‘Okupas’ en residencias de ancianos de París: vivían con sus familiares y cuando estos murieron se negaron a marcharse

En abril de 2024, Francia lanzó una ley para proteger a las personas mayores. Una normativa que recogía todos los derechos de las que disponen las personas de avanzada edad. Entre estos, están garantizar el acceso a un EHPAD (Establecimiento de Alojamiento para Personas Mayores Dependientes), es decir, una residencia de ancianos para la que ofrecen desde entonces varios descuentos y ayudas económicas.

Sin embargo, el especial cuidado que el país vecino ha puesto en cuidar a la población con más años, ha originado una peculiar situación vivida en dos residencias diferentes de París. Casos diferentes con un mismo proceder: dos personas entraron a vivir con familiares mayores en residencias de mayores, pero cuando estos fallecieron, se negaron a marcharse. Una situación que ha llevado al tribunal administrativo de París a autorizar su desalojo de estos alojamientos sociales, gestionados por el Centro de Acción Social de París (CAS).

Según recoge el medio francés actuParis, el primer caso es el de la nieta de una mujer que vivía en la residencia Les Montmartrois, ubicada en el distrito 18 de la ciudad. La joven entró “sin firmar un contrato de residencia”, valiéndose tan solo de su condición de familiar. Su abuela vivió durante 27 años en esta residencia -se puede entrar desde los 60-, pero pese a que falleció en abril de 2023, su nieta se niega a abandonar el centro, aunque en ningún momento realizó pago alguno, cosa que sí hacía la mujer mayor.

El segundo caso es el de la residencia Des Bois, situada en una calle homónima del distrito 19. En esta ocasión se trata de un hombre, que sin realizar ningún trámite ni firmar ningún contrato, decidió instalarse con su hermano. Lo llamativo de este caso es que su hermano falleció en 2021, por lo que llevaría tres años viviendo allí ilegalmente. Según él, en ningún momento llevó a cabo los trámites por “falta de medios” para los mismos”.

Ambos casos acabaron en los tribunales, tras la denuncia del CAS, que solicitó al juez su expulsión en un plazo de diez días. En caso de no ocurrir, pedían asimismo que se procediera al desalojo, “con la ayuda de la policía”, junto con la extracción de todos sus bienes y a su costo y riesgo. También solicitaron que fueran los ocupantes quienes pagaran las costas judiciales, un cargo de 3.000 euros para cubrir el proceso.

Así, el juez, reconociendo la urgencia de tomar una resolución debido a la necesidad de que los alojamientos “volvieran a estar a disposición de un nuevo ocupante”, junto con los “trabajos de rehabilitación” que una de estas viviendas residenciales iba a necesitar, entendió que era de carácter “útil” proceder con la expulsión. Los ocupantes no presentaron ningún escrito de defensa, mientras que el abogado del CAS insistió en priorizar “el normal funcionamiento y la continuidad de los alojamientos de servicio público administrativo para las personas mayores”.

De este modo, el magistrado finalmente emitió dos sentencias a finales de septiembre de 2024, cuyo contenido acaba de hacerse público. En los autos judiciales, se describe cómo “en un contexto de demanda muy elevada de este tipo de alojamiento”, los ocupantes están socavando el funcionamiento del “servicio público del que es responsable el CAS en la ciudad de París”. Los ocupantes tienen, desde entonces, 15 días para abandonar las residencias, si bien no impuso ninguna sanción económica como coste por el desalojo y la rehabilitación de una de las viviendas. En cambio, sí impuso un pago de 800 euros por las costas judiciales.