Una pareja reconoce haber maltratado gravemente a su bebé de un mes pero el juez sentencia que no deben ir a prisión

Estaban acusados de asesinato en grado de tentativa, por lo que se enfrentaban a una petición de pena de 26 años de prisión. Sin embargo, estos padres, que reconocieron ante el juez ser responsables de haber producido las graves lesiones -entre ellas una fractura craneal- de su hija cuando esta apenas tenía un mes de vida, han logrado alcanzar un acuerdo de conformidad por el que aceptan una pena de dos años, que ni siquiera implicará su ingreso en prisión.

Esta impactante noticia, avanzada por el periódico Levante-EMV, es el resultado de un proceso iniciado en 2018. Entonces, una bebé fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica del Hospital de La Fe, en Valencia. La pequeña tenía convulsiones, hematomas en la cara, hemorragias internas y un ojo dañado. Su vida estaba en peligro, especialmente por un traumatismo craneoencefálico con fractura biparietal y hemorragias cerebrales de entidad muy grave, tal y como recogió un informe realizado por el Instituto de Medicina Legal de la zona.

Los sanitarios, tal y como indica el protocolo ante posibles malos tratos, decidieron dar parte a la Policía Nacional, cuyos agentes acabaron arrestando a ambos progenitores, por aquel entonces de 28 años. El juzgado de guardia, tras una vista en la que ninguno de los dos hizo declaración alguna ni dio explicaciones de la causa de los daños de su hija, los dejó en libertad con cargos. Más adelante, el Ministerio Fiscal solicitaría una pena de 26 años de cárcel para cada uno, si bien era una condena que podía pasar a ser de prisión permanente revisable en caso de que la niña falleciera, cosa que aún no se sabía.

Finalmente, la bebé sobrevivió, aunque seis años después sigue bajo seguimiento periódico en el Servicio de Neuropediatría debido a las secuelas cerebrales que padece: hace terapia con un logopeda y presenta alteraciones motoras, sobre todo en la mano izquierda. Cabe decir que la pequeña fue declarada en situación legal de desamparo poco después de la agresión, debido a una orden de alejamiento impuesta por el juez. Su tutela la tiene la Generalitat, si bien ha estado viviendo con sus abuelos maternos en la modalidad de acogimiento familiar temporal.

De forma paralela, estos seis años se ha desarrollado el proceso judicial por el que los padres debían responder por sus actos. Un proceso que ellos mismos demoraron a través de la estrategia de sus abogados. La defensa de la madre presentó varios recursos y pruebas como la del polígrafo, admitida por la Sala. A través de estos diferentes procedimientos, la causa se fue alargando hasta lograr que, en este acuerdo de conformidad firmado con la acusación, se les aplicara un atenuante por dilaciones indebidas, es decir, por la excesiva tardanza en que se produjera un juicio.

Sin embargo, la clave del procedimiento ha sido el desconocimiento de cómo se produjeron las lesiones con las que llegó a la niña, si bien los padres reconocieron que, “actuando de común acuerdo, le propinaron de manera repetida y violenta golpes en la cabeza y en el cuerpo”. El abogado del padre, Miguel Ángel Sampedro Rodenas, contó ante las cámaras que con el acuerdo quedaba acreditado que los dos, “con un mecanismo que no está determinado, le causaron esas lesiones a la niña”. Por ello, el letrado ha insistido en que, en caso de ir a juicio, habrían alegado que la agresión no fue intencionada sino por imprudencia grave, por lo que “el resultado final habría sido el mismo”.

El acuerdo también se ha producido después de que los progenitores pagaran la responsabilidad civil, abonando 77.000 euros a una cuenta de la que es beneficiaria su hija, además de aceptar una sentencia por la que no podrán comunicarse con la niña ni acercarse a menos de 200 metros durante los próximos tres años. “Es sacar tarjeta amarilla a los padres pero no la roja, de forma que van a poder recuperar en un plazo relativamente breve las visitas”, ha explicado el abogado. Del mismo modo, los condenados, separados desde lo ocurrido en 2018, no habrán pasado ni un día en prisión pese a haber reconocido los hechos, al no contar con antecedentes penales y tratarse de una condena de solo dos años.