Qué pasa con la deuda de un piso después de un desahucio

Después de un desahucio, la situación de la deuda relacionada con el alquiler impagado puede ser compleja y no se termina automáticamente con la pérdida de la vivienda. Aunque el desahucio pone fin al contrato de arrendamiento y obliga al inquilino a abandonar la propiedad, la deuda acumulada por las mensualidades de alquiler impagadas sigue existiendo y, en muchos casos, el propietario buscará recuperarla.

Cuando un arrendador interpone una demanda de desahucio por impago de alquiler, lo más habitual es que esta no solo incluya la solicitud de desalojo, sino también una reclamación del importe de la deuda acumulada. Esta cantidad suele cubrir los alquileres pendientes, así como los posibles intereses generados y, en algunos casos, los gastos legales asociados al proceso judicial. Una vez que se ha ejecutado el desahucio y el arrendatario ha sido desalojado de la vivienda, la deuda sigue pendiente. Esto significa que el arrendador tiene el derecho de exigir el pago completo de lo adeudado, ya que el desahucio solo resuelve el conflicto de la posesión del inmueble, pero no la obligación de pagar lo que se debe.

Si, tras el desahucio, el inquilino no paga voluntariamente la deuda, el arrendador puede tomar nuevas medidas legales para recuperar el dinero. En concreto, el siguiente paso que suele tomar el propietario es la demanda de ejecución de la deuda. Este procedimiento permite al arrendador solicitar al juzgado la ejecución forzosa, que puede incluir el embargo de bienes del arrendatario.

El embargo puede afectar diversos bienes del deudor, como cuentas bancarias, vehículos, salarios e incluso propiedades, siempre que el inquilino tenga bienes a su nombre y que el valor de estos sea suficiente para cubrir la deuda. El juzgado se encargará de determinar qué bienes pueden ser embargados y ejecutar las órdenes correspondientes.

En caso de que el inquilino no tenga bienes suficientes o no se le pueda embargar ninguna propiedad, el arrendador puede encontrarse con dificultades para recuperar el dinero adeudado. En estos casos, el procedimiento judicial puede no dar lugar al cobro inmediato, pero la deuda seguirá existiendo y estará registrada, pudiendo ser reclamada en el futuro si la situación financiera del inquilino cambia.

Además, el impago de la deuda puede afectar negativamente el historial crediticio del deudor, limitando su acceso a futuros contratos de arrendamiento o préstamos bancarios. El arrendador puede también registrar la deuda en ficheros de morosidad, como ASNEF o RAI, lo que puede tener consecuencias económicas significativas para el inquilino.

Para el arrendatario, la consecuencia más inmediata tras un desahucio y el impago de la deuda es la pérdida de la vivienda. Sin embargo, la carga financiera que queda pendiente puede seguir afectando su situación económica durante años. En muchos casos, los inquilinos desahuciados tienen dificultades para encontrar un nuevo alquiler, especialmente si el arrendador decide incluirlos en registros de morosidad. En el lado del propietario, aunque la ejecución judicial es una herramienta para recuperar la deuda, el proceso puede alargarse en el tiempo y, en algunos casos, los arrendadores no logran recuperar la totalidad del dinero debido a la insolvencia del inquilino.

En algunos casos, tanto el arrendador como el arrendatario pueden llegar a un acuerdo fuera de los tribunales para resolver la deuda. Este tipo de acuerdos suelen incluir planes de pago o la renuncia a parte de la deuda a cambio de un pago parcial. Estos acuerdos pueden ser beneficiosos para ambas partes, ya que evitan los costos adicionales de un juicio prolongado y facilitan una resolución más rápida.