Faltan 385.000 euros en Rascafría: un juez investiga si un exfuncionario desvió facturas de proveedores a sus cuentas

Faltan 385.758 euros de las arcas públicas del Ayuntamiento de Rascafría (1.740 vecinos), localidad situada en la sierra norte de la Comunidad de Madrid. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Torrelaguna investiga desde finales de 2019 si un extrabajador municipal desvió todo este dinero duplicando facturas de proveedores del Consistorio que fueron abonadas a otras cuentas. Es decir, Rascafría pagaba dos veces: una al proveedor y otra (la misma cantidad) a cuentas bancarias vinculadas presuntamente a este exempleado, que entonces era el encargado de verificar precisamente los pagos a proveedores.

La investigación judicial se demora ya casi cinco años. “Al parecer al juzgado le falta un último informe pericial. Es verdad que llevamos mucho tiempo con esta instrucción, pero este juzgado tiene mucho carga de trabajo. Sabemos que se ha producido un embargo preventivo de los bienes de extrabajador investigado, pero de momento no hemos recuperado nada. Hay que tener en cuenta que habrá que esperar a un juicio y a una sentencia para ver si hay algún condenado. Nosotros, como Ayuntamiento, estamos personados en el caso”, explica el actual alcalde de Rascafría, que desde el verano de 2023 es Óscar Robles, de Vox.

El periodo investigado va de 2010 a 2019. En esos nueve años Rascafría vivió muchos cambios políticos en el Ayuntamiento. Entre 2011 y 2015 gobernó el PSOE. En 2015 ganó las elecciones municipales una candidatura vecinal, pero en noviembre de 2017 hubo una extraña moción de censura en la que dos concejales del PSOE (que fueron expulsados), uno del PP (hoy en Vox) y dos ediles independientes de ‘Como quieres Rascafría’ echaron del Gobierno municipal a la candidatura vecinal. Luego en 2019 ganó los comicios el PP, que gobernó con el apoyo de Socialistas de Rascafría, la marca que utilizaron los dos ediles que habían sido expulsados del PSOE en 2017 por apoyar la moción. Todo un lío de siglas.

Santiago Marcos, alcalde del municipio entre 2019 y 2023 y hoy concejal del PP en la oposición, explica a Infobae España que fue su Gobierno el que puso la denuncia a finales de 2019 contra el extrabajador, Juan Antonio G. F. “De momento tenemos poca información de cómo va la investigación judicial. Nosotros nos dimos cuenta de que algo extraño pasaba cuando vi que algunas facturas de distintos proveedores iban a una misma cuenta corriente. Se abrió un expediente disciplinario a este funcionario y con el tiempo se le acabó despidiendo”.

Según señalan fuentes judiciales, todo empezó en 2010. Ese año solo se pagaron facturas duplicadas por valor de 433 euros. En 2011 no hubo ningún movimiento extraño. En 2012 aparecen otros 944 euros duplicados. En 2013 la cantidad presuntamente defraudada ya sube a 4.492 euros. En 2014 es de 10.910 euros. Pero todo se dispara a partir de 2015. Ese año faltan 23.068 euros. En 2016 el Ayuntamiento ha calculado que la cantidad que se le debe es de 44.765 euros, cifra que sube a 66.000 euros en 2017, 91.900 euros en 2018 y finalmente 143.000 euros en 2019. Un total de 385.768 euros. El montante no es nada desdeñable, teniendo en cuenta que el presupuesto anual de un municipio como Rascafría es de tres millones de euros anuales. Cuando se puso la denuncia, la Guardia Civil requirió bastante documentación al Consistorio. El exfuncionario ha declarado que no hay más implicados.

El último paso lo ha dado el grupo municipal socialista. En el Pleno de agosto de este año el concejal Máximo Hernández presentó una moción para que intervenga el Tribunal de Cuentas. “Ya ha habido un proceso disciplinario, con el despido del funcionario; hay otro penal en marcha en el juzgado. Y estos dos no son excluyentes para que haya otro proceso de responsabilidad contable por alcance y asegurar así las cantidades adeudadas al Ayuntamiento de Rascafría”.

“Hace falta realizar una reconstrucción contable de todos los años afectados, teniendo un periodo mínimo de análisis de cinco años en una primera fase que es urgente, ya que este año prescriben los cinco últimos años, según la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Una vez elaborada dicha reconstrucción, se debe remitir a la Unidad de Actuaciones Previas de la Presidencia de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, para la elaboración de un acta de responsabilidad contable por alcance y se aseguren las cantidades adeudadas al Ayuntamiento de Rascafría. ¿Cómo es posible que un funcionario esté duplicando pagos durante nueve años con varios Gobierno distintos sin que nadie se dé cuenta?”, se pregunta el edil socialista. Su moción fue aprobada.