El Tribunal Constitucional admite el recurso del Gobierno contra el protocolo menores migrantes aprobado Canarias

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno de España contra el protocolo de recepción de los menores extranjeros no acompañados aprobado por el gobierno de Canarias, ya suspendido cautelarmente por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Según el TC, el recurso del Gobierno de España se dirige contra los apartados segundo, tercero y sexto del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 2 de septiembre de 2024, en relación con los menores extranjeros no acompañados; y la Resolución de la Dirección General de Protección de la Infancia y las Familias de 10 de septiembre de 2024, por la que se establece el protocolo territorial de estos menores.

El nuevo protocolo implica que antes de la entrega del menor a las autoridades de las islas se haga su previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del fiscal.

Confirmada la disponibilidad de plaza, la recepción del menor por parte de la comunidad autónoma se hará en las comisarías de la Policía Autonómica de Canarias o, donde no existan, en los lugares habilitados. Para la Fiscalía, que fue quien llevó el asunto a la jurisdicción ordinaria el pasado 18 de septiembre, este protocolo supone la “ausencia de atención inmediata” a la situación de desamparo patente en los menores migrantes que llegan desde el mar a las costas del archipiélago.

Tras haber invocado el Gobierno en su impugnación el artículo 161.2 de la Constitución, el Tribunal ha decidido suspender la vigencia y aplicación de estos puntos del protocolo desde el día 26 de septiembre de 2024, fecha de interposición de la impugnación, lo que será comunicado al Presidente del Gobierno de Canarias. El ministerio Público considera que el Acuerdo puede vulnerar varios derechos fundamentales y también competencias autonómicas en materia de inmigración y asistencia a menores no acompañados.

Por su parte, el ministro Ángel Víctor Torres anunció el pasado 24 de septiembre que el Gobierno había acordado llevar al TC el protocolo canario después de que el Consejo de Estado dictaminara que “existen fundamentos jurídicos suficientes” para recurrirlo.

Haciéndose eco de dicho dictamen, Torres apuntó a un conflicto de competencias porque, si bien las comunidades autónomas pueden aprobar sus protocolos territoriales, “no pueden introducir requisitos no previstos en la normativa estatal para la recepción de los menores extranjeros no acompañados”.

Además, el Consejo de Estado señaló que “las dificultades que pudieran existir en la identificación y determinación de edad” de estos migrantes, así como “la insuficiencia o saturación de los medios autonómicos disponibles para atenderlos”, no son circunstancias que “permitan justificar un eventual rechazo de la comunidad autónoma a la recepción de los menores localizados en su territorio ni demorar la atención inmediata que los mismos puedan requerir”.

Noticia con información de Europa Press