Moncloa deja caer a Ábalos, al borde de la imputación por el ‘caso Koldo’: “Lo tiene que explicar él”

El caso Koldo dio este jueves un paso trascendental en la investigación tras el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que deja al exministro socialista José Luis Ábalos al borde de la imputación. Quien fuera número tres del PSOE y una figura indispensable en el Gobierno de Pedro Sánchez, ya fue defenestrado por el partido de la rosa hace unos meses, después de que Ferraz le exigiera responsabilidades políticas por el caso de corrupción que afecta a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes.

Si bien, este nuevo texto remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo estrecha el cerco sobre el ex secretario de Organización del PSOE por su posible vinculación en la trama del cobro de comisiones en la compra de mascarillas al inicio de la pandemia. Ante esta situación, Moncloa presume de su actuación cuando el escándalo saltó a la palestra, a finales de diciembre, poniendo el foco sobre Ábalos y, en última instancia, deja todo el peso de la duda sobre el exministro de Transportes.

Fuentes gubernamentales se desvinculan de la reunión que Ábalos mantuvo con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en enero de 2020, lo que se conoce como Delcygate. A pesar de que Sánchez le dio el visto bueno, esta cita quedó “desautorizada” y no se produjo de manera “oficial” cuando el Gobierno se percató de que la dirigente venezolana tenía prohibida su entrada en el espacio Schengen. No obstante, aunque encuentro se terminó produciendo en el aeropuerto madrileño de Barajas, el Gobierno se desliga ahora de todo lo que tiene que ver con esta visita. “Ábalos tendrá que decir que por qué se reunió”, tal y como achacan fuentes del Gobierno. No obstante, cabe destacar que, en su día, el propio Sánchez defendió este encuentro para “evitar una crisis diplomática” con Venezuela.

Asimismo, el informe constata que Koldo García se puso en contacto con los expresidentes de Canarias y Baleares, Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y presidenta del Congreso de los Diputados, respectivamente. Por otro lado, la UCO revela que el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, se valió de su relación con José Luis Ábalos para lograr que el Gobierno rescatase la aerolínea Air Europa durante la pandemia. También, que la trama compró un chalé en Cádiz para el exministro y pagó 90.000 euros del piso en alquiler de su pareja.

Ante todas estas informaciones, en Moncloa se desvinculan y aseguran estar tranquilos, pese a que dejan muchas incógnitas sobre la actuación de miembros del Ejecutivo. “Preocupación cero”, agregan estas voces sobre la posibilidad de que el caso acabe salpicando al propio presidente del Gobierno, a quien Aldama se refiere como el “número 1″ en lo relativo al rescate de Air Europa. En todo caso, Moncloa defiende que el rescate a esta y otras compañías azotadas por la crisis económica permitió salvar miles de empleos (solo en la operadora aérea unos 4.000).

El Ejecutivo despacha la información contenida en el extenso informe de la UCO alegando que no pueden “interpretar lo que se dice en una trama de corruptos”. Asimismo, saca pecho de su actuación desde el primer momento, afirmando que se ha actuado “en colaboración con la justicia, celeridad, transparencia y contundencia”. En este sentido, presumen de que el PSOE abriera un expediente de expulsión al exministro de Transportes, pidiéndole que entregase el acta de diputado y abriendo una comisión de investigación en el Congreso sobre la compra de mascarillas durante la pandemia.

En esta línea, desde Ferraz inciden en esta dirección y defienden que el partido ha actuado ante el caso Koldo con “celeridad y contundencia”. Así, destacan que el partido “colaborará con la Justicia en todo lo que le sea demandado”, a diferencia del PP: “No encontrarán en Ferraz ningún ordenador machacado a martillazos”, aseguran desde la dirección de la formación de Pedro Sánchez y que suspendió de militancia a Ábalos.

Hace unos meses, el Gobierno pidió a Ábalos que “se apartara” mientras dure el proceso judicial y, tanto en público como en privado, miembros del sector socialista han procurado no hacer valoraciones sobre su posible implicación en la trama. Ahora, cuando el exministro está bajo la lupa de la UCO y después de que el juez diera este jueves el paso previo para imputarle, en Moncloa no tienen reparos de dejarle caer para desviar el foco y dejar la responsabilidad en su tejado.