El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles y las medidas llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez han “agravado” la situación, opina Paloma Martín Martín, senadora del Partido Popular, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible y diputada de la Asamblea de Madrid. Considera que el Gobierno está “fuera de la realidad” en materia de vivienda y no está planteando la respuesta “seria y urgente” que se necesita para solucionar el problema. Al contrario, argumenta que la Ley de Vivienda, aprobada por el Gobierno en 2023, ha desplegado unos “efectos perversos, ha estrangulado el mercado y protege al ‘okupa’ más que al propietario”. Incide en que demoniza a los propietarios y los enfrenta con los inquilinos y eso, a su juicio, “es un enorme fallo”.
Pregunta: El acceso a la vivienda es uno de los problemas que más preocupa a los españoles después de que los precios de compra y de alquiler se hayan disparado hasta alcanzar máximos históricos. ¿Tenemos problema para rato?
Respuesta: Es demoledor. Estamos en una situación crítica. Se requieren soluciones con carácter de urgencia porque tenemos los precios de alquiler más altos que nunca y si no se da un cambio radical a la política de vivienda, esto va a tender a agravarse. No porque lo digamos nosotros, que lo decimos, sino porque lo señalan todos los expertos. Falta vivienda y la demanda sigue creciendo. Si se están construyendo 100.000 viviendas al año y la demanda de creación de nuevos hogares está entre 200.000 y 275.000, atendiendo a los datos oficiales que publica el Banco de España, significa que hay un déficit de vivienda anual que tenemos que ir corrigiendo, y solo se va a poder corregir si se entiende que es necesario construir más vivienda y, sobre todo, construir vivienda asequible dirigida a jóvenes y a familias a un precio por debajo del mercado.
P.: Para solventar el problema de la vivienda, el Gobierno aprobó en 2023 la Ley de Vivienda. ¿Cómo la valora?
R: Es una ley profundamente intervencionista que establece el control de los precios. Ha generado una inseguridad jurídica que el Gobierno tenía la obligación de conocer de antemano, porque todos los informes previos a la aprobación de la ley ya decían que intervenir el mercado iba a restringir la oferta, que se iban a retirar casas del mercado del alquiler y que, por lo tanto, se iban a incrementar los precios. Es una ley que ha conseguido estrangular el mercado de la vivienda y que, además, está protegiendo a los ‘okupas’ y a los ‘inquiokupas’ más que a los propietarios. Ha desplegado unos efectos absolutamente perversos. Por eso, nosotros lo primero que proponemos es que se deroguen los aspectos más lesivos de la Ley de Vivienda.
P.: No obstante, la declaración de zonas tensionadas para frenar el precio del alquiler ha funcionado en Cataluña, abaratando las rentas entre un 3% y un 5%, según ha informado el gobierno catalán.
R: Hay que escuchar lo que está diciendo la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona. Ha dicho que esta reducción se debe a un efecto estacional, que en los meses en los que se ha hecho el estudio tiende a reducirse el precio del alquiler. Pero, además, ha puesto de manifiesto que el mercado se está agotando, es decir, que siguen sacándose pisos del mercado del alquiler, por lo que hay menos oferta y, por lo tanto, es difícil controlar los precios. Es más, los portales inmobiliarios que gestionan ofertas reales señalan que siguen disminuyendo los pisos en renta, lo que aumenta los precios del alquiler.
P.: La Ley de Vivienda del Gobierno recoge medidas que ustedes incluyen en un proyecto de ley de vivienda que están ultimando, entre ellas, la construcción de viviendas a precios asequibles tanto de compra como de alquiler. ¿Por qué es tan difícil que el Gobierno y el principal partido de la oposición lleguen a un acuerdo para solucionar el problema de la vivienda, como piden los ciudadanos? ¿En España se está politizando el tema de la vivienda?
R: El Partido Popular lleva en su programa electoral un pacto de Estado por la vivienda. Somos los primeros que decimos que necesitamos ponernos de acuerdo y buscar soluciones urgentes. Pero el Gobierno ha elegido quiénes son sus socios en materia de vivienda, y son Podemos, Sumar, EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya. Ya nos gustaría que el Gobierno tuviera un sentido de Estado, pero carece de él. Son incapaces hasta de llegar a un acuerdo con sus socios de Gobierno. Hay que tener en cuenta que lo que sucedió en la manifestación por el derecho a la vivienda que se celebró en Madrid el domingo 13 de octubre fue algo inédito. El Gobierno manifestándose contra el Gobierno. Vimos a miembros de Sumar y a ex ministros del Partido Socialista que salieron a la calle a protestar contra la falta de vivienda, es decir, a protestar contra los seis años de inacción del Gobierno de Sánchez. Están compitiendo por la radicalidad. Están buscando quién es más populista, quién lanza el exabrupto más alto y quién consigue poner encima de la mesa una medida que siga destruyendo la oferta de vivienda en renta.
Están equivocados en el diagnóstico y, desde luego, están equivocados en sus propuestas, que tienden a intervenir el mercado, a efectuar un mayor control de los precios, a perseguir a los propietarios y a proteger a los ‘okupas’, cuando lo que deben hacer es proteger a los propietarios. La mayoría son pequeños ahorradores que han dedicado los ahorros de toda una vida a comprar un piso, ponerlo en alquiler y tener así un complemento a su pensión. Y ahora se ven amenazados por este Gobierno populista que compite entre los propios socios del Gobierno para ver quién tiene la idea y la propuesta más populista.
P.: ¿Qué tendría que hacer el Gobierno? ¿Qué cambios tendría que adoptar para acercar posturas con el Partido Popular en materia de vivienda y entre todos encontrar una solución a un problema que afecta a miles de ciudadanos?
R: En primer lugar, derogar aquellos aspectos de la Ley de Vivienda que suponen la intervención del mercado y el control de los alquileres. En segundo lugar, luchar contra la ocupación. No puede el ‘okupa’ tener más derechos que el propietario. Tiene que ser desalojado en 24 horas para que los pequeños ahorradores puedan recuperar su piso lo antes posible. Y en tercer lugar, organizar una mesa en la que quepan todos los expertos para hacer un análisis certero y diseñar las estrategias adecuadas para revertir la situación en la que estamos. Necesitamos que se construyan viviendas, necesitamos que se rehabiliten y lo que no necesitamos son dogmatismos ideológicos o propuestas trasnochadas.
P.: ¿Ve factible un acuerdo sobre la vivienda entre los distintos partidos políticos y las distintas administraciones para encontrar una solución?
R: Nosotros no entendemos cómo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, arremete contra las comunidades autónomas, amenazándolas con que si no declaran zonas de mercado tensionado recibirán menos presupuesto del Plan Estatal de Vivienda para desarrollar políticas de vivienda. Además, Castilla-la Mancha, Navarra y Asturias, las tres comunidades gobernadas por el PSOE, no han declarado zonas de mercado tensionado. Lo hacen en cumplimiento de la ley porque es potestativo, pero si no lo han declarado es porque tienen la firme convicción de que intervenir el mercado del alquiler lo único que produce es que se reduzca la oferta y suban los precios. Cuando hay menos casas para alquilar, y más caras, los primeros que sufren las consecuencias son los jóvenes. Por lo tanto, el Gobierno lo que debe hacer es diseñar propuestas y poner en marcha grandes obras para construir las viviendas que se necesitan.
P.: Parece que los acuerdos entre los distintos partidos políticos y las distintas administraciones funcionan como se ha visto en Madrid con la Operación Campamento, en la que el Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid han colaborado para impulsar la construcción de 10.700 viviendas a precio asequible. ¿Esta colaboración puede ser parte de la solución al problema de vivienda en España?
R: El Gobierno tiene que ejercer sus competencias. A él le corresponde desarrollar la política de vivienda. Lo que sucede es que está desaparecido de los temas de vivienda, dando bandazos y sin un proyecto claro. El Gobierno, a través del SEPES, es uno de los mayores tenedores de suelo de España y, a través de la Sareb, uno de los mayores propietarios de vivienda del país. Por lo tanto, a él le corresponde impulsar esa línea de colaboración con las distintas administraciones. Me preocupa que la ministra haya dicho que la mayor operación de construcción de vivienda asequible en España en estos próximos años va a ser Campamento, donde solo entran 10.700 viviendas. ¿Dónde están el resto hasta las 183.000 viviendas que lleva seis años prometiendo Pedro Sánchez? Si considera que 10.700 viviendas es su mayor esfuerzo y su mayor aportación, ¿qué ocurre con el resto? El Gobierno está fuera de la realidad, no está planteando una respuesta seria y urgente al problema de la vivienda que hay en España. Sin embargo, en el Partido Popular tenemos propuestas y las estamos presentando en nuestro Plan de Vivienda con una importante reforma legislativa que viene a dar seguridad al propietario y a fomentar la construcción y la rehabilitación de viviendas para que se disminuya ese gap que hay entre la construcción anual de viviendas y la composición de nuevos hogares.
P.: El proyecto de Ley sobre Vivienda que está ultimando el PP, ¿qué propuestas incluye respecto al suelo?
R: Nuestro proyecto es una ley absolutamente reformista que está orientada a desatar todos los nudos que están estrangulando el mercado de la vivienda. El primero de ellos es el suelo, la materia prima sobre la que se construye la vivienda. Para eso, proponemos que las administraciones públicas, los tres niveles de la Administración, pongan suelo a disposición de la construcción de vivienda asequible. Es un modelo que ya hemos desarrollado en comunidades autónomas donde gobernamos, como Madrid, Andalucía o Valencia, a través de los conocidos como Plan Vive. Entendemos que hay que dar esa respuesta inmediata para generar viviendas que son necesarias.
P.: Respecto al suelo, el Gobierno pretendía modificar la ley del suelo, pero el PP, junto a otros partidos, no apoyó la propuesta. ¿Por qué?
R: Nosotros sabemos que es necesaria y urgente una reforma de la Ley del Suelo, lo que sucede es que la que presentó el Gobierno era una reforma coja que dejaba muchos asuntos fundamentales sin resolver para dar un vuelco a la situación de vivienda en España. Además, no tuvo la capacidad de sumar a sus socios de Gobierno y a sus socios parlamentarios y, por lo tanto, el Gobierno se vio en la necesidad de retirar el proyecto de reforma de la Ley del Suelo. Luego lo presentó de nuevo en el Congreso el Grupo Socialista y una vez más retiró su firma de esa proposición de ley. Por lo tanto, a día de hoy no hay en el Gobierno ni una propuesta del Consejo de Ministros ni una propuesta del Grupo Socialista para reformar la Ley del Suelo. Nosotros, en nuestra propuesta de reforma, incluimos también la ley del suelo, porque sabemos que es urgente y necesaria.
P.: También proponen reducir trabas, plazos y trámites administrativos para agilizar la construcción de viviendas.
R: Sí. Es muy importante reducir las trabas administrativas y dar seguridad jurídica. Si hay algo que ahuyenta la inversión es precisamente que no haya confianza en el Gobierno, que no haya seguridad jurídica en las leyes que están vigentes y, sobre todo, que la tramitación administrativa sea un infierno burocrático. Por eso nos proponemos también, en esa amplia reforma, reducir los trámites administrativos y dar seguridad jurídica para que los planeamientos y las ordenaciones territoriales que se hacen a través de los municipios puedan tener esa estabilidad y esa seguridad y no sean anulados años después por los tribunales, simplemente porque les faltaba un informe o haya tenido en la propia tramitación un fallo que puede considerarse menor o que puede subsanarse. Eso es algo que para nosotros es clave.
P.: Otro de los puntos de la propuesta es acabar con la ocupación.
R: Nuestra reforma también va orientada a luchar contra la ocupación. Nosotros protegemos al inquilino que cumple con sus obligaciones, al propietario que pone su casa en alquiler y también protegemos a las familias vulnerables, pero no cargando su necesidad sobre las espaldas de los propietarios, sino a través de los servicios públicos. Lo que no se puede hacer es proteger a los ‘okupas’, a los que están cometiendo delitos y faltas ocupando una vivienda, a los que hacen dejación de sus funciones. Se ha producido en España un desequilibrio entre el propietario y el inquilino, que está agudizado por el Gobierno. El Gobierno se está encargando de enfrentar al propietario con el inquilino, y eso es un enorme fallo, porque si no conseguimos un equilibrio entre ambas partes que dé tranquilidad al propietario y la certeza de que no se pasará meses o años peleando en los tribunales por recuperar su vivienda, no pondrá esa vivienda en alquiler.
Tenemos que buscar esa forma de equilibrar la balanza. Si los propietarios deciden no poner sus pisos en alquiler, quienes lo sufren son los inquilinos, porque si hay menos oferta, los precios se disparan. Por lo tanto, no hay que enfrentar al propietario con el inquilino. Esa ruptura que ha conseguido el Gobierno está destruyendo la esperanza de muchos jóvenes que ven cómo para alquilar les piden nóminas imposibles de alcanzar y que tienen que pasar un casting con el casero como si estuvieran en el proceso de selección de un puesto de trabajo.
P.: Su partido reivindica la tramitación de la ley ‘antiokupación’, que recoge el desalojo de los ‘okupas’ en 24 horas. ¿La ‘okupación’ sigue siendo un tema vital, en su opinión, cuando, según datos del Ministerio del Interior, las infracciones penales relacionadas con ‘okupas’ cayeron el año pasado un 8,8%?
R: Que se produzcan cada año entre 15.000 y 17.000 delitos y faltas relacionados con la ‘okupación’ no puede despreciarse. Hay más de 80.000 viviendas ocupadas en este momento en España, es decir, 80.000 propietarios que tienen que peregrinar por los juzgados para recuperar su legítima posesión. No se puede proteger al ‘okupa’ más que al propietario. No se puede permitir que haya personas que con intereses absolutamente espurios entren en una vivienda cometiendo delitos y faltas y se queden en ella. Tiene que haber una respuesta inmediata. Este Gobierno ha dado todos los pasos posibles para proteger al ‘okupa’ y para demonizar al propietario. Por lo tanto, no es de recibo que quieran minimizar el problema de la ‘okupación’. Esto, en otros países europeos y fuera de Europa no se comprende. Cuando se comete un delito hay que actuar de manera urgente. Por eso nosotros proponemos desalojar en 24 horas y agravar las penas no solo de los ‘okupas’, sino también de aquellos que incitan a la ‘okupación’, aquellos que sacan videos de cómo ocupar una vivienda, porque la inseguridad no puede campar a sus anchas. Además, los que más sufren la ‘okupación’ son los barrios de rentas medias y bajas, lo que provoca también problemas de convivencia en la comunidad de vecinos y de inseguridad en los barrios. Por lo tanto, nosotros queremos llevar esa seguridad a los legítimos propietarios, a las comunidades de vecinos y a los barrios.
P.: Como me comentaba, el gran problema de la vivienda en España se produce por los precios disparados tanto en la compra como en el alquiler de vivienda. ¿Qué influencia han tenido los conocidos como fondos buitre en la subida de estos precios? ¿Siguen tensionándolos?
R: El Gobierno, en su deriva populista, en unas ocasiones arremete contra los bancos, otras veces contra las energéticas o, incluso, contra los grandes supermercados. Ahora está arremetiendo contra los fondos de inversión que en muchas ocasiones llegan a coger un edificio que está en situación prácticamente de ruina y lo rehabilitan y lo ponen a disposición del mercado, alquilando o vendiendo esas viviendas. No tiene ningún sentido que el Gobierno busque permanentemente el enfrentamiento de los propietarios con los inquilinos, y de los inversores contra un modelo suyo que es intervencionismo puro del mercado. Cada uno tiene su rol.
Lo que es cierto es que si no se invierte en vivienda, si no hay promotores que construyan, si no hay fondos que inviertan en la rehabilitación de vivienda, seguiremos teniendo un déficit de vivienda enorme. Detrás de la construcción hay empleos y detrás de los empleos hay familias, personas que se dedican a trabajar de forma honrada para poder construir y que esas viviendas sean una realidad. Y estamos hablando de profesionales de muchos perfiles: el trabajador de la construcción, el fontanero, el que produce el cemento, el que fabrica el ladrillo... Es decir, hay una industria asociada a la construcción de vivienda detrás de la cual hay familias como tú y como yo que trabajan. Por ello no se puede demonizar a un sector, no se puede hablar de ladrillazo, porque detrás de la construcción de una vivienda hay empleos, hay familia y hay ilusiones de personas que quieren comprar una vivienda o alquilarla y el Gobierno no puede arrancar los sueños a toda una generación.
P.: ¿Para la mayoría de jóvenes y no tan jóvenes es una utopía comprar ahora una vivienda?
R: A los jóvenes les están diciendo que ya tienen inaccesible la compra de una vivienda. En nuestra generación, todos aspirábamos a poder comprar una. Ahora, ¿cuántos jóvenes piensan en la posibilidad real de comprarse una vivienda? Nosotros queremos devolver la ilusión a esos jóvenes, decirles que sí, que pueden tener en su horizonte como objetivo comprarse una casa, ser propietarios. Tenemos que facilitarles esa compra y el alquiler de vivienda. Por eso, desde el Partido Popular tenemos propuestas para construir viviendas a precios asequibles y para facilitar a los jóvenes la compra de esa vivienda, con avales para las hipotecas y para los alquileres, porque gobernar de otra forma es posible. Frente al dogmatismo, nosotros nos ceñimos a propuestas que se ha demostrado que funcionan y han sido exitosas donde se han aplicado. Por lo tanto, frente a esa crítica dogmática del Gobierno, nosotros ponemos encima de la mesa todos los informes que han generado el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional o FEDEA, en los que hablan del modelo adecuado para generar vivienda asequible.
P.: ¿Por qué en España se construye tan poca vivienda social, sobre todo después del estallido de la burbuja inmobiliaria?
R: En España se ha producido desde el año 2009 una caída en la construcción que afecta a todos los tipos de vivienda. Y este freno se ha producido, fundamentalmente, por trabas burocráticas, por falta de seguridad jurídica, por un marco normativo inadecuado, que se ha visto agravado, sobre todo en estos últimos años, con la intervención del mercado que ha hecho el Gobierno de España. Ya en 2022 estableció el control de los alquileres, diciendo a qué precio se podían regularizar las rentas. Lo hizo en 2023 pactando con Bildu y en 2024 lo incluyó en la Ley de Vivienda. Cuando tú intervienes el mercado, estás aplicando unas medidas que ya se han demostrado fracasadas donde se han puesto en marcha, como en Alemania, Francia o Suecia. También en Cataluña ya hubo una regulación específica en el año 2021 que arrojó como resultado la disminución de la oferta y el encarecimiento de los precios del alquiler. Es más, Cataluña, en concreto Barcelona, tiene el precio de alquiler más alto de toda España.
P.: ¿Qué supone para usted, como política que lleva el tema de vivienda, ver la manifestación celebrada el 13 de octubre en Madrid con ciudadanos pidiendo alquileres justos y acabar con la especulación en la vivienda?
R: Lo que vimos fue al Gobierno manifestándose contra el Gobierno. Ahí había personas de Sumar, de Podemos y del propio Partido Socialista. Es decir, que ellos mismos se manifiestan contra la gestión que ellos llevan haciendo desde hace seis años. Es bastante inaudito. ¿Y a qué lo atribuyo? A que están compitiendo en esa deriva populista. Están compitiendo en la radicalidad y lo que no hay es un proyecto serio ni unas soluciones encima de la mesa que den respuesta a la necesidad de vivienda.
P.: Sí, pero más allá de los partidos políticos, me refería a cómo asume usted como política responsable de la vivienda en su partido las demandas de los ciudadanos que se manifestaron impotentes ante la imposibilidad de acceder a una vivienda.
R: Yo comprendo la preocupación de esos ciudadanos porque es la preocupación de todos nosotros. Los alquileres están prohibitivos. Las personas jóvenes cada vez se emancipan más tarde, se tienen que quedar en casa de sus padres más allá de los 30 años porque no pueden alquilar un piso. El que tiene la ilusión de comprar una casa lo ve absolutamente inaccesible. La vivienda se ha convertido en España en un bien de lujo, debido a que cuando hay ideas equivocadas que se llevan a la práctica, las consecuencias son devastadoras. Y eso es lo que estamos viendo en el mercado de la vivienda. Por eso, a esas personas jóvenes, a esas familias, sí que queremos lanzarles un mensaje de que hay otra forma de hacer las cosas. El Gobierno, siendo uno de los mayores titulares de suelo y de viviendas de España, prometió hace seis años 183.000 viviendas. ¿Dónde están? Son promesas incumplidas, son sueños rotos. Por lo tanto, yo comprendo esa preocupación y lo que nosotros proponemos son ideas para revertir esa situación y por eso exigimos al Gobierno que tome las riendas, que convoque una mesa por la vivienda donde estén los expertos y que pongan ya de forma inmediata soluciones al problema.
P.: Desde muchos sectores, constructores, promotores, inquilinos, expertos... se pide un pacto de Estado en materia de vivienda. ¿Está de acuerdo con ello? ¿Qué tendría que tener a su juicio este pacto?
R: Primero, colaboración entre todas las administraciones implicadas y que la ministra, en vez de arremeter contra las comunidades autónomas, se siente con ellas a dialogar. Segundo, marcar un enfoque normativo y de cambios legislativos importantes orientados a favorecer la construcción de vivienda. Tercero, atender a lo que dicen los expertos, dejar la ideología a un lado y centrarse en los informes técnicos. Huir de las experiencias que se han demostrado fallidas y buscar aquellas que son modelos de éxito para desarrollarlas. Se necesita apertura de miras. Se necesita dejar a un lado el dogmatismo ideológico, analizar de forma certera todos los informes, que hay muchos y muy importantes, donde señalan el camino adecuado para solventar este problema y ponerse a trabajar. Para todo ello, hay que tener ganas de resolver los problemas alejándose del populismo.
P.: ¿Se puede mejorar el acceso a la vivienda en España a corto o medio plazo?
R: Si se cambian de rumbo las actuales políticas de la vivienda, sí.