Von der Leyen sigue la ‘doctrina Meloni’ y plantea exportar fuera de la UE los centros de deportación de migrantes

No es ningún secreto que desde antes de la campaña europea la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya mostrado cierta predilección por la ‘doctrina Meloni’ cuando se habla de política migratoria. La gestión de la primera ministra italiana, y líder del partido de extrema derecha Hermanos de Italia, ha sido alabada por numerosos líderes de la derecha moderada. Sin ir más lejos por el líder del PP Alberto Núñez Feijóo. Ahora su “exitoso” y más que controvertido modelo le coloca como la voz cantante en el bloque comunitario ante un problema que arrastra décadas atrás, y en un momento en el que varios países alzan la voz para endurecer las fronteras, e incluso suspender temporalmente el derecho de los recién llegados a solicitar asilo.

En una carta dirigida a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE este lunes, la dirigente germana habló de “explorar otras vías innovadoras” y “sacar lecciones prácticas con la puesta en marcha del protocolo entre Italia y Albania”. La germana se refería así al modelo italiano de deportación de migrantes irregulares hacia centros de países externos, concretamente en Albania, una medida que será planteada a los jefes de Estado en la próxima cumbre del Consejo Europeo, que tendrá lugar este jueves en Bruselas.

Las declaraciones de von der Leyen llegan después de que Bruselas recibiese una carta enviada por 15 estados miembros, entre ellos Francia, Italia y Alemania, en la que presionaban a la dirigente para un “cambio de paradigma” en la política migratoria que garanticen que los solicitantes de asilo cuyas solicitudes hayan sido rechazadas sean deportados de regreso a sus países de origen. Al mismo tiempo, países como España, Francia y Alemania han pedido adelantar de manera inmediata la entrada en vigor del Pacto de Asilo de la UE, acordado en 2023 y previsto para 2026. En el caso español, la llegada de migrantes en situación irregular a Canarias se ha disparado un 126% respecto al mismo periodo del año pasado.

Por eso Von der Leyen ha pedido también profundizar en los acuerdos con terceros países como Egipto, Libia y Túnez para frenar los flujos migratorios antes de que pisen suelo europeo. Este mismo año, la UE destinó 210 millones de euros a Mauritania para convertir a este país en un muro de la emigración irregular hacia Canarias e intensificar las devoluciones en caliente. Hasta ahora, la medida de los centros externos no estaba sobre la mesa ya que suscitaba dudas por los problemas en la legislación internacional.

Uno de los centros italianos que ya están en funcionamiento es el ubicado en la pequeña localidad albanesa de Gjader, con capacidad para albergar a 3.000 personas, según indican desde el centro, que también aclarar que “nunca se llegará a la capacidad total”, aunque dependerá de los flujos migratorios. El centro se extiende a lo largo de dos kilómetros y anteriormente funcionaba como una base militar durante la Guerra Fría. Sus críticos lo han descrito directamente como una cárcel, debido a que el recinto está cercado por muros de cemento y estructuras metálicas de más de cinco metros de altura.

Asociaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional criticaron en su momento este acuerdo, al que tacharon de “cruel experimento”. Argumentó que las personas en situación de peligro en el mar se verían sometidas a viajes largos e innecesarios, lo que “vulnera manifiestamente la obligación que tiene Italia de garantizar el desembarco rápido y en ‘lugar seguro’ de las personas rescatadas”.

Lo llamativo de este acuerdo es que el centro es en teoría y en la práctica “suelo italiano”. Es decir, el recinto estará vigilado, gestionado y mantenido por las autoridades italianas, además de funcionar bajo las leyes italianas, aunque las ONG desconfían de ello.

“Cuando lleguen a tierra firme, sufrirán detenciones automáticas, arbitrarias y posiblemente prolongadas en Albania. Aunque, según las condiciones de este acuerdo, estas personas seguirían sujetas a la jurisdicción italiana, es probable que su derecho a solicitar asilo y a que sus solicitudes sean evaluadas de manera justa se vea seriamente restringido”, denunció Eve Geddie, directora de la Oficina de AI ante las Instituciones Europeas.

El proyecto italiano ha sido financiado con fondos italianos, aunque por ahora se desconocen las cifras exactas. Según France 24, se estima que hasta 2028 se gastarán entre 600 y 700 millones de euros, cuatro veces el coste de construirlo en Italia, lo cual ha generado las críticas en el país.

Precisamente Albania comienza este martes las negociaciones para su adhesión a la UE. El país del este se encontraba entre los primeros nombres de la lista de espera junto a Macedonia del Norte, que finalmente se quedará atrás. Al mismo tiempo, varios estados miembros han presionado a los países balcánicos candidatos para que pongan en marcha centros de internamiento de migrantes, aunque hasta el momento se han negado. Bruselas no ha concretado por el momento donde se planea construir estos centros, ni como funcionarán.

En medio del debate por la controvertida medida que plantea aplicar el ejecutivo comunitario, la UE ha sido señalada por otros acuerdos ya en funcionamiento con terceros países. Es el caso de Turquía, donde una investigación en la que participaron varios medios de comunicación descubrió las violaciones sistemáticas de derechos humanos que cada día sufren estas personas en los centros de acogida turcos. Desde allí, los migrantes son posteriormente expulsados a países como Siria o Afganistán. Muchos de ellos mueren asesinados por bombardeos o permanecen escondidos.

Desde que Turquía firmó el pacto para frenar la inmigración en 2016, como consecuencia de la crisis de refugiados de 2015, la UE ha destinado más de 11.500 millones de euros de los fondos de la Unión Europea. En la teoría, el dinero se destina a atender las necesidades de los cerca de tres millones de refugiados que llegasen a suelo turco, con el objetivo favorecer su integración, pero en la práctica ha sido significado ser un muro para las personas que huyen de la muerte en sus países de origen.

La germana acostumbra a demostrar con gestos sutiles sus intenciones de cara a la siguiente legislatura. Ejemplo de ello fue el nombramiento del conservador austriaco Marcus Brunner como comisario del Interior. Austria es uno de los países más estrictos con su política de control de las fronteras. Al igual que Hungría, este país bloqueó la integración de Rumania y Bulgaria al espacio Schengen y fue condenada recientemente por ampliar ilegalmente los controles fronterizos.