Feijóo quiere ahora quitarse la culpa tras avalar por “error” la rebaja de las penas a 44 etarras: “No lo podíamos haber evitado”

La dirección del PP trata de quitarse la culpa tras avalar “por error” la reforma legal que permitirá excarcelar antes de lo previsto a 44 presos de ETA (siete de ellos podrían incluso quedar en libertad en apenas unos meses), una modificación introducida en el proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales que se aprobó en el Congreso en connivencia con todos los grupos parlamentarios. En el Senado, tampoco ha recibido ninguna enmienda ni ningún veto, por lo que la norma, que incluye dicho cambio, saldrá previsiblemente adelante, aunque el PP vote el próximo lunes mayoritariamente en contra en la Cámara Alta.

A la sorpresa inicial de este lunes, tras salir a la luz el efecto del cambio legal que conmutará a los presos de ETA las condenas cumplidas en Francia, le siguió este martes la constatación de que no hay vuelta atrás. Pero, más allá de eso, Génova descarta tomar cartas en el asunto y busca centrar el foco en la responsabilidad del Gobierno con potestad para retirar esta reforma legal. “No lo podíamos haber evitado ni lo podemos cambiar ahora”, justifican fuentes de la dirección nacional del partido.

El proyecto legislativo sufrió un cambio importante durante su tramitación parlamentaria, que pasó sin pena ni gloria hasta que este lunes una información periodística dio la voz de alarma. Concretamente, a propuesta de Sumar, la Comisión de Justicia del Congreso incorporó dos enmiendas por las que se suprimía un artículo y la disposición adicional de la actual norma que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.

Sin embargo, en el Ejecutivo no solo rechazan retirar la ley al alegar que la norma traspone una directiva europea, ya que acusan al PP de ser conocedor de los efectos de la reforma legal antes de que este asunto saliera a la palestra. “El PP no se ha equivocado con esto”, añaden fuentes de Moncloa. Y es que, los representantes de todos los grupos parlamentarios involucrados en la tramitación de la norma, incluidos tres diputados del PP y dos de Vox, afirmaron “haber estudiado con detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas”.

Para el Ministerio de Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes, en manos de Félix Bolaños, este “súbito cambio de opinión” del PP es “difícil de explicar” porque, entre otras cosas, todos los textos referentes a la ley eran públicos y sobradamente conocidos. “Es imposible que el PP no los conociera y, por lo tanto, es exclusivamente a este partido a quien le corresponde dar las explicaciones pertinentes por su cambio de opinión”, remataron fuentes gubernamentales después de la conversación telefónica entre Bolaños y la secretaria general popular, Cuca Gamarra, en la que la dirigente popular exigió, sin suerte, la retirada de la ley.

La lectura de Génova de la reunión mantenida este martes entre el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, y los ponentes e implicados en la tramitación parlamentaria de la ley es que la responsabilidad por el “error injustificable”, como calificó Feijóo, es “colectiva y compartida”. “No estamos cómodos con cómo hemos trabajado este asunto a nivel parlamentario, pero no vamos a tomar decisiones”, añaden fuentes de la dirección.

En este sentido, los populares dan por hecho que la ley hubiera salido adelante sin sus votos, aunque se hubiera dado la voz de alarma sobre dicha modificación cuando se incluyó, y se escudan ahora en que su voto “no evita lo que pueda pasar con la ley”. Y, pese a las críticas de las asociaciones de víctimas, aseguran que no son “responsables” ni tener un “papel protagonista”. Por ende, viran sus argumentos contra el Gobierno: “El PP vota por error, pero el Ejecutivo lo hace por convicción”, tal como esgrimen estas voces.

Aprovechando la comparecencia de Pedro Sánchez de este miércoles en el Congreso para hablar sobre la crisis migratoria, los de Feijóo anticipan que su líder apelará al presidente del Gobierno para que retire la ley. De esta manera, confían en que el líder socialista quedará retratado por apoyar que los presos de ETA se descuenten los años de cárcel cumplidos en Francia. Sobre esto, desde Moncloa recuerdan que la Audiencia Nacional ya consultó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al dudar sobre la adecuación de la española legislación vigente al derecho comunitario.