El pleno del Congreso ha vivido este martes una jornada marcada por una inusual alianza entre Sumar y el Partido Popular. El apoyo de la formación liderada por Yolanda Díaz a una propuesta del PP ha permitido que se tome en consideración una iniciativa para que el Parlamento tenga la facultad de autorizar el envío de armas a países extranjeros, como las que se han mandado a Ucrania desde el conflicto bélico con Rusia. Esto supone un distanciamiento temporal de Sumar respecto a su socio de gobierno, el PSOE, que no ha respaldado la medida. Por otro lado, los ‘populares’ han votado a favor de otra propuesta de Sumar sobre cláusulas abusivas en las hipotecas.
La propuesta del PP, que cuenta con precedentes en la Comisión de Defensa y el Senado, busca modificar el artículo 7 de la Ley de la Defensa Nacional. El objetivo es que cualquier envío de material militar a zonas en conflicto, como ha sucedido con Ucrania tras el inicio de la guerra con Rusia, cuente con la autorización previa del Congreso. Además, la iniciativa plantea que las misiones militares en el extranjero tengan una vigencia de cinco años y que cualquier aumento de efectivos por encima del límite inicialmente aprobado deba pasar por la Comisión de Defensa.
Alberto Fabra, diputado del PP, ha defendido la propuesta argumentando que busca adaptar la legislación a los “nuevos desafíos” y garantizar que la participación militar de España sea considerada “un asunto de Estado”, con un mayor protagonismo del poder legislativo.
Enviar de material militar a zonas en conflicto
Aunque Sumar ha apoyado la tramitación de la iniciativa, su portavoz, Agustín Santos, ha señalado que el partido presentará enmiendas, especialmente respecto a los plazos de cinco años para la autorización de misiones militares, calificándolos de “excesivos” y argumentando que “saltan de una legislatura a otra”. Además, Santos no ha escatimado en críticas hacia el PP, recordando la intervención en la guerra de Irak bajo el mandato de José María Aznar y cuestionando la coherencia de los populares en temas de defensa.
Podemos, por su parte, también ha anunciado que presentará enmiendas. El diputado Javier Sánchez Serna ha criticado duramente al PP, llegando a afirmar que Aznar debería ser juzgado como “criminal de guerra”. Además, ha afeado al PP su negativa a apoyar un embargo de armas a Israel, país al que acusó de cometer genocidio.
Vox, por el contrario, ha apoyado la iniciativa del PP. Su diputado Alberto Asarta ha insistido en que lo ocurrido con la guerra de Irak no debe repetirse, pero ha señalado que intentarán mejorar el texto con enmiendas.
José Antonio Rodríguez Salas, del PSOE, ha criticado la repetición de la propuesta por parte del PP, ya que, según él, una iniciativa similar ya está en marcha en el Congreso. En tono irónico, Rodríguez Salas ha insinuado que los populares no conocen el estado de tramitación de sus propias propuestas. “Ya han demostrado que no se leen las enmiendas, y a lo mejor esta propuesta tampoco”, ha sentenciado.
No a los abusos de los bancos
Por otro lado, el Congreso ha admitido a trámite la proposición de ley impulsada por Sumar que busca regular las llamadas cláusulas Redito Ad libitum (REDAL) en los contratos de préstamos y créditos hipotecarios. El objetivo es evitar que familias que hayan firmado hipotecas con cláusulas abusivas sean desahuciadas por no poder afrontar los pagos, como ha asegurado el dirigente de En Comú integrado en Sumar, Félix Alonso, que ha defendido la ley desde la tribuna.
El texto propone ofrecer alternativas para que estas familias puedan mantenerse en sus viviendas hasta el último pago de la hipoteca, siempre y cuando abonen los intereses y amortigüen “un mínimo de un euro al mes”. En ese punto, Alonso detalló que las familias tendrían tres opciones: “Vender la vivienda, devolverla al banco con derecho de tanteo y retracto por parte de la administración para ampliar el parque público, o pagar el total pendiente del préstamo”. Según el diputado, esto beneficiaría tanto a las familias como a los bancos, ya que “la familia no pierde su hogar y el banco sigue recibiendo intereses”.
La iniciativa también abre la posibilidad para que quienes se vean afectados por este tipo de cláusulas renegocien sus contratos con las entidades financieras. “Los bancos deberán implementar un sistema de reclamación específico, que será voluntario para el consumidor, y tendrá como objetivo atender las peticiones dentro del marco de esta ley”, señala el texto.
Alonso recordó que la mayoría de las hipotecas variables firmadas antes de 2011 contienen errores, algo que ya había sido advertido por el Banco de España en 2003. El regulador, a través de sucesivas consultas, ha reiterado que estos contratos deben ser renegociados de manera consensuada entre la familia y la entidad financiera, nunca de forma unilateral. Estas cláusulas, explicó, suelen resultar en deudas que, aunque al principio pueden parecer asumibles, se incrementan con el tiempo hasta volverse insostenibles para muchas familias. La proposición de ley, según fuentes del grupo parlamentario, “corrige la falta de información en los contratos anteriores a 2011″, muchas veces fruto de la mala praxis bancaria, algo confirmado en múltiples sentencias judiciales.
* Con información de EFE y Europa Press
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