El Gobierno respalda al fiscal general García Ortiz a pesar de su imputación, y carga contra Ayuso y su pareja por “propagar bulos”

“La Fiscalía cumplió con su deber, es decir, perseguir el delito y proteger la verdad. ¿Qué hizo el delincuente confeso? Lo contrario, es decir, perseguir la verdad y proteger el delito. ¿De verdad puede ser delito en este país contar la verdad, desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso, su pareja y su entorno político?”, se ha cuestionado este miércoles el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para defender al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El Ejecutivo ha manifestado su respaldo a “todos los fiscales y funcionarios públicos que dedican su trabajo a perseguir el delito”. “Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad”, ha señalado Bolaños en una comparecencia ante los medios en el Congreso, después de que el Tribunal Supremo imputara a García Ortiz. Esta decisión no tiene precedentes en la democracia recientes, ya que es la primera vez que se abre una investigación penal a un fiscal general del Estado.

El ministro de Justicia, que ha comenzado mostrando su “total respeto” al alto tribunal por la decisión tomada este miércoles, ha respaldado la actuación del fiscal general del Estado en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha confiado en que este asunto “quedará en nada” porque “contar la verdad y desmentir un bulo” no puede ser delito.

Bolaños ha dicho que es importante “hacer pedagogía” y ha explicado la actuación de García Ortiz en un caso que comienza cuando la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconoce que ha cometido dos delitos fiscales y plantea a la Fiscalía un acuerdo para no ingresar en prisión. Una vez aparece esta información publicada en los medios, desde el entorno de Díaz Ayuso se traslada una información “falsa”, señalando que era la Fiscalía la que le estaba ofreciendo un acuerdo.

Después de esto, en sus palabras, el Ministerio Público emitió un comunicado para desmentir esa información y contar la “verdad objetiva”, ha añadido Bolaños. Por tanto, el titular de Justicia cree que la Fiscalía, con García Ortiz al frente, “cumplió con su deber”, y ha dejado claro su “total respaldo” a la labor del fiscal general en este caso y en su actuación persiguiendo el delito.

Previamente a estas declaraciones, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la “profesionalidad y honorabilidad” del fiscal general y ha remarcado que el Ministerio Público “se defendió solo y exclusivamente de una mentira de la señora Ayuso”, ha señalado. La dirigente socialista mantiene que la presidenta de la Comunidad de Madrid mintió al afirmar que la Fiscalía le había ofrecido un pacto a su pareja y que “además, era Hacienda la que le debía dinero”, a pesar de que el propio Alberto González Amador admitió que había cometido “un delito fiscal” y fue su abogado el que solicitó el pacto.

Para el PP, la imputación de García Ortiz es la gota que colma el vaso y exige su dimisión. “Debe dimitir esta misma mañana. Sobran los motivos”, dicen desde Génova, recordando, entre otras razones, que el CGPJ cuestionó su nombramiento calificándolo como “no idóneo” y el Tribunal Supremo sentenció que cometió “desviación de poder” en el ascenso de Dolores Delgado.

En palabras de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, esta figura debe dimitir para no seguir “contaminando” todo el trabajo de la Fiscalía, al tiempo que ha recordado que dirige una institución encargada de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, algo incompatible con estar siendo investigado por el Tribunal Supremo. Su imputación por presunta revelación de secretos “se suma al infinito goteo de corruptelas y anomalías que acechan a este Gobierno y a todo lo que le rodea”, ha subrayado Gamarra.

Pero el fiscal general del Estado ha descartado su dimisión y ha argumentado en un comunicado difundido este martes que su continuidad en el cargo es “lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo”. Además, ha defendido su actuación en un caso en el que “con bulos y falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes”. Asimismo, ha esgrimido que “el ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz”.