¿Quién filtró los correos del novio de Ayuso a los medios de comunicación? 13 horas de llamadas y mensajes para “ganar el relato” y “desmentir un bulo”

13 de marzo de 2024. 21:29 horas. El diario El Mundo publica una información con el siguiente titular: La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso. El caso del novio de la presidenta madrileña acababa de estallar por un presunto fraude fiscal. En ese momento, arrancan 13 horas de llamadas y mensajes en el seno de la Fiscalía que han derivado en la primera imputación de un fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en democracia. El Gobierno ha cerrado filas y ha afirmado que lo defenderá porque lo que quiso fue “desmentir un bulo”.

El auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo relata, a partir de los testimonios de los fiscales implicados, la cronología de los hechos hasta la publicación, la mañana siguiente, de un comunicado de prensa en el que el Ministerio Público desmentía la información publicada por El Mundo, que partía de los correos intercambiados entre el fiscal del caso, Julián Salto, y el abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso.

El fiscal reveló en su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) cómo fue el inicio del salto político del caso. Fue el 8 de marzo, cuando le llamó la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y le informó de que González Amador “tenía un vínculo” con la presidenta madrileña y le pidió copia de la denuncia.

Cinco días después, sobre las 21 horas de ese 13 de marzo, recibió una primera llamada de un teléfono fijo que no contestó. A las 22 horas le llamó alguien quien le dijo a su vez que el fiscal general del Estado la había llamado “preocupado por una noticia en prensa sobre un acuerdo de conformidad”.

García Ortiz le pedía “todos los correos intercambiados” con el abogado de González Amador porque “iban a dar una nota de prensa para desmentir una información que estaba circulando por las redes”. Cumpliendo con las órdenes jerárquicas, Salto reenvió los correos desde su cuenta institucional tanto a la fiscal jefe de Madrid, que se los remitió a García Ortiz, como a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra.

Esta última declaró que en una llamada con el fiscal general del Estado se negó a “asumir” la nota al incluir los datos de las comunicaciones internas entre el fiscal Julián Salto y el abogado del novio de Ayuso. Sin embargo, entendió que García Ortiz le daba una orden: “Hay que sacarla ya”.

Además de las sucesivas llamadas, hubo un cruce de mensajes entre el fiscal general y la fiscal superior de la Comunidad de Madrid la misma mañana del 14 de marzo: “Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo. Es imperativo sacarla. Nos están dejando como mentirosos”. Minutos después, insistió: “Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la Fiscalía es impecable y hay que defenderla”.

García Ortiz asumió la responsabilidad de la nota de prensa, que se envió a los medios de comunicación a las 10:20 horas de esa mañana. Pero en ese comunicado los magistrados del Tribunal Supremo no ven “información indebidamente revelada”, ya que su contenido ya se había hecho público por algunos diarios y emisoras de radio durante la noche y madrugada anterior.

Desde las 23:51 horas, cuando la Cadena SER publicó en primer lugar que era el novio de Ayuso quien ofrecía a la Fiscalía un pacto por el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales, hasta el envío de la nota de prensa, varios medios de comunicación como El Periódico de España, El País o El Plural publicaron información con “citas textuales” de un correo electrónico enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía el 2 de febrero, al que tuvieron acceso. Es en esa filtración donde el Tribunal Supremo ve indicios de delito por el “posible perjuicio al derecho de defensa” del investigado.

Pero cabe recordar que ese email no solo lo tenían en su poder la fiscal jefe de Madrid y el fiscal general del Estado -como subraya el Supremo-, sino al menos una treintena de personas, ya que los correos electrónicos fueron enviados a una cuenta general de todos los fiscales de Delitos Económicos de Madrid. Entonces, ¿quién filtró a los medios de comunicación esos correos horas antes de la nota de prensa?