Tras la la protesta masiva del pasado domingo en Madrid por el derecho a la vivienda, el Consejo de Ministros aprobaba el pasado martes la tercera convocatoria del Bono Alquiler Joven, no sin crítica desde Sumar, su propio socio de Gobierno. Esta ayuda, dotada con 200 millones de euros y gestionada por las comunidades autónomas, “no está funcionando como se había previsto en el propio acuerdo de gobierno”, según ha verbalizado la diputada de Sumar y portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal. Lo cierto es que, si bien esta ayuda de 250 euros mensuales puede ser un alivio para muchos, también presenta riesgos y posibles efectos negativos que es importante analizar.
Una de las principales críticas al Bono Alquiler Joven es que puede tener un efecto inflacionista sobre el mercado del alquiler. Según expertos, cuando los propietarios saben que los inquilinos tienen más capacidad de pago gracias a las ayudas, suelen aumentar los precios del alquiler. Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, afirmó en una conversación con eldiario.es que, en situaciones donde la oferta de vivienda es limitada, los arrendadores tienen poder sobre el mercado y pueden capturar parte de las ayudas al aumentar las rentas. Esto genera un efecto adverso, donde la ayuda que busca aliviar la carga del alquiler termina subiendo los precios para todos, no solo para quienes reciben el bono.
Acceso limitado y escasa efectividad
Pese a que el Bono Alquiler Joven está dirigido a jóvenes que buscan emanciparse, su alcance es muy limitado. Datos de Provivienda y otras entidades muestran que solo ha llegado a un 0,6% de los menores de 35 años, lo que indica que el bono no está beneficiando a una parte significativa de la población joven. Además, uno de los requisitos para acceder al bono es tener ya un contrato de alquiler firmado, lo que excluye a jóvenes que todavía no han podido emanciparse por falta de ingresos o por los elevados precios del mercado.Se han destinado 200 millones de euros al bono, pero esto puede resultar insuficiente para atender a todos los solicitantes. Esto dejaría fuera a muchos jóvenes que cumplen los requisitos, pero que no llegan a recibir la ayuda porque los fondos se agotan con rapidez.
El bono, en teoría, debería ayudar a los jóvenes a emanciparse, pero la realidad es que solo un 17% de los jóvenes en España está emancipado actualmente, según datos de Provivienda. Esto plantea una crítica a la estructura del bono, ya que no actúa como una herramienta eficaz para facilitar la emancipación, sino más bien para sostener a quienes ya están alquilando. Este aspecto lo convierte en un apoyo limitado y poco eficaz a la hora de abordar el problema de acceso a la vivienda para la población joven.
Expertos en vivienda, como Gema Gallardo, directora de Provivienda, sugieren que las ayudas al alquiler deberían gestionarse a través de programas públicos de intermediación en el mercado de alquiler. Esto permitiría a las administraciones controlar mejor los precios y evitar subidas abusivas, además de ofrecer garantías tanto a los propietarios como a los inquilinos. Este modelo, ya en uso en algunos programas locales, podría ser más efectivo para proteger a los jóvenes que buscan alquilar una vivienda sin incrementar la presión inflacionista sobre el mercado.