Cuidado con hacerse ‘chuletas’: el país en el que puedes ir a la cárcel por copiar en un examen

Son muchas las leyes curiosas que se aplican en el mundo y que son desconocidas para la inmensa mayoría de personas. Una de ellas es la que castiga con pena de cárcel a quienes copian en un examen. Y es que existe un país en el que hacer trampas durante una prueba teórica puede salir muy caro, por lo que conviene pensárselo dos veces antes de hacerse una chuleta. Aunque son muchos los que tienen la tentación de llevar a cabo una acción cuya ética moral es cuestionable, sobre todo cuando no se ha estudiado lo suficiente, en un lugar del planeta esto puede tener consecuencias muy graves.

En los últimos años, el avance de las nuevas tecnologías ha hecho que surjan técnicas de lo más sorprendentes para copiar en los exámenes. Esto, a su vez, ha provocado que los profesores y quienes se ocupan de supervisar estas pruebas intensifiquen su control sobre los estudiantes para evitar que se realicen estas acciones. Aunque lo cierto es que las consecuencias no son igual de severas en todos los países. Por ejemplo, en el caso de Bangladesh, los alumnos de más de 15 años a los que se pille copiando se exponen a que se les condene a penas de cárcel.

En buena parte de los países del mundo, hacer trampas en un examen no es delito. Lo habitual es que, si los profesores se dan cuenta, suspendan al alumno, le impidan volver a presentarse durante el curso o, incluso, lo expulsen de clase durante unos días. Pero en Estados como Bangladesh van más allá con el objetivo de que los estudiantes teman plagiar, engañar o sacar apuntes o ‘chuletas’ cuando hacen un test.

En Bangladesh, uno de los primeros países en penalizar las trampas en los exámenes, las personas mayores de 15 años que sean sorprendidas copiando, alterando notas o filtrando preguntas pueden enfrentar penas de hasta diez años de prisión, según la gravedad de la infracción. Esta medida está basada en una ley aprobada en 1992, que no solo sanciona a quienes hacen trampa, sino también a quienes les ayudan. Los profesores que filtren preguntas o modifiquen calificaciones de manera indebida pueden recibir la misma condena.

En otros países, como China y Taiwán, también se castigan este tipo de prácticas, aunque con penas menos severas. En el caso de Bangladesh, la ley es particularmente estricta, y durante las épocas de exámenes, las autoridades y los medios de comunicación realizan campañas para advertir sobre la seriedad de estas infracciones. Las sanciones varían entre cinco y diez años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito.

Bangladesh no es el único país que penaliza hacer trampas en los exámenes. En otras regiones asiáticas, como Hong Kong, China y Taiwán, también se castiga con penas de cárcel, aunque más leves, de hasta siete años. En África, Egipto aplica sanciones de entre dos y siete años de prisión a quienes impriman, publiquen o difundan las preguntas o respuestas de exámenes, tipificando estas acciones como delito. Además, los infractores pueden enfrentar multas de hasta 45.000 euros, según la gravedad del caso.

En India, aunque no existe una ley específica que penalice copiar en los exámenes, ha habido detenciones relacionadas con fraudes académicos. Un caso destacado es el de Ruby Rai, una estudiante de 17 años de la región de Bihar, quien obtuvo la calificación más alta en el examen de Humanidades en 2016. Tras descubrirse el engaño, tanto ella como otros 13 estudiantes fueron detenidos. Este suceso ocurrió un año después de que cerca de 300 personas fueran arrestadas y otras 700 expulsadas por un escándalo de copia masiva en el mismo estado.

En España, la mayoría de las universidades optan por suspender a los estudiantes que son sorprendidos copiando en los exámenes. Sin embargo, algunas instituciones adoptan medidas más severas, como la expulsión temporal o la pérdida de futuras convocatorias para los alumnos implicados.

Aunque no es ilegal comercializar dispositivos que podrían facilitar el fraude en los exámenes, como los auriculares invisibles, siempre que se declare la actividad económica, existen situaciones en las que estas prácticas podrían constituir un delito. Es el caso de la suplantación de identidad o el robo del examen. Asimismo, realizar un test previamente y luego presentarlo como propio también puede considerarse una falsificación y, por tanto, ser objeto de sanciones legales.