En 2017, la gallega María Gil tomó una decisión que, en aquel momento, parecía la mejor solución para su situación económica: pidió varios préstamos hipotecarios para invertir en propiedades que había heredado. Su objetivo era simple: generar ingresos seguros y constantes mediante el alquiler vacacional, una opción que le permitiría hacer frente a las deudas que había contraído. Durante algunos años, todo funcionó según lo planeado, y María pudo vivir de manera relativamente tranquila. Sin embargo, un cambio en la normativa del Concello de Santiago de Compostela alteró por completo su tranquilidad, llevándola a tomar una decisión drástica. Ahora, está dispuesta a vender todas sus propiedades, incluido el piso familiar, con el único fin de “ganar en paz” y poner fin a sus deudas, según explica en una entrevista a La Voz de Galicia.
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María Gil explica que la necesidad de reformar las propiedades que heredó la llevó a pedir tres hipotecas. Al principio, confiaba en que los ingresos del alquiler vacacional le permitirían hacer frente a los pagos sin mayores problemas. Pero las regulaciones y restricciones que el Concello fue imponiendo sobre las viviendas de uso turístico (VUT) complicaron su situación. Según relató al medio gallego, si hubiera podido continuar con esta actividad sin interferencias, no habría tenido dificultades para seguir pagando las hipotecas. Sin embargo, ante la creciente inseguridad del mercado y los cambios normativos, María vio en la venta de sus propiedades la única salida viable.
Una de las primeras decisiones que tomó fue vender un piso en la rúa Curros Enríquez, una propiedad en la que había invertido mucho para dividirla en dos apartamentos. La venta le permitió aliviar parte de la carga financiera, pues con ese ingreso pudo cancelar una de las hipotecas, que le suponía un pago mensual de 1.320 euros, además de reducir otra más pequeña de 350 euros al mes. Pero aún le queda pendiente el pago de las demás deudas, lo que la lleva a vender otras propiedades, incluida su vivienda familiar en Conxo, de acuerdo con lo informado por La Voz de Galicia.
Temor al impago del alquiler tradicional
A pesar de las dificultades que enfrentó con el alquiler vacacional, María no contempla la opción del alquiler tradicional. La razón principal es la inseguridad que percibe en este mercado. Con tres hipotecas sobre sus hombros, considera que no puede permitirse el riesgo de que los inquilinos no paguen, lo que podría empeorar aún más su situación financiera. “No puedo arriesgarme a que no paguen”, comentó a La Voz de Galicia, quien ha decidido vender sus propiedades antes que enfrentarse a la posibilidad de un impago.
Además, señala que la diferencia entre el alquiler vacacional y el alquiler tradicional radica en el nivel de trabajo que requieren: aunque los beneficios puedan ser similares, el primero implica una dedicación constante y una serie de responsabilidades adicionales. A lo largo de estos años, María ha tenido malas experiencias con inquilinos que causaron daños en sus propiedades, lo que también contribuyó a su desconfianza hacia el alquiler tradicional. De hecho, prefiere mantener una de las viviendas cerrada antes que arriesgarse nuevamente a pasar por un “calvario” similar, informó el diario.
El impacto de la normativa sobre las VUT
Uno de los factores clave que llevó a María a considerar la venta de todas sus propiedades es la normativa municipal sobre las viviendas de uso turístico, que ha cambiado de manera significativa en los últimos años. A pesar de haber cumplido con todos los requisitos iniciales que se le pidieron para poder operar como alojamiento vacacional, las nuevas restricciones impuestas por el Concello han complicado la situación para ella y para otros propietarios en la misma situación.
“Nos pidieron que hiciéramos todo lo que pedían y lo cumplimos, pero luego siguieron poniendo más trabas”, afirma María, que, al igual que muchos otros propietarios, ha sentido que las nuevas normativas les han obligado a replantearse su modelo de negocio. Esta presión ha generado, además, un clima de tensión en algunas comunidades de vecinos, donde las viviendas turísticas han sido objeto de críticas y, en algunos casos, de conflictos vecinales, según detalló a La Voz de Galicia.
Una decisión difícil pero necesaria
Vender el piso familiar en Conxo no ha sido una decisión fácil para María. Se trata de una vivienda que pertenece a su familia desde hace muchos años, pero la necesidad de reducir sus deudas ha pesado más en su balanza. Con la venta de este inmueble, espera cancelar una hipoteca de 900 euros mensuales y, tras ello, poder comprar algo más pequeño que se ajuste mejor a su nueva realidad financiera.
Además, María también posee otros dos inmuebles en la rúa Hortas, que ha utilizado para alquiler vacacional. Sin embargo, aún no ha tomado una decisión sobre su futuro. Estas propiedades, que también heredó, han sido el centro de una larga disputa judicial que ha durado 15 años, y aunque la sentencia final le ha dado la razón, María aún no tiene claro si venderá o no. Lo que sí tiene claro es que no volverá a vivir en ellas, dado que son demasiado pequeñas para un uso residencial a largo plazo para ella.