La jubilación anticipada por la que van a la huelga los transportistas no existe en el resto de la UE, pero sí en otros sectores

Los países más desarrollados han aprobado reformas en sus sistemas de jubilación en las últimas décadas para hacer frente al cambio demográfico que implican sociedades más envejecidas y a la complicada sostenibilidad de las pensiones públicas. España y la mayor parte de los miembros de la OCDE han retrasado la edad de jubilación ordinaria y endurecido las condiciones para los retiros anticipados; políticas que van en sentido contrario a las peticiones de cada vez más profesionales en España para que se considere penoso su trabajo y poder jubilarse antes sin recortes en la pensión.

Este lunes, los sindicatos UGT y CCOO han confirmado el inicio de una huelga general sectorial para el transporte por carretera y su principal demanda es que se les apliquen coeficientes reductores para retirarse antes de la edad ordinaria de jubilación, además de regular una modalidad de jubilación parcial voluntaria. No son los únicos: las camareras de piso (más conocidas como kellys) pidieron el pasado viernes en el Congreso de los Diputados que se consideren sus enfermedades laborales y se les reconozca “el derecho a una jubilación digna y anticipada”, o de lo contrario, advierten, iniciarán una huelga.

En un punto similar parecen estar los policías nacionales y guardias civiles, que aunque lograron el compromiso del Ministerio del interior para aplicar coeficientes reductores, no hay avances significativos en el proceso. Quienes sí se encuentran más cerca del reconocimiento son los bomberos y agentes forestales, ya que el estatuto básico que les reconoce la jubilación anticipada se encuentra en tramitación en el Senado, aunque este martes protestarán a las puertas de la institución por el “bloqueo” de las enmiendas presentadas.

Según constata el último informe de la OCDE sobre pensiones, al menos 27 países tienen regulaciones especiales para adelantar el acceso a la jubilación en trabajos peligrosos o penosos, pero ninguno de ellos contempla a todos los conductores por carretera. Solo existe un régimen especial para los conductores de autobuses en Estonia, Grecia, Italia, Polonia y Eslovenia. No obstante, España está dentro de los 15 países que permiten la jubilación anticipada de más colectivos sin penalizaciones, un total de ocho, según la clasificación de la OCDE. Lo que implica una cobertura mayor que, por ejemplo, Alemania.

España permite reducciones de la edad de jubilación ordinaria a pilotos de avión; artistas (profesionales de la danza, toreros); trabajadores del mar; mineros; conductores de tren; algunos bomberos, algunos policías y militares. En comparación internacional, el país que más cobertura da es Estonia, que además de reconocer la jubilación anticipada a estas profesiones, también lo hace para electricistas, enfermeras y profesores. En España, a la mayor parte de los colectivos se les reconoció en los años 80, aunque en 2008 se incorporaron los bomberos públicos y en 2018 los policías locales, entre otros cuerpos de seguridad del Estado.

La edad ordinaria de jubilación está fijada en 2024 es de 66 años y 6 meses o 65 años si se han cotizado al menos 38, pero si la actividad se declara penosa, el acceso desciende al entorno de los 60 años, dependiendo de cada caso, aunque nunca se podrá acceder antes de los 52 desde la nueva regulación de 2008. No obstante, dada la reducida aplicación de esta modalidad, en España solo afectaba al 2,4% de los ya jubilados en 2019 y al 4,5% de las nuevas jubilaciones en ese año. El impacto es mucho mayor en Grecia, afectando al 10,7% de las jubilaciones en 2022, y en Estonia, con un 10%.

Según señala el informe de la OCDE, muchos países han endurecido el acceso anticipado a las pensiones para los trabajos peligrosos o penosos. La tendencia comenzó en la década de los 90, cuando el aumento de la longevidad empezó a presionar financieramente los sistemas de pensiones y llevó a aumentos generalizados de la edad de jubilación ordinaria, que en España llegará a los 67 años en 2027. “Con el aumento generalizado de la edad de jubilación, las edades de jubilación muy bajas para algunas ocupaciones se hicieron aún más difíciles de justificar”, reconoce la OCDE, por lo que es complicado conceder ahora las peticiones a los profesionales que lo demandan.

Reconocer la jubilación anticipada sin recorte de pensión eleva el coste del sistema doblemente: la prestación se paga más años y el trabajador deja de cotizar a la Seguridad Social. Para costear esto, la Seguridad Social aplica recargos variables en la cotización tanto de los trabajadores como de las empresas, algo a lo que se oponen las patronales del transporte. Además, este aumento de costes laborales terminaría encareciendo el producto, según reconocen los sindicatos convocantes de la huelga.

Más allá del coste de este tipo de medidas, varios estudios apuntan a que demorar la edad de jubilación eleva la mortalidad, por lo que el ahorro fiscal no compensa el “coste social” de reducir la esperanza de vida. El documento The Effect of Removing Early Retirement on Mortality, publicado por Fedea, analiza el impacto de aumentar la edad de jubilación en 1967 a los 65 años y concluye que retrasar un año la salida del mercado laboral aumentó “significativamente” el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años. El riesgo se concentra especialmente en los sectores y las ocupaciones físicamente más exigentes y las sujetas a un mayor nivel de estrés emocional y mental, y es mucho menor para los individuos que tienen acceso a mecanismos de jubilación parcial que les permiten reducir sus horas de trabajo a partir de determinada edad.