Hasta 1.000 euros menos de sueldo al mes: las universidades devolverán a sus investigadores lo que descontaban para pagar la Seguridad Social

El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia favorable para los investigadores posdoctorales Margarita Salas y María Zambrano. Esta ha llegado a raíz de que muchas universidades públicas -todas excepto cuatro- pagaban la cuota patronal de la Seguridad Social con fondos de las convocatorias de los contratos, lo cual repercutía de forma directa en sus sueldos con reducciones de hasta 1.000 euros netos mensuales de lo que cobrarían en un principio.

Esta decisión llega después de que diferentes juzgados de los Tribunales Superiores de Justicia sentenciaran también a favor de estos investigadores, muchos de los cuales vieron cómo el sueldo que se les había ofrecido -y por el que rechazaron otras oportunidades laborales- bajaba entre 600 y 1.000 euros al mes. Una reducción que se debía al pago de una cuota que debían abonar las universidades, no quienes habían firmado estos contratos financiados con fondos de la Unión Europea.

En 2022, cerca de 400.000 personas con estudios superiores habían abandonado España para encontrar trabajos con mejores condiciones, según un estudio realizado por Synergie. Estos números pueden definirse también con otra expresión: fuga de cerebros. La marcha de jóvenes y no tan jóvenes en busca de oportunidades profesionales es un problema para España, que cada año pierde más de 150.000 millones de euros en capital humano por la emigración.

Con tal de frenar esta sangría, el Gobierno lleva años intentando fomentar la movilidad, recualificación y atracción de personal docente e investigador, con unas ayudas que prometían un contrato de duración estable y emolumentos coherentes con los de un investigador posdoctoral. De este modo, el Ministerio por entonces liderado por Manuel Castells lanzó en 2021 los contratos Margarita Salas y María Zambrano.

Los primeros estaban destinados a personas que hubieran acabado su tesis en los dos últimos años. El salario bruto ofrecido era de 3.500 euros al mes para estancias en el extranjero -con la condición de que el último año se volviera a una universidad española-y de 2.800 para quienes quisieran estar en España, con una duración de dos o tres años.

Los contratos María Zambrano, en cambio, iba dirigida a doctores de más experiencia, con 24 meses o más acumulados ya en universidades españolas o extranjeras diferentes de donde se defendió la tesis. Pese a tratarse de una oferta menor en cantidad -menos de la mitad que las anteriores-, el salario era mucho mayor, con una dotación económica de 4.000 euros brutos al mes y una duración de uno a tres años en una universidad pública española.

El Tribunal Supremo ha considerado que, como el dinero para estos contratos, proveniente de la UE, es para las universidades y no directamente para los contratados, es la institución la que debe encargarse del pago a la Seguridad Social. “La sentencia declara que los trabajadores con contratos laborales afectados por el presente conflicto tienen derecho a cobrar, íntegramente”, tal y como explica las Comisiones Obreras, la cantidad neta indicada en un principio.

Del mismo modo, la Sala reconoce así “la competencia jurisdiccional social para temáticas laborales, incluidas las administraciones públicas”, por lo que a partir de ahora sienta un importante precedente en la competencia expresa del Tribunal “en materias en orden a descuentos o retenciones que proceden sobre los salarios”. Los rectorados deberán devolver, además, las retenciones realizadas, algo para lo que han pedido el apoyo económico del Gobierno, por no haber incluido este gasto imprevisto en el presupuesto.