Majo (María José) se trasladó hace unos años desde Castilla-La Mancha a la Comunidad Valenciana para trabajar como técnica en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). Como muchos otros, acudió en 2021 a la convocatoria de empleo público de la Conselleria de Sanidad. “Toda mi vida he trabajado en la privada y una mañana me desperté y dije ‘basta’ a un trabajo precario. Miré las oposiciones que salían ese año y encontré la Comunidad Valenciana”, explica a Infobae España. A sus 54 años, parecía una señal. “Mi padre trabajó 15 años en Valencia y mi hija estudió y vivió allí, le tengo mucho cariño a esa tierra”, cuenta.
Tras mucho esfuerzo, y sin apenas méritos de la bolsa de empleo, consiguió un resultado que le daría acceso seguro a una plaza en el sistema de salud autonómico. Tres años después, las vacantes convocadas siguen sin adjudicarse y Majo, con poca experiencia en el sector público valenciano, no puede hacer más que encadenar contratos temporales. “Después de trabajar dos meses en verano, estoy en el paro”, confiesa.
En una situación similar se encuentran los más de 50.000 opositores que acudieron a la oferta de empleo público en el año 2021: médicos, enfermeros, veterinarios, celadores, auxiliares administrativos... todos esperan la resolución de más de 600 procesos de adjudicación de plazas públicas, ante el silencio de la Conselleria valenciana, derivados de los procesos de Traslados, Concurso-Oposición 2017-18 y 19, Concurso de méritos 2022 y Concurso de méritos 2023. Los afectados, aglutinados en la Plataforma Sanitarios Sin Plaza, exigen que se tomen medidas inmediatas para acelerar los procesos selectivos.
“No sabemos ni cuántas plazas van a salir por departamento”, afirma Raquel, TCAE y portavoz de la plataforma. Esta incertidumbre ha hecho que muchos dejen su vida paralizada, a la espera de saber cuándo y sobre todo dónde conseguirán un puesto de trabajo. “Tengo compañeras que quieren ser madres o someterse a una reproducción asistida y lo están dejando pasar, pero ya llevan cuatro años”, lamenta. “El simple hecho de compara una casa se complica. ¿Dónde voy a tener la plaza? ¿Me van a dar una hipoteca encadenando contratos temporales? Y aunque me la den, ¿acabaré aquí mis días profesionales o a 50 kilómetros de donde vivo?”, se pregunta la sanitaria.
Una estabilidad que no llega: “Necesito saber dónde voy a estar”
Tanto Raquel como sus compañeros, defiende la portavoz, tienen “todo el derecho a tener estabilidad” después de haberse “currado una plaza”, pero siguen encadenando contratos temporales que no solucionan sus problemas. A Cynthia, otra de las afectadas, esta situación se le juntó con la maternidad: “He ido danzando de un sitio a otro incluso estando embarazada, con la incertidumbre de ver si iba a poder cobrar mi baja de maternidad, porque no tenía ni vacante”, explica.
Estando ya de 34 semanas consiguió un puesto de trabajo temporal, en un centro de salud, pero que le dificulta la conciliación con su pareja. “Tengo dos niños pequeños y a mí me interesa tener mi puesto de trabajo, que me he ganado sacándome una oposición, en un turno rotativo, puesto que mi pareja también va a turno rodado”, señala.
Mapi también se conforma con lo que encuentra, pese a haber aprobado su oposición como TCAE. “De los siete años que llevo trabajando, tres son de espera para la resolución de la OPE”, asegura. El contrato que ha conseguido es de turno fijo, por las mañanas, pero tiene que cuidar de su padre, enfermo de Alzhéimer, y ni el sueldo ni el horario se lo permiten. “Tengo una ansiedad tremenda, yo necesito saber dónde voy a estar y dónde voy a permanecer durante un largo tiempo. Porque en estos siete años habré estado en unos diez sitios distintos”, explica.
La plataforma ha remitido múltiples quejas a la Conselleria de Sanidad pero siempre obtienen la misma respuesta: paciencia. Ellos se comprometen a tener los procesos resueltos antes del 31 de diciembre, tal y como exige la Ley de Interinidad, “pero es que quedan más de 600 procesos en sus diferentes fases por solucionar”, recuerda Raquel, lo que además podría afectar a los fondos europeos Next Generation. Una de las condiciones para recibirlos era reducir la tasa de temporalidad en el empleo público “por debajo del 8%”, pero el porcentaje se acerca más al 30%.
“Sabemos que no van a llegar”, insiste la sanitaria, por lo que han pedido que, por lo menos, les faciliten un calendario en el que se especifique cuándo podrán acceder a sus plazas.