Poder acceder a comprar una vivienda es motivo de celebración, aún más en los tiempos que corren. Sin embargo, hay una pareja finlandesa que no puede decir lo mismo. Lo que empezó como un sueño acabó convirtiéndose en una pesadilla. Adquirieron el piso, aún en construcción, en Naantali, lo que no esperaban era que tuvieran que hacer frente a una factura de más de 300.00 euros por la quiebra de la promotora encargada de la obra, tal y como recoge el medio finlandés Yle.

En mayo de 2018, los perjudicados adquirieron acciones de una empresa de viviendas que estaba en proceso de urbanización. Estas les permitían acceder a un apartamento que aún no estaba terminado. El acuerdo se llevó a cabo a través de un contrato de transferencia de acciones (RS) con una mujer que, a su vez, había adquirido esas mismas acciones al promotor en otoño de 2017. El precio pactado para la operación fue de 405.000 euros, y la pareja asumió también el pago de las cuotas restantes y del préstamo de la empresa de viviendas.

El plazo original para que el piso estuviera acabado estaba fijado para agosto de 2018, pero las obras jamás acabaron a tiempo. En febrero de 2019, la situación se agravó cuando la empresa constructora se declaró en quiebra. El proyecto se paralizó dejando a los propietarios en una situación de incertidumbre absoluta.

Tras este suceso, los inquilinos tuvieron que buscar una solución para completar los apartamentos. Fue entonces cuando se vieron en la obligación de solicitar un préstamo que cubriera los costes de las obras detenidas. En este caso, el crédito supuso para la pareja un sobrecoste de casi 330.000 euros, lo que disparó el precio total de la vivienda al 81% del valor inicialmente acordado.

La construcción concluyó finalmente en el verano de 2020, con casi dos años de retraso. Durante ese tiempo, los afectados vivieron en un alojamiento provisional, tuvieron que pagar un alquiler adicional de unos 21.000 euros. Ante esta situación, decidieron emprender acciones legales para reclamar una reducción del precio de compra y una compensación por los daños y perjuicios ocasionados.

La pareja alegó que la vendedora, quien les había transferido las acciones, debía conocer las dificultades financieras de la promotora, ya que, según ellos, los accionistas habían pedido informes sobre el avance del proyecto y habían organizado reuniones en la primavera y el invierno de 2018, justo antes de la venta del apartamento. A su parecer, la vendedora ocultó estos riesgos, lo que la hacía responsable de los costes adicionales derivados de la quiebra.

Además de esta reclamación, señalaron a la empresa intermediaria que gestionó la compraventa, a la que acusaron de negligencia por no informarles de los riesgos asociados con la propiedad. En total, solicitaron una reducción del precio de adquisición de 330 000 euros y una indemnización por daños y perjuicios de casi 21 000 euros. Más una reclamación de casi 179.000 euros a la inmobiliaria por su supuesta negligencia.

Sin embargo, la resolución de la Junta de Litigios de Consumo no fue favorable para ellos. En su fallo, el panel determinó que la vendedora desconocía las dificultades del promotor en el momento de la transacción y, por lo tanto, no podía ser considerada responsable de los costes adicionales. Además, se concluyó que, dado que el apartamento no estaba terminado en el momento de la venta, no existía ningún vicio oculto por el cual la vendedora pudiera ser responsabilizada.

Por su parte, la inmobiliaria también negó las acusaciones de negligencia, alegando que no tenía conocimiento de los problemas financieros del promotor. La Junta de Litigios de Consumo respaldó esta posición y desestimó las reclamaciones de la pareja, dejando claro que el contrato de traspaso de un inmueble incompleto no podía equipararse a la compraventa de una vivienda nueva bajo las disposiciones de la Ley de Vivienda.

Este caso pone de relieve las complejidades y riesgos inherentes a la compra de una vivienda en proceso de construcción, especialmente cuando el proyecto se ve afectado por la quiebra del promotor. La falta de claridad en la legislación vigente, como señala Pauli Ståhlberg, presidente de la Junta de Litigios de Consumo, al medio finés anteriormente mencionado, crea situaciones de ambigüedad sobre la responsabilidad de los actores involucrados en estas transacciones.

“Por el momento, la legislación no da instrucciones sobre cómo dividir el riesgo”, señalaba Ståhlberg. Añadía que el objetivo debe ser proporcionar “una garantía durante el tiempo de construcción” para que esta pueda continuar sin problemas “incluso si el promotor quiebra”.