Hacienda deja en el aire el impuesto a la banca y las energéticas por la presión de Junts: se escuda en que no dan los números pese a ser un compromiso del Gobierno

Hacienda negocia con los grupos políticos sobre la vigencia de los impuestos que actualmente se aplican a los sectores bancarios y energéticos. A pesar de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, volvió a defender este martes la intención del Ejecutivo de convertir en permanentes estos gravámenes, el departamento que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha dejado congelada la reforma para prorrogarlos en el tiempo, cuando el plazo expira el próximo 31 de diciembre.

Este es un compromiso recogido en el acuerdo de coalición sellado hace un año por PSOE y Sumar. “Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar”, dice el texto acerca de unas figuras tributarias introducidas en 2022, que se aplican sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas del sector energético y la banca.

Pero, a pesar de las presiones del socio minoritario del Ejecutivo para reforzarlos y hacerlos permanentes, la parte socialista baja los brazos y fía la negociación a la dificultad de aunar una mayoría parlamentaria en el Congreso, donde los números no dan. Junts lleva semanas presionando para acabar con el impuesto a las energéticas tras la amenaza de Repsol de llevarse inversiones fuera de España si persiste dicho gravamen.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha señalado este miércoles que su grupo está pendiente de recibir una propuesta del Gobierno sobre la reforma de ese impuesto hasta ahora temporal. “Veremos qué pasa en los próximos días”, ha dicho. En todo caso, ha recalcado que su formación “no facilitará” que se apruebe “nada que ponga en riesgo inversiones que son importantes para Cataluña y, en concreto, para Tarragona”.

Repsol amenazó con “paralizar las inversiones” de 1.100 millones en El Morell (Tarragona) si el impuesto, que actúa sobre los ingresos de 2022 y 2023, se convierte en permanente. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, criticó pretensión del Ejecutivo de prolongar el impuesto al sector energético y la banca, al que califica de “populismo fiscal” que compromete el futuro de España.

Si bien, el propio ministro de Economía ha defendido este impuesto a capa y espada, ya que ha conseguido recaudar una cantidad “sustancial de dinero”, en torno a dos décimas del PIB. En concreto, estos tributos han permitido recaudar en un año cerca de 3.000 millones de euros, “lo que ha ayudado a financiar el escudo social para frenar el impacto de los precios en los hogares y las empresas”. “Y también, ha sido compatible con los mejores resultados de la historia de estas empresas”, dijo el ministro para justificar esta imposición para ambos sectores.

Por otro lado, desde Sumar llevan días apretando al PSOE en este asunto. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, reconoció este lunes que está “muy lejos” de la posición de los socialistas en relación con la política de ingresos públicos y avisó de que su grupo no apoyará las cuentas si Sánchez plantea una propuesta tributaria “regresiva”. “Estamos negociando la parte de la fiscalidad, nos encontramos muy distantes en este momento con el PSOE”, declaró Díaz.

Para Sumar, la posición es “clara”: son necesarios “más ingresos, más justicia social y la permanencia de impuestos que ya hemos conseguido en años anteriores, que tienen que ver con la banca y las energéticas”, añadió la vicepresidenta segunda. En lo que se refiere a estas figuras tributarias, Sumar peleará por hacerlas “permanentes” y reforzarlas, ya que parten de la premisa de que “el avance de los derechos y de un Estado emprendedor se tiene que financiar con un importante refuerzo fiscal”, que a su entender, “debe recaer exclusivamente sobre los hombros de quienes más tienen: las grandes fortunas y los oligopolios”.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, defendió que “los banqueros y los dueños de las energéticas son un pequeñito oligopolio” que “se está forrando” y puede contribuir más a la riqueza nacional porque los trabajadores, las pymes y la clase media ya pagan suficiente.

Por su parte, el PNV reclama que, en caso de que estos impuestos se hagan permanentes, deben pasar a ser gestionados por las Diputaciones forales. El grupo jeltzale recuerda que firmó en diciembre de 2023 un acuerdo para “integrar” los gravámenes a banca y energéticas en el sistema tributario y que sean concertados o convenidos, según corresponda, con capacidad normativa en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra.

Si bien, esta formación, que gobierna en el País Vasco en coalición con el PSOE, ya habla de suavizarlos ante el temor a las consecuencias por parte de Repsol e Iberdrola. En este sentido, el presidente del partido vasco, Andoni Ortuzar, alertó llamó a tener “cuidado” con el impuesto a las compañías energéticas y a los bancos para “no matar a la gallina de los huevos de oro”.