Las Fuerzas Armadas Españolas son las protagonistas absolutas de cada 12 de octubre, fecha en el que el tradicional desfile militar atrae a miles de personas al centro de Madrid que buscan ver de cerca los vehículos, aeronaves y diverso armamento del que disponen tanto el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. No obstante, de aquí a finales de esta década, la composición de la exhibición sufrirá cambios significativos con el retiro, por un lado, del equipamiento antiguo y al borde de la obsolescencia y, por el otro, con la llegada de tecnologías de última generación. En los próximos años, el Ministerio de Defensa prevé desembolsar 43.000 millones de euros para la modernización de las capacidades militares, pero diversos inconvenientes impiden que este proceso avance a la velocidad que desean las Fuerzas Armadas.
Actualmente, el departamento que lidera Margarita Robles está pendiente de numerosos programas armamentísticos, sin embargo, hay tres que por su envergadura e importancia destacan por encima del resto: los vehículos de combate 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra, los submarinos S-80 de la Armada, y el desarrollo del FCAS, el futuro caza europeo con el que se dotará a la fuerza aérea hacia la mitad de este siglo. Pese a ser indispensables para que cada una de las fuerzas puedan llevar a cabo la misión que les ha sido asignada, todos estos proyectos acarrean importantes retrasos.
En el caso de los VCR 8x8 Dragón, blindado llamado a ser la piedra angular de la fuerza terrestre de cara a las próximas décadas, las demoras ya se cuentan por años. En 2023, el Ejército de Tierra debería haber recibido 34 vehículos, pero en su lugar Tess Defence, la empresa nacional resposable de su fabricación, negoció con Defensa postergar la entrega para 2024, año en el que la empresa tendría que, según el cronograma original, suministrar otras 71 unidades. Finalmente, el Gobierno, que invirtió 2.500 millones de euros en 348 de estos vehículos, espera contar con 92 dragones antes de que llegue 2025.
Pero si de retrasos hablamos, la nueva flota de submarinos de la Armada es la que, con un presupuesto de 3.900 millones de euros, se lleva todos los premios. Tras más de 20 años de iniciado el proyecto, Navantia solo ha suministrado un sumergible de los cuatro contratados por el gobierno de José María Aznar, a principios de este siglo. Pese a que la Armada ya ha incorporado el S-81 Isaac Peral, la unidad aún está siendo sometida a pruebas por parte de la fuerza naval, por lo que el buque todavía no ha sido desplegado en ninguna misión. A esto, se suma que el astillero público ha debido reformular el calendario de entrega de los tres submarinos restantes, que no empezarán a llegar hasta 2026, situación que no ha agradado a Defensa.
Por su parte, la situación del FCAS es particular, dado que la falta de avances en este proyecto no es responsabilidad exclusiva de la industria militar española. En el desarrollo de este futuro avión de combate de quinta generación están involucrados Alemania y Francia y las demoras están más relacionadas al desencuentro entre las empresas designadas por cada país (en el caso de España es Indra) a la hora de definir el diseño del nuevo caza. En este sentido, las mayores trabas han sido consecuencia de las diferencias entre la compañía francesa Dassault y Airbus.
Ante este panorama, el Ministerio ha exigido a la industria nacional estar a la altura de las inversiones emprendidas por el Gobierno. Así, tanto la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, como la propia Robles han expresado su descontento con los numerosos problemas que acumulan los principales proyectos ideados para que las Fuerzas Armadas obtengan las capacidades necesarias para hacer frente a los desafíos y amenazas del nuevo contexto internacional.
A la cola de la OTAN
Sin embargo, la industria no es la única culpable de que la modernización de las Fuerzas Armadas Españoles no tomen el impulso deseado. La falta este año de Presupuestos Generales del Estado y la consecuente prórroga de los de 2023 han afectado también las cuentas de la cartera de Margarita Robles. De esta manera, el Gobierno ha visto comprometido el objetivo de llegar al 2% de PIB en cuanto a las inversiones en materia de defensa para finales de esta década, tal como exige la OTAN. Prueba de esto ha sido que España ocupe el último lugar entre los 31 estados miembros de la Alianza Atlántica, con tan solo el 1,28% de su producto interior bruto destinado al gasto militar.
El prestigio internacional del país no ha sido la única víctima de la falta de Presupuestos, ya que, a su vez, Defensa ha visto reducido su margen de maniobra a la hora de lanzar nuevos programas de adquisición de armamento. Ahora, con las cuentas de 2025 todavía en duda, no pocos son los proyectos de modernización que podrían verse paralizados, lo que podría provocar que España llegue al 2% del PIB ya entrada la próxima década, más allá de los planes originales de la Moncloa.
En este sentido, entre los principales programas que podrían verse afectados se incluyen el reemplazo de los cazas F-5, el avión con los que el Ejército del Aire adiestra a sus futuros pilotos de combate; el nuevo buque de apoyo al combate (BAC), prometido por Pedro Sánchez el pasado enero; el satélite de inteligencia militar Paz II; y los vehículos de apoyo de cadenas (VAC), con los que el Ejército de Tierra pretende sustituir a los vetustos TOA.