La Guardia Civil ha intervenido en un comercio del distrito de Ciutat Vella de Barcelona diferente material falsificado entre el que se encontraba una partida de 4.947 preservativos marca durex, 353 encendedores y 6.050 librillos de papel de fumar, todos fabricados en China y Tailandia. Su valor en el mercado podría haber alcanzado los 12.836 euros.
Gracias a la investigación llevada a cabo por la Patrulla de Fiscal y Fronteras (PAFIF) con base en Gavà, los agentes obtuvieron información acerca de la posible llegada de una partida de preservativos falsificados de la conocida marca que no cumplían con los controles de calidad exigidos por la normativa vigente y tras llegar al lugar realizaron la inspección, localizando el cargamento con todos los productos falsos. En el caso ha sido investigada una persona como presunta autora de los delitos contra la propiedad industrial y contra la salud pública.
Desde la propia Guardia Civil avisan que “el uso de este tipo de productos falsificados, que no cumplen con los controles de calidad ni sanitarios establecidos, representa un grave riesgo para la seguridad y la salud de los consumidores”.
Los delitos contra la salud pública
Los delitos contra la salud pública son acciones que ponen en riesgo la salud colectiva, según el Código Penal español. Estos delitos, clasificados como de peligro abstracto, no requieren un daño concreto para ser sancionados, sino que basta con el riesgo potencial que representan para la salud pública. El bien jurídico protegido es la salud pública, un concepto que abarca más que la salud individual de cada persona, aunque también protege la vida y salud de cada individuo.
El Código Penal español, en sus artículos 359 a 378, regula estos delitos dentro del Título XVII, que trata sobre delitos contra la seguridad colectiva y se dividen en dos grandes grupos: los relacionados con el comercio y el tráfico de drogas. Los primeros incluyen la elaboración de sustancias nocivas, la expedición de medicamentos sin autorización, el dopaje deportivo y los fraudes alimentarios. Por otro lado, el tráfico de drogas abarca desde el tráfico de sustancias hasta el de precursores de drogas, con subtipos agravados y atenuados.
En cuanto a las sanciones, además de las penas de prisión, el artículo 372 del Código Penal establece inhabilitaciones especiales para ciertos profesionales que cometan estos delitos en el ejercicio de su cargo. Esto incluye a empresarios, intermediarios financieros, trabajadores sociales, funcionarios públicos y educadores, quienes pueden enfrentar inhabilitaciones de tres a diez años. En casos más graves, como cuando la infracción es cometida por una autoridad, la inhabilitación puede extenderse de diez a veinte años.
El artículo 376 del Código Penal permite la atenuación de penas en ciertos casos, como cuando el infractor abandona voluntariamente sus actividades delictivas o colabora con las autoridades para impedir el delito o identificar a otros responsables. También se contempla una reducción de pena para delincuentes drogodependientes que completen un tratamiento de desintoxicación, siempre que la cantidad de droga involucrada no sea de extrema gravedad.
Es importante destacar que, a diferencia de otros países, en España las acciones relacionadas con la propagación de enfermedades contagiosas no se consideran delitos contra la salud pública, ya que el precepto específico fue eliminado en la reforma del Código Penal de 1995.