Cuando la salud mental de los presos depende de una ONG: “La institución no da abasto”

Manuel Trabado Herrera tiene claro que el objetivo de una ONG debe ser trabajar con la población vulnerable y, para él, nadie encaja mejor en esa descripción que la población reclusa. “La gente que está en prisión es la gente más olvidada”, asegura el delegado de la ONG Solidaridad Enfermera, en una conversación con Infobae España. Desde inicios de octubre, su equipo acude al centro penitenciario de Albolote (Granada), donde desarrolla un programa para reclusos con trastornos mentales graves.

Entre los aproximadamente 1.300 internos que allí residen, se calcula que alrededor de 40 sufre algún problema de este tipo. “Hay pocos centros que tengan tantos trastornos mentales graves dentro”, asegura José Joaquín Antón Basanta, médico y presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP).

Trabado trabaja desde el 2005 con problemas de salud mental y ha comenzado junto a otros tres enfermeros voluntarios un programa para atender las necesidades de este centro penitenciario. Durante dos horas semanales, tratan a un pequeño grupo de presos y, a través de actividades físicas, mentales y sociales, ofrecen recursos de ayuda al control emocional, el trabajo en equipo y el refuerzo de la autoestima.

El proyecto de estos sanitarios, sin embargo, apenas dará atención a una quincena de personas. “Son iniciativas extraordinarias que serían necesarias en todas las prisiones, pero desgraciadamente no es así”, lamenta Antón Basanta. Con una ratio de 0,2 psiquiatras por cada 1.000 reclusos, muchos de los internos españoles comenzarán y terminarán su condena sin un tratamiento acorde a sus enfermedades mentales.

Un informe de la SESP y la Sociedad Española de Psiquiatría Legal (SEPL) mostró en 2023 que un 34,8% de las personas internas en prisiones españolas ha sido diagnosticada alguna vez de un trastorno mental o emocional, y un 32,2% ha tenido ideas suicidas. De ellos, más del 60% ha intentado suicidarse, pero “la institución [penitenciaria] no da abasto” para atenderlos a todos, asegura Antón Basanta.

Ello se debe, en gran parte, a las condiciones del personal sanitario en las prisiones. “No hay psiquiatras de plantilla”, explica el médico, algo que no le extraña porque dentro del sistema penitenciario se gana menos dinero. En el año 2003, los servicios sanitarios autonómicos deberían haber integrado la atención penitenciaria, pero tan solo Cataluña, País Vasco y Navarra han llevado a cabo este procedimiento. “Somos una especie de gueto fuera, una sanidad que proporciona el Ministerio del Interior”, aclara. Esto supone que queden fuera de todos aquellos complementos que disfrutan los médicos de los sistemas sanitarios autonómicos.

Así, gran parte de la atención que reciben los presos termina por depender de psiquiatras consultores que acuden a los centros una vez por semana, o de asociaciones sin ánimo de lucro que ofrecen sus servicios.

En los casos más complejos, pueden acabar internos en uno de los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios que existen en España, en Alicante y en Sevilla, pero tampoco suponen la solución más adecuada. “El sistema lo que hace es desarraigarlos de su entorno”, critica Antón Basanta. “No tiene ningún sentido que una persona que tiene esquizofrenia y que en un delirio ha cometido un delito tenga que cumplir [condena] en Alicante cuando su entorno comunitario, donde se le debe tratar y estabilizar, está en Tenerife o en A Coruña”, añade.

Esta falta de atención tiene sus riesgos, alerta el médico: “Si salen de prisión y no han sido correctamente estabilizados, volverán otra vez”.

Los enfermeros solidarios acuden cada jueves al módulo especializado para tratar trastornos mentales graves en una población “que puede ser complicada”, reconoce Trabado Herrera. Esto conlleva una serie de retos para los sanitarios, que trabajan en un medio desconocido para ellos. “Hasta que consigamos entender, aceptar y movernos dentro del medio de prisiones, para nosotros es un reto”, asegura el enfermero, a lo que se une “la desconfianza de los reclusos”.

Pese a que se trata de una actividad voluntaria en la que notan interés, la prisión “es un medio en el que todos tienen que ser fuertes, en el que no pueden mostrar debilidad”, lo que dificulta el desarrollo de la atención. Y es que “si en la sociedad ‘libre’ existe una estigmatización del enfermo mental, en prisiones no iba a ser de otra forma”, expresa.

“Tienen sus necesidades cubiertas, pero no son un grupo cohesionado. Son un grupo de reclusos que están metidos en el mismo espacio. Lo que tenemos que crear es un ambiente en el cual se sientan relajados y empiecen a hacer grupo, eso sería ideal”, añade el sanitario. Trabado es optimista, pero reconoce que una de las grandes limitaciones del proyecto es el tiempo. “Lo ideal sería poder hacer la actividad al menos dos días por semana, pero nos faltan voluntarios”, lamenta.

Por el momento, las primeras impresiones, tanto del personal penitenciario como de los participantes, son positivas. “Mi objetivo es acompañarlo desde ahora hasta mucho después de que salga de prisión, porque si no, sé que esa reinserción que queremos es muy difícil que se produzca”, concluye.