“La huelga de alquileres será eficaz si se organiza barrio a barrio y es masiva”: la abogada que ofrece asesoramiento gratis explica qué es la desobediencia civil

La multitudinaria manifestación del pasado 13 de octubre por el derecho a la vivienda en Madrid, que fue convocada por más de 30 organizaciones sociales, no solo sirvió para reclamar una bajada del 50% en los precios del alquiler, sino para caminar hacia una huelga en la que los inquilinos dejen de pagar las rentas. Ese era el objetivo final de la movilización que desbordó las calles del centro de la capital, pero desde el Sindicato de Inquilinas advierten de que la iniciativa solo tendrá éxito si se lleva a cabo “de forma masiva y organizada”, ya que dejar de pagar el alquiler en señal de protesta no está amparado como derecho en la legislación española y, por lo tanto, podría tener consecuencias legales para quienes incurran en esta práctica, como reclamaciones judiciales o incluso desahucios.

La abogada Aina Díaz, quien hace unos días se ofreció en su perfil de la red social X a asesorar gratis a quien decida sumarse a esa huelga de alquileres, aclara que se trata en realidad de “un movimiento de desobediencia civil” y, por lo tanto, “para que sea masiva y efectiva” requiere de una organización por barrios en cada ciudad. “Mi asesoramiento pro bono es tanto para la gente que se vaya a reunir para saber si pueden y si quieren ser desobedientes como para quienes ya lo hayan sido”, explica en conversación con Infobae España. Díaz recuerda que una huelga sin apoyo social “está condenada al fracaso”.

La letrada, que tilda de “errática” la política de vivienda impulsada por el PSOE al considerar que “favorece a la especulación y al rentismo en lugar de regularizar los alquileres”, recomienda a quienes quieran sumarse a la huelga que primero tengan en cuenta “quién es el casero”. Y es que no es lo mismo que sea un particular que alquila un piso a un precio razonable a que el propietario sea un fondo de inversión que acumula cientos de viviendas o que exista un contrato de intermediación inmobiliaria con los que las empresas cobran seguros, y eso repercute en los inquilinos.

“La huelga no es para perjudicar a pequeños propietarios, sino a quienes se están beneficiando de la especulación, pues se trata de una medida de presión social hacia esas grandes empresas y agencias intermediarias. La huelga es para conseguir que quienes tienen que cambiar las normas, ya sea a nivel local, autonómico o estatal, se sienten y digan que hay que hacer algo. Pero para ello se necesita una organización social fortísima, porque si solo se van a presentar demandas en una ciudad, no va a servir”, insiste.

La abogada también deja claro que su ofrecimiento de asesorar gratis en la red social X es para que “el desobediente civil lo sea con conciencia de lo que está haciendo” y se pueda sumar a la huelga de alquileres “sabiendo cuáles van a ser las consecuencias”, ya que los propietarios pueden ejercer la acción de lanzamiento y el inquilino se puede quedar sin vivienda.

“Habrá gente que se encuentra en una situación de precariedad laboral tan complicada que ya ha dejado de pagar el alquiler y entonces, en vez de una acción individual de impago por vulnerabilidad, se puede asesorar como desobediente con un colchón colectivo. Esa es la desobediencia civil que hay que explicar y a lo que me refería cuando hablo de asesoramiento pro bono, pues si esto se organiza, al igual que hubo abogados que se sumaron a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o Stop Desahucios [cuando estalló la crisis inmobiliaria de 2008 para informar y evitar esos desalojos], los abogados estarán ahí dando apoyo y aconsejándote cuál es la mejor opción con tu contrato”, explica.

Ante las críticas que ha recibido en la red social tras su ofrecimiento a asesorar gratis, la abogada asegura que no lo está haciendo para que se pueda delinquir, sino para que “salga bien esta campaña” que busca hacer cumplir el artículo 47 de la Constitución, que establece el derecho a una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de establecer las normas pertinentes para hacerlo efectivo. “La individualidad aquí no sirve, hay que declararse desobediente dentro de un movimiento social para poder presionar al Gobierno y que haya cambios legislativos. Por eso se debe organizar barrio a barrio en cada ciudad”, insiste.

Díaz considera que para solucionar el problema de la vivienda, el Gobierno debe consensuar las políticas con las comunidades autónomas para eliminar los alquileres especulativos y que se puedan regular los precios, así como declarar zonas tensionadas. También destaca la importancia de se expropien las viviendas vacías a los bancos y fondos buitre para que pueda haber “más oferta que demanda y así bajen los precios”.

De cara a esa huelga de alquileres, de momento el Sindicato de Inquilinas está organizando asambleas para informar a quienes se plantean dejar de pagar la renta, aunque el colectivo todavía no tiene claro cómo se llevará a cabo. No obstante, el sindicato aclara que sí han organizado huelgas de alquiler parciales como la que actualmente mantienen en Madrid un total de 900 inquilinos del Fondo Buitre Azora, “que han dejado de pagar partes del alquiler asociadas a cláusulas abusivas como el pago de un seguro de impago del IBI de la comunidad”, conceptos que corresponden al casero y no al inquilino.

La organización también recuerda que en España ya hubo hace casi 100 años una gran huelga de alquileres. Fue en la Barcelona de 1931, cuando unas 90.000 familias dejaron de pagar sus rentas durante unos meses debido a los precios desproporcionados, mientras sus salarios no subían al mismo ritmo, tal y como está ocurriendo actualmente. Y aunque esta protesta que comenzó en la Barceloneta y que pronto se extendió a otros barrios de la ciudad condal fue duramente reprimida, también sirvió a muchos inquilinos para respirar aliviados un tiempo y negociar rebajas con los propietarios.

La manifestación del pasado 13 de octubre para reivindicar una bajada de precios del alquiler se produjo después de que, en septiembre, el Congreso de los Diputados rechazara tramitar una proposición de ley promovida por organizaciones sociales y de inquilinos para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones. Los siete diputados de Junts votaron en contra en lugar de abstenerse, como habían anunciado, aunque el texto también fue rechazado por el PP, Vox y UPN.