Avaló a un familiar y ahora la desahucian: qué implica ser avalista y con qué tienes que tener cuidado

En Burjassot, Valencia, hay una mujer de 84 años que se enfrenta a la amenaza de ser desahuciada de la casa que ha sido su hogar durante décadas. Se trata de Mila, una anciana que en 2007 avaló con su vivienda el proyecto empresarial de un familiar que acabó quebrando. Como no pudieron saldar la deuda, el Banco Santander se quedó con la vivienda y después pasó a manos de la inmobiliaria Aliseda, una empresa conjunta de esta entidad bancaria y el fondo de inversión estadounidense Blackstone, que actualmente es el mayor casero de España.

En 2017, la familia de Alba consiguió un contrato de alquiler social de cinco años de duración, por lo que en 2022 regresó la pesadilla, si bien lograron renovar por otro año más. Si embargo, ahora se encuentra en una situación crítica al finalizar el contrato de alquiler social. La familia ha propuesto a la inmobiliaria que suba el precio del alquiler social que paga Mila mensualmente, pero se han negado, ya que si lo modifican, tienen que redactar un contrato nuevo que le permitiría quedarse al menos otros cinco años más, tal y como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La opción que les han ofrecido es comprarla por unos 70.000 euros. Por ello, su nieta, Alba Cortina, ha lanzado una campaña de crowdfunding con el objetivo de recaudar 30.000 euros para evitar que su abuela pierda su hogar.

El aval es un acuerdo financiero en el que una persona, llamada avalista, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de otra persona (el avalado) frente a una entidad financiera o dentro de un contrato. Este tipo de respaldo es común en préstamos hipotecarios, créditos personales y transacciones inmobiliarias. El avalista asume una responsabilidad subsidiaria, lo que implica que, si el avalado no cumple con sus compromisos, el avalista deberá hacerse cargo de la deuda.

Cuando un deudor no salda una deuda en el plazo voluntario ni durante el período adicional tras recibir la notificación de apremio (que conlleva un recargo), se inicia un procedimiento de embargo. En ese momento, la entidad acreedora (quien prestó el dinero) toma medidas para recuperar el dinero adeudado, ejecutando los bienes del deudor, es decir, confiscando sus propiedades hasta cubrir el valor de la deuda. Y si estos no fueran suficientes, recurriría a los bienes del avalista.

Sin embargo, como explican desde BBVA, antes de que se active esta responsabilidad, debe demostrarse que el titular del préstamo no puede cumplir con el pago, ni a través de sus ingresos ni con su patrimonio. Una vez comprobada esta situación, el avalista debe empezar a cubrir las cuotas mensuales del préstamo, incluyendo los intereses de demora acumulados debido al impago.

Además, es importante tener en cuenta que, al avalar un préstamo, el avalista asume las mismas obligaciones y consecuencias legales que el titular en caso de incumplimiento, lo que podría llevar a un embargo de salario o bienes. Aunque esta situación es poco común, es una posibilidad a considerar.

También hay que saber que figurar como avalista hace que la deuda aparezca registrada en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE). Aunque esto no es lo mismo que estar en una lista de morosos, afecta la capacidad del avalista para obtener futuros préstamos, ya que su situación financiera queda condicionada por la posibilidad de tener que responder por la deuda avalada.