La UE avala los “experimentos” con la migración irregular: desde suspender temporalmente el derecho de asilo hasta enviar barcos a Albania y Uganda

La ‘doctrina Meloni’ divide a la Unión Europea sobre qué hoja de ruta seguir para abordar la crisis migratoria. Al tiempo que países como España, Francia o Bélgica abogan por adelantar la entrada en vigor del pacto migratorio, que ya fue acordado y que no arrancará hasta 2026, cada vez son más los países que proponen “ideas innovadoras” —así las llamó la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen— para agilizar los permisos de asilo.

El gesto más claro de esta división ha sido la “cumbre paralela sobre migración” liderada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y previa a la celebración del Consejo Europeo, donde varios líderes nacionales presionaron al Ejecutivo comunitario para externalizar la política migratoria. La reunión ha contado con la presencia de otros diez países, entre los que se encontraban los líderes de Dinamarca, Países Bajos, Austria, Chipre, Polonia, Hungría, República Checa, Malta, Eslovaquia, además de la propia Comisión Europea.

Las conclusiones que deja la reunión entre los líderes de los Veintisiete evidencian que muchos de los tabúes que existían sobre migración han desaparecido: “Los migrantes necesitan protección, somos conscientes, pero no es necesario que esa protección sea en Europa, sino que puede ser en países terceros seguros”, rezaba en un comunicado la dirigente germana.

Otras naciones se han propuesto estudiar nuevas medidas similares. El alemán Olaf Scholz, socialdemócrata, instituyó el pasado verano controles fronterizos para bloquear el paso a los inmigrantes indocumentados que cruzaran a Alemania, una decisión que se tomó después de que un hombre sirio apuñalara a 11 personas y matara a tres. Otros seis países, entre ellos Italia, Francia y Austria, han introducido también controles fronterizos.

Polonia, uno de los que han dicho ‘no’ al pacto migratorio, ha decidido ir más lejos y anunció, una semana antes de la reunión, que suspendería temporalmente el derecho de asilo de los migrantes que crucen por la frontera de Bielorrusia. El primer ministro Donald Tusk advirtió que combatiría la migración con “todos los instrumentos legales”. Y ‘punto’ para Varsovia. No solo recibió el aval de Bruselas, sino que sus palabras fueron recogidas en la resolución conjunta: “Rusia y Bielorrusia, u otro país, no puede permitir abusar de sus valores, incluidos el derecho de asilo”, dice el escrito. “He logrado lo que quería lograr”, afirmó al terminar la reunión Tusk. “Polonia no puede estar ni estará indefensa”.

Dificultar las solicitudes de asilo no es algo nuevo en Europa. Otro de los miembros conflictivos, Hungría, ha puesto trabas desde 2015 a esas peticiones en su país gracias a una reforma legal que persigue a las ONG que ayuden a los migrantes. No es tampoco ningún secreto que la policía húngara suele llevar a cabo “devoluciones en caliente” hacia Serbia, un país no comunitario que considera “seguro” para pedir asilo político.

Pero Budapest y Varsovia han dejado de ser ‘los malos’. El relato que defiende ahora la Comisión afirma que la migración instrumentalizada requiere de “medidas apropiadas” y “todos los medios disponibles”. Por eso ha abierto la puerta a los centros de deportación externos a países “seguros”. El mismo argumento que utilizaba Orbán. La UE es consciente de que la legislación actual no le permite actuar de manera comunitaria, pero eso no quiere decir que cada país no pueda imponer sus medidas.

Italia puso en marcha el envío de barcos militares con migrantes —16 hombres originarios de Bangladesh y Egipto— rumbo a Albania. Este viernes comenzaron a arribar al puerto de Shengjin. Primero para llevar a cabo una identificación, y después para ser enviados a un segundo centro en una antigua base militar en Gjader. Pero el ‘plan Meloni’ ha recibido un primer varapalo judicial. Después de una sentencia emitida por un tribunal italiano, los migrantes fueron sacados este sábado del centro de retención de Gjadër y llevados a Italia en un barco de la Guardia Costera. Ahora serán trasladados a un centro de acogida de solicitantes de asilo en el área de la ciudad de Bari, según ha informado la cadena de televisión pública RAI.

Aún queda por ver cómo se resolverá el conflicto judicial con el Gobierno italiano, ya que Meloni ha asegurado que seguirá con el acuerdo con Tirana. De reojo mira ahora Países Bajos, que ha anunciado que “estudiará” un plan para deportar a Uganda a los solicitantes de asilo de países africanos que hayan agotado todas las vías legales. El Gobierno de Uganda ya ha afirmado que no se opone a la idea y recibirá una compensación financiera a cambio.

Las devoluciones en caliente han sido una obsesión histórica de otros países como Reino Unido. En los últimos años, el Gobierno del que fue primer ministro Rishi Sunak insistió en la idea de la deportación a Ruanda. El ‘plan Ruanda’ establecía que todo solicitante de asilo que haya ingresado de manera ilegal al Reino Unido después del 1 de enero de 2022 podría ser enviado a Ruanda, donde sus peticiones de refugio serían evaluadas.

Si se aprueban, las personas deportadas recibirían el estatus de refugiados y se les permitiría residir en el país centroafricano, avalado por el Parlamento británico como “país seguro”. Sin embargo, Ruanda, que hace 30 años fue el escenario de un genocidio, ha sido objeto de críticas por las organizaciones de derechos humanos por su escasa calidad democrática. En esta iniciativa, la administración conservadora llegó a contemplar la deportación a países latinoamericanos. Con el cambio de administración en Reino Unido y la llegada al poder del laborista Keir Starmer, el ‘plan Ruanda’ está ahora en el aire.

España es el país que lidera la oposición a estas medidas. “Lo digo claramente: nosotros no estamos a favor de ese tipo de fórmulas. [...] No atajan ninguno de los problemas y crean otros nuevos”, ha recalcado Sánchez. Una posición a la que por ahora solo se ha unido Bélgica: “La historia ha demostrado que estas soluciones no aportan muchos resultados”, afirmó la primer ministro belga, Alexander de Croo.

“El vergonzoso giro radical de la Comisión Europea sobre los centros de retorno y otras medidas denominadas como ‘vías innovadoras’ para combatir la migración resultan sumamente alarmantes”, ha manifestado en un comunicado Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas. “Durante años, la Comisión ha eludido responder a los Estados miembros que desprecian flagrantemente el derecho tanto internacional como de la UE sobre asilo, y ahora parece dispuesta a promover sus propias propuestas, que son incompatibles con los derechos humanos y el derecho internacional”, ha sentenciado.

“Los gobiernos saben que los intentos de enviar a personas, sin garantías procesales, a países con los que no tienen relación son ilegales, inviables y económicamente costosos”, ha continuado. Esos programas, añade, han dado lugar a violaciones catastróficas de derechos humanos, al tiempo que han tenido un impacto ruinoso en las personas solicitantes de asilo.