La Audiencia Nacional abre una investigación contra el chiringuito financiero que patrocinó a Alvise Pérez en campaña

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto una causa contra el chiringuito financiero Madeira Invest Club, cuyo fundador patrocinó a Alvise Pérez en la campaña electoral a las elecciones europeas, por “supuesta estafa piramidal”. Sin embargo, ha rechazado por el momento enviar la causa contra el euridiputado al Tribunal Supremo por el cobro de 100.000 euros en metálico del fundador, porque, según doctrina del alto tribunal, se debe remitir una exposición razonada para investigar a un aforado “cuando aparezcan indicios de responsabilidad”.

No obstante, la Fiscalía del Tribunal Supremo prosigue su investigación contra el eurodiputado tras la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado el propio Álvaro Romillo, conocido en redes sociales como CryptoSpain y creador del Madeira Invest Club.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite, como pedía la Fiscalía, las tres denuncias de colectivos de afectados del Madeira Invest Club. Se trata de la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas. Las tres presentaron denuncia contra el empresario Álvaro Romillo como responsable del Madeira Invest Club y contra la entidad como persona jurídica, entre otros.

El juez cree que la Audiencia Nacional es competente para investigar al chiringuito financiero al alcanzar la presunta estafa denunciada por las acusaciones los 11 millones de euros cuando la cantidad mínima establecida son 7 millones.

En su auto, el juez indica que una vez determinado que los hechos son susceptibles de constituir una defraudación, sin perjuicio de la calificación jurídica que se realice en el momento procesal oportuno, parece con “meridiana claridad” que pueden ser constitutivos de un delito de estafa y que serían competencia de la Audiencia Nacional por el número de perjudicados y la cuantía de lo supuestamente defraudado.

Se atisba, dice el magistrado, una “compleja instrucción” con un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania, que hará necesario acudir de forma recurrente a la emisión de instrumentos de cooperación jurídica internacional para, entre otros cometidos, localizar a las personas que hayan participado en los hechos, así como para localizar activos financieros.

El auto indica que los documentos incorporados en las denuncias y enlaces a información externa apuntan a que la cifra de afectados podría llegar a los 27.000 y el perjuicio a estos ocasionados podría superar los 300 millones de euros, circunstancias estas que sitúan a este órgano judicial en una posición favorable desde un punto de vista funcional para afrontar la investigación.

Sobre la petición de imputación en el Tribunal Supremo de Alvise Pérez, realizada por la Asociación de Usuarios de Criptomonedas en una ampliación de su denuncia, el juez explica que no puede ser atendida sin formular la correspondiente exposición razonada al alto tribunal.

Calama precisa que no basta con la constatación puramente nominal de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado, sino que “ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar, con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente, el alcance objetivo y subjetivo de los hechos”.