Banco Santander y Blackstone quieren desahuciar a una mujer de 84 años que avaló con su casa a un familiar y ahora su nieta trata de impedirlo

A Alba Cortina, una joven valenciana de 25 años, no le resulta fácil conciliar el sueño desde hace tiempo. De hecho, tiene una pesadilla recurrente y es que su abuela Mila, una mujer de 84 años que siempre ha vivido en la misma casa familiar y ahora está en riesgo de ser desahuciada por un fondo buitre, se suicida. Sabe que solo es un mal sueño, pero los estragos que esa amenaza de desalojo están generando en la salud mental y física de su abuela son reales, por eso ha decidido hacer todo lo posible por ayudarla y hace apenas unos días creó un crowdfunding con el objetivo de reunir 30.000 euros para evitar que la echen de su hogar.

Fue el padre de Mila quien décadas atrás compró en Burjassot, Valencia, la casa en la que hoy sigue viviendo. Aquí ha visto, cuenta su nieta, cómo las fábricas de seda se convertían en edificios porque la población que llegaba al municipio no dejaba de crecer o cómo desaparecían las casas de campo para dar paso a un campus universitario, y “es raro el día en el que no saluda cinco veces por la calle, porque aquí está su entorno, su rutina y todas sus relaciones”.

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Desde hace años, sin embargo, Mila vive una situación complicada, concretamente desde 2007, cuando decidió avalar con su casa a un familiar que iba a abrir un negocio, pero el proyecto quebró y perdió la vivienda a pesar de que la familia trató por todos los medios de que no ocurriera. “La mayor parte de mi familia fue embargada y ya entonces el banco se quedó con una casa familiar donde veraneábamos en el pueblo de Olocau. Pero lo que más nos preocupaba era la casa de mi abuela, que con tanto esfuerzo había comprado su padre”, cuenta Alba a Infobae España.

Como no pudieron saldar la deuda, el Banco Santander se quedó con la vivienda y después pasó a manos de la inmobiliaria Aliseda, una empresa conjunta de esta entidad bancaria y el fondo de inversión estadounidense Blackstone, que actualmente es el mayor casero de España. En 2017, “tras muchos años de incertidumbre y angustia”, la familia de Alba consiguió un contrato de alquiler social de cinco años de duración, por lo que en 2022 “regresó la pesadilla”, si bien lograron renovar por otro año más. El hecho de que la inmobiliaria enviara después unos documentos de forma errónea les dio otro año más de tiempo, explica.

La familia ha propuesto a la inmobiliaria que suba el precio del alquiler social que paga Mila mensualmente, pero se han negado, “ya que si lo modifican, tienen que redactar un contrato nuevo” que le permitiría quedarse al menos otros cinco años más, tal y como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La opción que les han ofrecido es comprarla por unos 70.000 euros. “Solo les interesa venderlo”, sostiene Alba, que ante esta situación ha decidido recaudar fondos a través de la plataforma GoFundMe para evitar el desalojo. De momento, lleva recaudado algo más de 3.000 euros.

“En estos dos últimos años mi abuela me ha dicho que no quiere vivir, que prefiere irse a estar sufriendo de esta manera, por eso tengo pesadillas con que se suicida. Mi abuela, que toma medicación para la depresión y la ansiedad y tiene un 65% de discapacidad, tampoco puede dormir y pasa muchas noches en el sofá viendo la tele, ya no tiene edad para pasar por todo esto”, lamenta Alba, quien explica que este mes de octubre termina la renovación anual del alquiler y Aliseda le ha vuelto a exigir entregar el piso vacío y las llaves. Consciente de que son muchas las personas afectadas por los desahucios en toda España, cree que en los casos tanto de personas mayores como vulnerables “deberían estar directamente prohibidos”.

Y es que aunque los desahucios cada vez ocupan menos espacio televisivo y se hayan convertido en un fenómeno silencioso, desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos advierten de que se siguen produciendo a diario a pesar de que Real Decreto 11/2020, por el que se adoptaron medidas en el ámbito social y económico para hacer frente al covid, establece la obligación de los grandes tenedores de ofrecer alquileres sociales en caso de vulnerabilidad sobrevenida, y pese a que en mayo el Gobierno prorrogó cuatro años más la suspensión de los desahucios hipotecarios de la vivienda habitual para deudores en situación de vulnerabilidad. En muchas ocasiones se debe a que los requisitos de vulnerabilidad económica que se deben acreditar para paralizarlos son demasiado exigentes y no todas las personas afectadas pueden cumplirlos. A esto se suma que el proceso de desahucio no se suspende inmediatamente en caso de que se acrediten los requisitos fijados, sino que depende de la decisión del juzgado de turno.

En el segundo trimestre de 2024, el número total de desahucios en España alcanzó los 7.850, lo que supone un incremento del 7,8% con respecto al mismo periodo del año previo, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una subida que se debe principalmente a los impagos de alquiler. Tres de cada cuatro lanzamientos, concretamente el 74,8% (5.874), fueron consecuencia de procedimientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), reflejando un crecimiento del 10,7% respecto al segundo trimestre de 2023.

Y no se trata solo de los desahucios. La vivienda es ya desde hace tiempo una de las principales preocupaciones de la población española, sobre todo entre los jóvenes, y va más allá de cuestiones económicas. Según un reciente estudio sobre vivienda y salud mental elaborado por GAD 3 para el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), cerca de un 40% de la población reconoce haber experimentado estrés o ansiedad, un 30% soledad y un 23% depresión en su hogar. El precio, las dificultades para acceder a un crédito, la escasez de oferta tanto para comprar como para alquilar o la falta de apoyo institucional, además de la precariedad laboral, son algunos de los problemas más extendidos entre quienes desean encontrar un hogar.

Ese malestar de la población por la imposibilidad de acceder a la vivienda se vio reflejado el pasado domingo en la multitudinaria manifestación que se celebró en Madrid y que fue convocada por más de una treintena de organizaciones sociales con el objetivo de que los alquileres bajen un 50%, y ahora el Sindicato de Inquilinas ha llamado a iniciar una escalada de movilizaciones hasta desembocar en una “huelga de alquileres”.

Aunque Alba no pudo asistir a la manifestación en Madrid, apoya las propuestas del sindicato, al que se afilió hace ya tiempo, cuando fue consciente de los problemas que estaba sufriendo su abuela, a quien ahora, admite, ha tenido que mentir “para tratar de calmarla”, pues le ha dicho que está tratando de comprar la casa. Y no se arrepiente porque, desde entonces, Mila se ha sentido aliviada, “está mucho más activa, se levanta antes y hace alguna broma”. “Ha sido como un chute de adrenalina”, asegura. Pero cuentos aparte, Alba sabe que el contrato de alquiler está a punto de terminar y que es complicado reunir el dinero necesario para evitar el desahucio, por lo que siente que las pesadillas no acabarán fácilmente.