Desmantelado un chalet en el que estaban hacinados 60 migrantes explotados laboralmente a los que cobraban 140 euros por el alojamiento

Un total de 48 agentes de la Guardia Civil, con apoyo de drones del Equipo Pegaso, han participado en una operación en la que han sido detenidas tres personas, con edades de entre 44 y 52 años, como presuntas autoras, en diferentes grados de participación, de delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones y omisión del deber de socorro.

Los tres detenidos presuntamente sometían a condiciones de explotación a alrededor de 60 temporeros extranjeros en situación de extrema vulnerabilidad, procedentes del norte de África, quienes habían llegado a La Rioja para trabajar en la campaña de la vendimia. Los migrantes, algunos de ellos en situación irregular, vivían en condiciones insalubres bajo la constante amenaza de perder su único sustento.

La vivienda carecía de una higiene y una ventilación adecuadas y los trabajadores debían pagar entre 120 y 140 euros al mes por dormir en colchones en el suelo. Los agentes también descubrieron que uno de los habitantes de la vivienda, un ciudadano procedente de Senegal, había sido atropellado y agredido por negarse a trabajar en la vendimia por seis euros diarios.

La Operación Espasmo se puso en marcha a finales de septiembre después de que se tuviera conocimiento de que un temporero había sido obligado por su contratante a vivir en una vivienda en Villamediana, durante la temporada de la vendimia.

La gravedad de los hechos llevó a organizar un operativo de vigilancia en el inmueble, un chalet propiedad de una entidad bancaria y ocupado ilegalmente. Durante la operación, los agentes observaron que varias furgonetas salían del inmueble cada mañana cargadas de temporeros, para trasladarlos a varias viñas situadas en Briñas (Álava), Logroño (La Rioja) y Mendavia (Navarra). Los guardias civiles comprobaron que los vehículos realizaban paradas estratégicas y que adoptaban medidas de seguridad para evitar ser seguidos.

Para verificar la situación laboral de los temporeros, los agentes identificaron a los conductores y ocupantes de las furgonetas y registraron el chalet, donde llegaban a pernoctar cerca de 60 trabajadores, la mayoría procedentes del norte de África, 15 de ellos en situación irregular.

Una vez informados de sus derechos laborales, 17 de los temporeros denunciaron las precarias condiciones en las que vivían y trabajaban. Revelaron que cobraban solo ocho euros por hora, que trabajaban jornadas de nueve horas, con un descanso de apenas quince minutos, y que debían pagar cuatro euros diarios por el transporte a las viñas, además de entre 120 y 140 euros mensuales por el alojamiento. También debían abonar las bombonas de butano para cocinar, lo que agravaba aún más su precaria situación.

Una vez recogidas las correspondientes denuncias, se procedió a la detención de los implicados, a la instrucción de las diligencias y a la puesta a disposición de la autoridad judicial de los detenidos.

Los delitos contra los derechos de los trabajadores están tipificados en el Código Penal, específicamente en el artículo 311 y siguientes del Título XV. Estos delitos abarcan acciones que perjudican, suprimen o restringen los derechos laborales establecidos por la ley, según la información proporcionada por un despacho de abogados especializado en derecho penal.

Entre las infracciones más comunes se encuentran la violación de normas de seguridad, la imposición de condiciones laborales ilegales y la falta de inscripción de los trabajadores en la Seguridad Social. Estos actos son considerados delitos cuando son cometidos por personas jurídicas, como empresas o empleadores, que actúan en detrimento de los derechos de los trabajadores.

El Código Penal español clasifica varios tipos de delitos contra los derechos de los trabajadores. Uno de ellos es la imposición de condiciones ilegales en el trabajo, que implica la restricción o supresión de derechos colectivos establecidos en leyes y convenios. Las penas para este delito pueden incluir prisión de seis meses a seis años y multas de seis a doce meses, con agravantes si se emplea violencia o intimidación.

Otro delito es el tráfico ilegal de mano de obra, que se refiere al reclutamiento de trabajadores mediante engaños o falsedades en las ofertas laborales, así como la contratación de trabajadores extranjeros sin los permisos correspondientes. Las sanciones para este delito incluyen prisión de dos a cinco años y multas de seis a doce meses.