medidas más firmes y eficaces. “Es necesario un gran acuerdo entre las administraciones competentes para resolver el problema de la vivienda y evitar que siga agravándose”, concluyó Álvarez.