¿Por qué el Gobierno le paga la sanidad privada a los funcionarios?

La supervivencia de la mutualidad de los funcionarios civiles del Estado (Muface) todavía sigue en el aire. El Gobierno ha anunciado la renovación del concierto para el bienio 2025-2026 con una subida de la prima del 17,12%, una mejora de la oferta inicial (14%) y “la mayor de la historia desde que existen registros homologables”, aseguran, pero todavía muy lejos del 40% que pedían las aseguradoras.

El importe final del contrato es de 3.217,9 millones de euros con un presupuesto de licitación sin impuestos de 2.681,6 millones (1.337 millones para 2025 y 1.344 millones para 2026), según los pliegos publicados en la plataforma de contratación del sector público. Un alza que el sector ha considerado insuficiente para dejar de incurrir en pérdidas. Por el momento, las compañías tienen hasta el 5 de noviembre para presentar sus ofertas, pero queda en duda si las aseguradoras querrán participar y seguir dando cobertura a 1,5 millones de funcionarios.

Las empresas implicadas denuncian desde hace años la infrafinanciación del sistema y aseguran que acumulan pérdidas de 200 millones de euros anuales al participar en el convenio. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) calcula que el gasto real que asumen por ciudadano es de 1.608 euros, un dinero que los tres mil millones de euros ofrecidos por el Gobierno no llegarían a cubrir.

Muface no es la única mutualidad que opera en el sector público: el Gobierno también ha lanzado licitación de los conciertos sanitarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y la Mutualidad General Judicial (Mugeju) para 2025 y 2026. Para estos sistemas, ha publicado un presupuesto base de 1.201 y 175 millones de euros, respectivamente.

La atención mediática y el resalte de las cifras monetarias involucradas ha hecho que muchos se pregunten por qué existe este sistema de financiación para los trabajadores públicos. Mientras unos auguran el “colapso total de la [sanidad] pública” de desaparecer Muface, otros defienden suprimir el sistema y aseguran que el Sistema Nacional de Salud sería capaz de absorber a los miles de trabajadores públicos y sus familiares sin mayor esfuerzo.

La historia de las mutualidades como régimen de protección de los funcionarios podría remontarse hasta la Edad Media, pero el sistema actual tiene sus raíces en los años 40, según explica el Muface en su página web. Los trabajadores públicos tenían carencias importantes en la asistencia sanitaria y la cobertura de la jubilación, motivos que hicieron resurgir las mutualidades para crear prestaciones de jubilación, y supervivencia.

Con la Ley de Mutualidades de 1941, estas entidades se convirtieron en corporaciones de derecho público fuera de la Administración del Estado que daban cobertura a algunos cuerpos funcionariales a distintos niveles. No fue hasta 1963, con la promulgación de la Ley de Bases de la Seguridad Social, cuando se establecieron estos regímenes especiales para los trabajadores públicos del Estado, de Justicia, militares, de Administración Institucional y de Administración Local.

La acción mutual, por entonces dispersa, fragmentada y desigual, fue aglomerada en Muface (mutualidad de los funcionarios civiles del Estado) con la ley 29/1975 de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. Con ella, surgieron también el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).

“Aunque ahora resulte difícil de imaginar, el colectivo de empleados públicos no disponía en aquel momento de un sistema unificado de Seguridad Social, aparte de que el 90% del colectivo presentaba una asistencia sanitaria deficiente, muy inferior a la del resto de los ciudadanos”, se justifica el propio Muface en su página web. Pero es una situación que a día de hoy no se mantiene.

El sector de las aseguradoras defiende la necesidad de mantener el sistema de Muface, que actualmente da cobertura a 1,5 millones de funcionarios y sus familiares. Según un estudio realizado por la Cátedra Extraordinaria de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, patrocinado por la propia ASPE, calculó en febrero de 2024 que las mutualidades le ahorran más de mil millones de euros cada año a las arcas públicas, cerca de 600 euros por mutualista. Esto es posible, según explicó uno de los autores en un comunicado, a que el Estado solo repercute alrededor de un 50 % de la subida de los costes sanitarios a las aseguradoras privadas que dan cobertura a los mutualistas.

Otros, en cambio, han sido más críticos con el sistema y denuncian, por ejemplo, que las aseguradoras desvían a la pública los casos sanitarios de mayor coste. Así lo evidenció un estudio de a Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que señaló que la prevalencia de las enfermedades oncológicas era “desproporcionadamente” mayor entre los funcionarios mutualistas que en los que no lo son. Para los investigadores, era una “prueba indirecta” de que las entidades privadas evitaban tratar a los pacientes de mayor coste, como son los enfermos de cáncer.

Para el propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, “si construyéramos un sistema desde cero, sería incomprensible que los empleados públicos no fueran atendidos en el sistema público”. Padilla aseguró en el Congreso de los Diputados que la existencia de estas mutualidades era un “perjuicio” para los funcionarios, “de manera que en aras de la libertad de elección se les hurta el nivel asistencial que más capacidad tiene para aportar a su salud”. Podría ser que los empleados públicos empiecen a compartir esta mentalidad: si bien todavía el 70% opta por el seguro privado de Muface, el número de funcionarios que se decantan por la pública ha crecido un 66% desde el 2013, de 276.005 a 457.307 en 2023.