Ya han pasado cinco años desde que los restos del dictador Francisco Franco salieron del Valle de los Caídos, el mausoleo que él mismo mandó construir con el trabajo esclavo de presos republicanos y donde permaneció enterrado con honores más de cuarenta años. Un complejo monumental donde, sin embargo, siguen viviendo los 21 monjes benedictinos que deberían haberse marchado en octubre de 2020, fecha en la que quedó extinguido el convenio firmado cinco años antes entre el Gobierno y esta congregación religiosa.
El Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez es consciente de la dificultad de hacer efectiva esa salida y admite que si los monjes no quieren irse será difícil echarlos. Por eso están tratando de conseguir el apoyo del Vaticano, tal y como informaron fuentes del Gobierno en verano, para intentar que esa salida se produzca a finales del próximo 2025, fecha en la que se cumplirán los 50 años de la muerte del dictador.
La lógica con la que trabaja el Gobierno es que si los monjes benedictinos se resisten a salir como hasta ahora, es necesario un acuerdo previo con la Santa Sede para que lo acaten. Una postura que no comparten desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que consideran que lo que hace falta “es voluntad política para echarlos”. “Aquí el Vaticano no tiene nada que hacer, no es el dueño del Valle de los Caídos, es un lugar que pertenece al Estado. El Vaticano puede sacralizar o desacralizar esa basílica, pero la hospedería, que es donde residen los monjes, no es sagrada”, señala a Infobae Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto de un republicano que fue asesinado por el franquismo, que asegura que “lo que hay que hacer para echarlos es decirles que se vayan”.
Este periódico se puso en contacto con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, pero no ha recibido respuesta.
El convenio expiró en 2020
Aún a día de hoy, aclara Silva, esta congregación celebra misas de bienaventuranza “como una forma de rendir homenaje a los caídos por Dios y por España, discriminando entre todas las personas que allí se encuentran enterradas”, a pesar de que lo prohíbe la ley de Memoria Histórica de 2007.
La presencia de la congregación religiosa en el Valle de los Caídos estuvo regulada desde 1958, año en el que se firmó un convenio entre la dictadura franquista y la Abadía Benedictina de Siglos, hasta el 2 de octubre de 2020, ya con la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, explican desde la ARMH. Según esa norma, como el Estado no manifestó su deseo de renovar ese convenio, quedó extinguido el 2 de octubre de hace cuatro años.
La asociación memorialista recuerda que ya 2021 denunciaron a la Fiscalía General del Estado la permanencia ilegal de los monjes en las dependencias del Valle de los Caídos “sin que sirviera de nada”, pues simplemente se trasladó el escrito a Patrimonio Nacional, “en lugar de que sancionara y reestableciera la legalidad”, lamentan. En ese sentido, Silva asegura que el Gobierno debería ser más contundente y dar un plazo a los benedictinos para se marchen y, si no lo cumplen, “tendrían que activar los numerosos mecanismos de los que dispone” para llevarlo a cabo.
A los monjes “no les interesa la basílica”
Silva tiene claro que el mayor interés de los monjes benedictinos no es precisamente la basílica, sino que “lo que hay detrás”. “Ellos son anfitriones de grupos ultracatólicos como son las comunidades neocatecumenales -conocidos como los kikos-, el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, que tienen mucha influencia política y económica, y allí va gente con mucho poder cerca de la Iglesia católica y del fascismo español”, asegura.
De hecho, el pasado mes de septiembre él mismo pudo presenciar, mientras estaba acompañando a un grupo de estudiantes extranjeros para mostrarles el Valle de los Caídos, cómo el abad se bajó del altar para “saludar efusivamente, con un abrazo, a una mujer y era la embajadora de Hungría en Madrid”, la representante del Gobierno ultraderechista de Viktor Orbán. “Utilizan el Valle para ese tipo de actos. Ellos son los anfitriones de la extrema derecha de aquí y de allí”, sostiene.
Resignificar el lugar
La salida de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos, renombrado como Cuelgamuros en octubre de 2022, cuando se aprobó de forma definitiva la Ley de Memoria Democrática, es imprescindible para dar cumplimiento a esa norma y, además, el Gobierno constituyó el pasado mes de julio una comisión interministerial dedicada a la resignificación de este lugar para su transformación en un centro de interpretación.
Y con el objetivo de explicar a la ciudadanía las circunstancias de la construcción del monumento franquista que alberga la mayor fosa común de España, el Gobierno tiene previsto convocar a finales de este año un concurso internacional de ideas para resignificarlo.
Por último, desde la ARMH también lamentan que después de cinco años de que los restos de Franco salieran del Valle de los Caídos para ser trasladados al cementerio de Mingorrubio en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, siga generando gastos a las arcas públicas: concretamente le cuesta al Estado unos 714 euros mensuales entre la seguridad para proteger el mausoleo y la limpieza. “Seguimos pagando con nuestros impuestos la tumba de Franco”, concluye Silva.