Djack, un joven de 20 años que se vio obligado a abandonar su país de origen, Mali, en 2022 por la creciente violencia de un conflicto armado interminable en el que ya han muerto varios miembros de su familia, nunca imaginó que su vida en Europa iba a ser tan complicada. Después de pasar por Argelia y Marruecos, donde sufrió episodios de persecución y violencia policial, decidió solicitar asilo en territorio español, pero ante la imposibilidad de acceder a la oficina de protección internacional de la frontera de Beni Enzar, explican desde la ONG Irídia, el joven trató de saltar la valla de Melilla junto a otro grupo de personas. Ese intento de salto fue reprimido con contundencia por parte de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y durante el operativo “un agente de la guardia civil golpeó a Djack en la cabeza con la porra, causándole la pérdida de la visión en el ojo para siempre”.
Tras esos hechos, que ocurrieron el 2 de marzo de 2022, cuando todavía no había cumplido los 18 años, Djack fue admitido en un centro de menores de Melilla donde se le ofreció una primera atención médica y de allí fue derivado al hospital. Los golpes le causaron una perforación ocular que le ocasionó la pérdida de la visión en el ojo izquierdo, por lo que el joven decidió denunciarlo y este lunes iba a declarar ante la justicia. Sin embargo, según informan desde Irídia-Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, la declaración se ha pospuesto a causa de un error de comunicación entre juzgados.
Esta decisión, critica la organización, “no sólo afecta al proceso judicial, sino que supone una falta de consideración hacia la persona que esperaba ese momento tan delicado”. El joven migrante ha tenido que revivir hechos “extremadamente dolorosos, mentalizarse y trabajar emocionalmente para poder hacer frente a un proceso tan duro como este, por eso la posposición agrava aún más su sufrimiento y el sentimiento de impunidad sobre tan graves hechos”, añaden.
Djack había denunciado al agente que le golpeó por un posible delito de tortura con los agravantes de racismo y prevalencia de carácter público.
La ONG considera que el caso de Djack “es un ejemplo más de la violencia institucional, muchas veces desproporcionada e injustificada, que tiene lugar en la frontera sur española, bajo el pretexto de la necesidad del control migratorio”. “Desde una lógica seguritista y que deja en segundo plano los derechos humanos, se han visto actuaciones policiales graves, incluyendo malas praxis e intervenciones que podrían ser constitutivas de delito, como en este caso”, sostienen.
La masacre de Melilla de junio de 2022
En ese sentido, Irídia también recuerda el intento de salto a la valla de Melilla del 24 de junio de 2022 en el que murieron al menos 40 personas y aún hay más de 77 desaparecidas, unos hechos que se produjeron en “un contexto concreto y sostenido de violencia y racismo institucional”, aseguran.
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