El director de Coordinación y Estudios y número tres del Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez González, ha reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional que contactó con el ex asesor del Ministerio de Transportes Koldo García para comprar mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama.
Fuentes jurídicas presentes en la declaración del testigo informan a Infobae España que el número tres de Interior no ha revelado la identidad de la persona que le indicó que contactara con Koldo para contratar a la trama. La adjudicación del contrato de Interior a Soluciones de Gestión tuvo un valor de 3,4 millones de euros. Según ha declarado el comisario jubilado Rodríguez González, conocido como Lenin, le facilitaron en una reunión del CECOR el contacto de Íñigo Rotaeche, otro de los implicados en la trama.
Este extremo coincide con la declaración del ex subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras de Interior, Daniel Bélmar, quien señaló a Rodríguez González como la persona que le trasladó el número de teléfono de Rotaeche para que se encargara de la adjudicación a la trama.
A preguntas de las partes, el testigo ha afirmado que el contacto de la trama procedía “del gabinete del Ministerio de Transportes”, al que pertenecía Koldo García. Sin embargo, ha asegurado no recordar la identidad de la persona que se lo hizo llegar a él.
Auditoría de Puente
Este lunes también han comparecido las dos autoras de la auditoría realizada por el actual Ministerio de Transportes, bajo el mando de Óscar Puente, sobre las adjudicaciones a Soluciones de Gestión por parte del departamento que dirigía José Luis Ábalos. Las dos testigos han ratificado en su informe, que reveló cómo el Ministerio duplicó de 4 a 8 millones de euros la compra de mascarillas en apenas 38 minutos.
En su declaración, Bélmar apuntó, como ya hizo en la Comisión de Investigación del Senado, que fue José Antonio Rodríguez González, alias Lenin, quien le habló de la oferta de Soluciones de Gestión para adquirir mascarillas y le proporcionó el contacto de Íñigo Rotaeche, uno de los cabecillas de la trama e imputado en la causa.
Bélmar defendió en el Senado que “no se ocultó nada” sobre la adjudicación del contrato de mascarillas -al que calificó como “normalillo”- con la empresa de la trama y que, además, comprobaron que cumplía los requisitos legales en un contexto en el que existían serios problemas con el suministro del material sanitario.