¿Cuánto le costaría al Estado la desaparición de Muface?

El Gobierno intentará desbloquear las negociaciones con las aseguradoras este martes

Imagen de archivo: Edificio de Muface durante la protesta de funcionarios contra los recortes que han sufrido en su prestación sanitaria, a 18 de abril de 2022, en Madrid (España). (Ricardo Rubio / Europa Press)

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) pasa uno de sus momentos más complejos: la entidad encargada de facilitar asistencia sanitaria privada a 1,5 millones de funcionarios corre peligro de desaparecer si no se cierra en los próximos meses un acuerdo con s DKV, Asisa y SegurCaixa Adeslas, las tres aseguradoras que colaboran con ella.

La última reunión entre las aseguradoras DKV, Asisa y SegurCaixa Adeslas (del Grupo Mutua) y el Gobierno, que tuvo lugar la semana pasada, concluyó sin acuerdo. La oferta del Ejecutivo de elevar la prima un 14% para el próximo acuerdo bianual ha parecido insuficiente a las aseguradoras, que pedían un 40% para hacer frente al aumento de los gastos sanitarios.

La próxima reunión está prevista para el 8 de octubre, han señalado fuentes de la negociación a EFE que recuerdan lo apurado de los plazos para una renovación. El concierto actual caducará el 31 de diciembre, en menos de tres meses, y el acuerdo de 2025 deberá pasar primero por el Consejo de Ministros antes de entrar en vigor.

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1.000 millones de euros a las arcas públicas

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) criticó en un comunicado “la escasa remuneración ofrecida por el Gobierno” y alertaba de que la desaparición de Muface podría suponer el “colapso total de la [sanidad] pública” por los elevados costes a los que tendría que hacer frente la Administración.

Segú un estudio realizado por la Cátedra Extraordinaria de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, patrocinado por la propia ASPE, calculó en febrero de 2024 que las mutualidades le ahorran más de mil millones de euros cada año a las arcas públicas.

El informe calculaba este ahorro para la cobertura sanitaria de 2,1 millones de personas, si bien actualmente se baraja que Muface asiste a 1,5 millones de funcionarios. De acuerdo con el estudio de la UCM, el ahorro anual por cada mutualista es cercano a los 600 euros. Ello es posible, según explicó uno de los autores en un comunicado, a que el Estado solo repercute alrededor de un 50 % de la subida de los costes sanitarios a las aseguradoras privadas que dan cobertura a los mutualistas.

Infrafinanciación de las mutuas: 1.608 euros de gasto por ciudadano

Las aseguradoras ven que el actual concierto es “ruinoso”. Así lo valoró el pasado mes de marzo el presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, que expresó que “Muface siempre ha sido un concierto deficitario” y que todos los participantes perdían dinero. “Pero lo compensábamos con economías de escala y era soportable, pero ahora mismo es ruinoso”, añadió.

Según confirmaron fuentes de SegurCaixa, perteneciente al Grupo Mutua, al diario Expansión, el actual concierto para cubrir la sanidad de los funcionarios, que abarca de 2022 a 2024, le va a suponer una pérdida acumulada de 256 millones de euros.

En este incremento del gasto influye el envejecimiento progresivo del funcionariado: desde el año 2011, la edad media de los mutualistas ha aumentado en siete años, hasta situarse por encima de los 46 años. De hecho, el 40 % del colectivo cubierto por SegurCaixa Adeslas tiene más de 55 años. La mayor edad de los mutualistas supone una mayor frecuencia de uso de los servicios asistenciales y una siniestralidad que se sitúa por encima del 100%, ha explicado a EFE la compañía.

El aumento de los costes sanitarios también se ha visto impulsado por el crecimiento del IPC y por la inclusión en los últimos conciertos de coberturas más amplias y tratamientos de última generación y precio elevado. ASPE evalúa que el gasto sanitario real por cada ciudadano que atienden se sitúa en 1.608 euros y pide que la prima de Muface se equipare a estas cifras.

Cabe resaltar, no obstante, que un estudio elaborado por dos investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) apuntó que las aseguradoras derivarían a la sanidad pública los pacientes que suponen un mayor coste.

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