Cuáles son los documentos del 23-F que todavía no están desclasificados

Podemos forzará un debate sobre la necesidad de desclasificar toda la documentación vinculada al intento después de que haya salido a la luz el audio del rey emérito en el que celebra que el general Armada guardara silencio tras salir de la cárcel

El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, accede al Congreso de los Diputados durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno, para llevar a cabo el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981.

“¡Quieto todo el mundo!”. Con esta frase que ha pasado a la historia y la pistola que dirigió varios tiros al techo, el entonces teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, protagonizaba un Golpe de Estado, el 23 de febrero de 1981. Aunque los tanques salieron a las calles de Valencia por orden del teniente general Jaime Milans del Bosch, que declaró el estado de excepción en la región y que otros militares como el general Luis Torres Rojas y el comandante Ricardo Pardo Zancada intentaron que se sumasen al golpe las fuerzas de la División Acorazada Brunete asegurando el control de puntos estratégicos de Madrid, el golpe no prosperó.

Después llegó el juicio ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, que se saldó el 3 de junio de 1982. Tejero y Milans del Bosch fueron condenados a 30 años de cárcel; y otras 28 personas recibieron penas de entre un año de suspensión de empleo y 6 años de prisión. El Tribunal Supremo aumentó en 1983 las condenas: de 5 a 10 años para el coronel Diego Ibáñez Inglés (colaborador de Milans en Valencia); de 6 a 12 para Torres Rojas y Pardo Zancada; y de 6 a 30 para Armada. Pero las codenas no llegaron a cumplirse porque aquellos que habían intentado acabar con un incipiente y deseada democracia se beneficiaron de indultos. De hecho, en 1996 Tejero abandonaba la carcel. Pero eso no es todo.

Podemos pide desclasificar toda la información

Hay mucho más, pero está oculto gracias a la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en 1968 y modificada solo de forma parcial antes de la aprobación de la Constitución. En su artículo 2, esta ley establece que son “materias clasificadas” los asuntos, documentos o informaciones “cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”. Con este amparo, los españoles no tienen acceso a la historia de su país. Sin embargo, a la luz de las conversaciones entre el Juan Carlos I y Bárbara Rey que ha publicado OkDiario en las últimas semanas, Podemos forzará un debate con el Gobierno sobre la necesidad de desclasificar toda la documentación vinculada al intento, ya que en uno de los audios el rey emérito celebra que el general Armada haya guardado silencio sobre el 23-F: “Me río, cariño, me río de Alfonso Armada. Siete años de cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra”. Para algunos políticos, estas palabras levantan sospechas sobre el papel del rey en el 23-F.

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Para Podemos es “de extrema gravedad” que una persona “tan cercana” al anterior jefe del Estado, condenada por participar en un intento de Golpe de Estado, “haya guardado alguna información con conocimiento del Jefe de Estado y que le afecte en torno a estos sucesos”.

Por todo ello quiere que el Gobierno haga pública toda la documentación obrante en su poder sobre el intento de golpe de Estado del 23-F. Podemos tiene registrada una proposición de ley con la misma exigencia pero, con la interpelación el miércoles, ya se garantiza que el Pleno pueda pronunciarse al respecto la semana siguiente cuando se vote la moción correspondiente.

Qué información está clasificada

La información que piden sacar a la luz se encuentra en el depósito acorazado del Tribunal Supremo, que conserva el sumario del juicio del 23F, donde se incluye 89 legajos que contienen las declaraciones de los procesados, la investigación y también grabaciones de aquella noche conservadas en cintas de casete.

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