La reforma legal para rebajar las penas a etarras no tiene vuelta atrás: “Vote lo que se vote, va al BOE”

La reforma legal que permitiría rebajar las penas a 44 etarras en prisión (siete de ellos podrían incluso quedar en libertad en apenas unos meses) no tiene vuelta atrás. Aunque el PP busca fórmulas para “tratar de revertirla”, retrasando la votación del proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales, que incluye dicho cambio, el texto saldrá previsiblemente adelante en el Senado cuando se vote.

Y es que, según explican varias fuentes jurídicas, aunque la Cámara Alta se muestre mayoritariamente en contra, al no haber registradas enmiendas ni vetos al proyecto legislativo, se considerará que la ley ha sido aprobada por las Cortes. “Vote lo que se vote, va al BOE”, apostillan fuentes socialistas del Senado. Otras voces añaden que, en el caso remoto de que el Senado interpretara “otra cosa”, la norma volvería en todo caso al Congreso, donde recibiría previsiblemente el visto bueno definitivo.

Cabe señalar que la ley para facilitar el intercambio de antecedentes penales entre Estados miembros de la UE fue aprobada por unanimidad en el Congreso y no recibió enmiendas en el Senado. Con esta norma, “España adapta la normativa comunitaria referente al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), que agiliza la cooperación judicial en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia transfronteriza”, tal como defendió el Ejecutivo.

Sin embargo, el proyecto legislativo del Gobierno sufrió, en connivencia con todos los grupos, un cambio importante durante la tramitación parlamentaria del proyecto del Gobierno, que pasó sin pena ni gloria hasta que este lunes, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) dio la voz de alarma.

Concretamente, a propuesta de Sumar, la Comisión de Justicia del Congreso incorporó una enmienda por la que se suprimía un artículo y la disposición adicional de la actual norma que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, esgrimió este lunes que el cambio es una “transposición de una Directiva europea” que fue “aprobada por unanimidad”, incluso por “la extrema derecha”.

Asimismo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, trató de echar balones fuera al asegurar que la reforma no tiene “nada que ver” con el Gobierno porque está “en tramitación parlamentaria”. Si bien, añadió que la modificación “garantiza que se aplique la directiva europea”. Frente a las críticas de la oposición, ironizó con el hecho de que la tramitación parlamentaria ha sido “absolutamente pacífica”, pues en el Senado “ni siquiera ha habido enmiendas a ese proyecto de ley”. “Es decir, que esa tramitación parlamentaria, que se ha producido de manera pacífica y totalmente unánime”, concluyó este lunes.

El PP deja en manos del Gobierno el futuro del cambio legal

Si bien, aunque esta enmienda y la ley en sí contó con el aval de todos los grupos, PP y Vox denunciaron “esta jugarreta, esta trampa que ha hecho el Gobierno para, a través de esta enmienda, posibilitar que presos muy sanguinarios puedan salir de la cárcel sin cumplir con las penas impuestas en España”, como señaló el portavoz nacional del PP, Borja Sémper.

En un intento de ganar tiempo, el PP anunció en la tarde de este lunes que retirará del orden del día del pleno de este martes en el Senado el proyecto de ley. Los populares, conscientes de que tienen las manos atadas, piden al Gobierno que utilice su potestad para retirar esta reforma legal. “De esta forma, sabremos cuál ha sido la verdadera voluntad del Ejecutivo. Queda en sus manos la responsabilidad de dejar sin efecto esta decisión”.

En caso de que el Gobierno no retire el texto, el PP promete que buscará “cualquier alternativa jurídica o parlamentaria que pueda blindar a este país de la indecencia que supondría rebajar condenas a terroristas de ETA a través de artimañas parlamentarias”, sostienen fuentes de Génova, que subrayan la capacidad del PSOE para “parar este despropósito”.

Por otro lado, desde Génova entonan el mea culpa, y aseguran que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, habló a la presidenta de la AVT, Maite Araluce, para “disculparse personalmente por lo ocurrido y compartir el rechazo a cualquier triquiñuela parlamentaria que implique abaratar las condenas a terroristas”.