Marlaska cede ante el Supremo y prepara un real decreto para contratar un seguro que cubra las indemnizaciones de los policías

Los policías nacionales y los guardias civiles no tendrán que volver a pagar de su bolsillo -y sí el Estado- las indemnizaciones o fianzas que los tribunales les exigen por daños ocasionados a terceros en intervenciones durante sus servicios. Después de que el Tribunal Supremo condenase al Ministerio del Interior a contratar un seguro de responsabilidad civil para sus agentes, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ya tiene sobre la mesa un borrador de real decreto para hacer de esta reivindicación histórica una realidad.

El Tribunal Supremo dictó sentencia en febrero del pasado año al estimar un recurso contencioso-administrativo presentado por el sindicato policial Confederación Española de Policía (CEP). Ahora, Interior, tras solicitarle el alto tribunal la “ejecución forzosa” del fallo, ha informado al Supremo de la elaboración de un “proyecto de real decreto” cuya “tramitación formal” se iniciará “en breve”, según el informe del departamento al que ha tenido acceso Infobae España.

El seguro de responsabilidad civil para los policías fue incluido en la Ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional, en vigor desde 2015. Sin embargo, ningún Gobierno de PP o PSOE había cumplido esta reclamación de los sindicatos pese a que solo tenía que ser aprobada mediante real decreto en el Consejo de Ministros.

Tras el recurso del CEP, la Sala Tercera del Tribunal Supremo estableció que “la Administración concertará un seguro de responsabilidad civil, u otra garantía financiera, para cubrir las indemnizaciones, fianzas y demás cuantías derivadas de la exigencia de responsabilidad de cualquier naturaleza a los policías nacionales”. Esos gastos tendrán que estar derivados de las “actuaciones llevadas a cabo por parte de los mismos en el desempeño de sus funciones o con ocasión de las mismas”.

Los más habituales son, según explican fuentes policiales a este medio, los daños a terceros en intervenciones, por ejemplo detenciones en las que el arrestado opone resistencia y sufre lesiones o accidentes de tráfico con los vehículos policiales. Estas actuaciones acarrean condenas a indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil o, en su defecto, imposiciones de fianzas mientras las sentencias no sean firmes.

Interior afirma que, a raíz de la sentencia, constituyó un “grupo de trabajo” al que se le encomendó la elaboración de un borrador del real decreto para la contratación de un seguro de responsabilidad civil, que será “aplicable tanto a los funcionarios de la Policía Nacional (...) como a los miembros de la Guardia Civil” como se recoge en la ley que regula los derechos y deberes de los agentes del instituto armado, en vigor desde 2007.

En el texto elaborado por Interior se incluyen, entre otros aspectos, “el objeto de la disposición proyectada, su ámbito objetivo de aplicación, la condición de tomador del seguro de responsabilidad civil, las contingencias aseguradas, la financiación del contrato o contratos que se liciten y, en su caso, la constitución de una garantía financiera análoga”. Una vez elaborado, el borrador está en manos de la Secretaría de Estado de Seguridad y se encuentra “en fase de revisión y elaboración de la preceptiva Memoria del Análisis de Impacto Normativo”.

“En breve”, subraya Interior, “se iniciará la tramitación formal del proyecto de real decreto”, del que se dará “audiencia a los interesados”, en este caso, a “los sindicatos de la Policía Nacional, entre ellos, la organización sindical recurrente, y las asociaciones profesionales de guardias civiles”. No obstante, el departamento dirigido por Grande-Marlaska no considera “oportuno”, por el momento, entregar el borrador a las organizaciones sindicales.