Nuevo choque entre el fiscal general y el Supremo: García Ortiz critica ante el TC que hace un “juicio político” de la amnistía

El choque entre el Tribunal Supremo y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya tiene un nuevo capítulo. En este caso, por la Ley de Amnistía. El responsable del Ministerio Público, ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que rechace la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la citada norma.

En su informe, García Ortiz alega que los magistrados del alto tribunal hacen un “juicio político” del contenido de la ley y su auto tiene defectos de forma, por lo que propone que se inadmita o, en su defecto, se desestime de forma íntegra. El fiscal general explica que la argumentación del Supremo encajaría más en un recurso de inconstitucionalidad dado que los argumentos atacan la decisión política de tramitar la ley.

El informe, de 49 páginas, fue remitido por la Fiscalía al Tribunal Constitucional el pasado martes, un día antes de que el Tribunal Supremo abriera una investigación penal al fiscal general del Estado por la filtración de los correos electrónicos de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Fue el caso de dos condenados por desórdenes públicos agravados el que llevó a la Sala Segunda del alto tribunal a plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía al entender que su aplicación podría ser “contraria a la Constitución” y atentar contra la seguridad jurídica.

Ahora, el informe que firma García Ortiz expone que la cuestión planteada por el alto tribunal es inadmisible por defectos formales pero reconoce que si el TC entra en el fondo “contribuirá de forma netamente positiva a reducir la innegable conflictividad política, social y también jurídica que acompaña a la ley cuestionada”.

Entre esos defectos, a su entender, está que los magistrados no aportan ningún argumento “jurídicamente evaluable” ni “los preceptos constitucionales supuestamente vulnerados”, y afirma que, no obstante, produce “mayor reparo” que el Supremo se refiera al artículo 1 de la norma aprobada cuando “en realidad, de la extensa argumentación del propio auto, se desprende que tal duda -de inconstitucionalidad- no se centra en el concreto contenido y alcance de dicho precepto legal, sino que abiertamente se extiende a la inconstitucionalidad de la citada ley orgánica en sí misma y en su totalidad”.

Para el fiscal general en la cuestión planteada por el alto tribunal “opera directamente un salto lógico del objeto formal sobre el que dice proyectar su duda de constitucionalidad al enjuiciamiento de la ley en sí misma, o incluso de la decisión política de la que trae causa”. Por ese motivo sugiere que ese tipo de argumentación encaja mejor en el recurso de inconstitucionalidad reservado a los propios “actores políticos” dado que son “legítimos representantes de las distintas opciones ideológicas llamadas a asegurar el pluralismo político”.

Asimismo, García Ortiz pone de relieve que el Supremo no haga mención a una duda precisa de la aplicación de la ley al caso concreto por el que fue planteada la cuestión de inconstitucionalidad, “sino que se anuda a un juicio global y abstracto de inconstitucionalidad de la ley en su conjunto”.