Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social están autorizadas desde 1996 para gestionar y pagar la prestación de Incapacidad Temporal (IT) por contingencias comunes (aquellas declaradas como originadas fuera del trabajo) si la empresa lo solicita. Para ello, las mutuas reciben un porcentaje de las cuotas por contingencia común que tanto las empresas como los trabajadores aportan al sistema de la Seguridad Social mensualmente. En los últimos años, el gasto en prestaciones de IT se ha multiplicado más de lo esperado por un aumento sin precedentes de las bajas y ha llevado a que el Gobierno tome la decisión de aumentar la financiación a las mutuas incluso antes de que termine el año 2024.
Así lo recoge el proyecto de orden ministerial que el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones ha sacado a información pública para que los agentes sociales realicen alegaciones hasta el 29 de octubre. Habitualmente, el Gobierno fija la cuota anual en los Presupuestos de cada año, pero ya la reguló en enero mediante una orden ministerial al estar prorrogados los de 2023.
En esta nueva modificación en menos de un año, el Gobierno expone que “se hace necesario un incremento de la fracción de cuota que reciben las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en aras a mantener la adecuada suficiencia económica”. Algo que se debe al “importante incremento que ha sufrido el gasto en prestaciones económicas de incapacidad temporal derivadas de contingencia común, tanto en trabajadores por cuenta ajena, como por cuenta propia”, señala el documento.
La orden establece dos medidas concretas: el incremento de la fracción de cuota hasta el tope máximo del 0,081 (actualmente es el 0,06, aunque puede llegar hasta el 0,075 en algunos casos) y la extensión del mismo régimen de financiación a las prestaciones reconocidas a trabajadores autónomos. Aunque la cuota supone un máximo histórico, no se conoce a cuánto ascienden los ingresos de las mutuas por ese concepto específico, ya que no aparece desglosado en la memoria de impacto normativo, ni tampoco lo facilita el Gobierno en los avances de ejecución presupuestaria. El aumento contrasta con las bajadas aprobadas durante la crisis financiera, cuando el número de procesos por IT y su gasto asociado se desplomaron.
El ministerio es contundente en la justificación de la orden, advirtiendo de que “la modificación proyectada debe tramitarse y aprobarse con urgencia” porque la fracción de la cuota vigente desde enero de este año fue calculada conforme al gasto estimado en IT por contingencias comunes en el año 2021 y desde entonces ha habido un incremento de la incidencia. “Muchas de las mutuas colaboradoras se van a encontrar en situación de insuficiencia financiera, ya que ni la fracción de cuota por contingencias comunes, ni los resultados positivos de la gestión de contingencias profesionales van a permitir hacer frente al gasto de incapacidad temporal por contingencias comunes, lo que compromete seriamente la viabilidad financiera de las mutuas”, explica el documento.
El gasto de las mutuas en prestaciones de IT alcanzó los 6.214 millones entre enero y agosto de 2024, último dato disponible, lo que supone un 19,8% más que en el mismo periodo del año anterior y un 77,5% más que en 2019. De continuar a este ritmo, volverá superará los 8.403 millones de 2023 y quedará lejos de los 5.747 millones que se gastaron en 2019, antes de la pandemia. Este aumento no es algo exclusivo de las mutuas, se replica en las prestaciones que paga directamente el Instituto Nacional de la Seguridad Social y no responde solo a que hay mayor número de trabajadores.
Según los datos del ministerio, la incidencia de la incapacidad temporal por contingencias comunes ha pasado de un 27,7 por cada 1.000 trabajadores en 2019 a un 36,5 en junio de 2024. Aunque la duración media de los procesos también ha aumentado respecto a 2023, llegando a los 37,4 días de media en junio de 2024, es menor que la de 2019 (38,6 días), por no que no se aprecia una tendencia generalizada en ese aspecto, como sí se produce en la cantidad de procesos, que ya han superado el millón.
El Gobierno quiere reducir gastos acortando las bajas
A pesar de que la duración no es lo que ha aumentado significativamente, Seguridad Social y los agentes sociales solo han negociado medidas para acortar el promedio de días que se pasan de baja por una IT de contingencias comunes. En el acuerdo de pensiones de julio de 2024 se estableció una propuesta de convenio marco para que las mutuas puedan contribuir a acelerar los procesos de recuperación en determinadas patologías traumatológicas, aunque siempre con previo consentimiento informado del paciente.
Serán los Servicios Públicos de Salud, cuyos médicos tienen la competencia exclusiva de alta, baja y determinación de la asistencia sanitaria, los que soliciten a las mutuas la realización de las pruebas diagnósticas o los tratamientos rehabilitadores que consideren oportunos. Además, esto solo se podrá realizar en los procesos traumatológicos que superen los “tiempos óptimos de recuperación de la salud previstos por el INSS”. Según figura en el Plan Fiscal enviado a Bruselas, el Gobierno aspira a que la medida tenga un impacto de media décima de PIB, es decir, que ahorre unos 750 millones anuales, cantidad insuficiente para contener el aumento del gasto.
Por ello, Seguridad Social ha planteado en las últimas semanas alguna fórmula de bajas flexibles o reincorporaciones graduales al trabajo, aunque todavía no ha concretado sus intenciones después de la polémica generada. En opinión de los sindicatos, se debería estudiar y actuar con prioridad en las causas detrás del aumento de las bajas, algo para lo que no hay ninguna propuesta específica por el momento.