El malestar por la vivienda sale a la calle para pedir a los políticos que actúen: ¿es posible una huelga de alquileres?

El elevado precio de la vivienda, tanto de alquiler como de compra, el aumento de los pisos turísticos que expulsa a la población de sus barrios o el impacto de la especulación y los fondos buitre son solo algunos de los motivos por los que una treintena de colectivos sociales de Madrid han convocado a una manifestación para el domingo 13 de octubre. Confían en que será multitudinaria y pueda desembocar en acciones más contundentes como una “huelga de alquileres”, una medida con la que las organizaciones que luchan el derecho a una vivienda digna quieren “forzar a los rentistas a reducir el precio hasta un 50%” de forma que los inquilinos no dediquen a la vivienda más un tercio de sus ingresos mensuales.

En España, sin embargo, dejar de pagar el alquiler en señal de protesta no está amparado como derecho en la legislación y, por lo tanto, podría tener consecuencias legales para quienes incurran en esta práctica como reclamaciones judiciales o incluso desahucios. No obstante, en esta entrevista con Infobae España Fernando De los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, aclara que ya hay ejemplos en el país de huelgas de alquiler parciales contra algunos fondos de inversión que poseen cientos de pisos.

Pregunta: ¿En qué cosiste la huelga de alquileres que proponéis?

Respuesta: Lo primero es decir que la huelga de alquileres es un horizonte al que caminamos y digamos que la manifestación del 13 de octubre puede ser un punto de inflexión en el sentido de que aglutinemos toda esa movilización masiva para que veamos que esa huelga es posible, porque, efectivamente, si solo una persona dejara de pagar el alquiler, podría ser demandada por impago, pero si de golpe hay miles de personas que dejan de pagar, a lo mejor una parte de ese alquiler, por ejemplo, tiene una fuerza diferente, como ya hemos aprendido de otras luchas en otros ámbitos como en sanidad o educación.

Queremos hacer uso de esa herramienta aunque la ley no la reconoce explícitamente, por eso estamos pensando y decidiendo colectivamente cómo se materializaría. Tenemos ejemplos de otros lugares como Nueva York o Toronto donde sí se ha reconocido y funciona. Lo que hicieron allí fue depositar una cantidad en un fondo fiduciario, lo que equivaldría a la consignación judicial que tenemos aquí. Pero, por ahora, insisto, estamos estudiándolo. Lo que sí tenemos en España es el ejemplo de los bloques de vecinas y vecinos que han dejado de pagar una parte del alquiler (son unos 900), es decir, han hecho una huelga parcial de alquileres, dejando de pagar gastos como la comunidad y el IBI, que corresponden a los propietarios. En este caso, las viviendas pertenecen a un fondo buitre que tiene muchos pisos y al tercer año de contrato se activaron unas cláusulas abusivas, por lo que los vecinos decidieron denunciarlo. Este es el ejemplo que ahora hemos tomado como modelo de hacia donde tenemos que caminar, porque las instituciones no se están encargando de tomar las medidas para que los precios bajen y tenemos que buscar una forma de autorregularlos.

P: ¿Es más fácil, digamos, llevar a cabo esa huelga parcial si el propietario es un fondo de inversión y no una persona concreta?

R: Las cláusulas solo se pueden denunciar cuando tienen ese carácter abusivo, cuando el casero en este caso tiene esa cualidad de ser empresa, de ser fondo, un actor que hace negocio y que utiliza un mismo modelo para todos los tipos de contratos, igual que en su momento ocurrió con las hipotecas frente a los bancos. Ese modelo de cláusulas abusivas sí que se limitaría a ese tipo de propietarios. Pero la idea de la huelga de alquileres hacia la que caminamos no distingue entre propietarios o multipropietarios. Nuestro horizonte es que tienen que bajar los precios y tienen que bajar ya para todas las inquilinas porque lo que estamos pagando no es asumible en función de los sueldos que tenemos.

P: Se trata de un problema complejo, pero al menos esa bajada de precios daría un respiro a quienes alquilar una vivienda...

R: Sí, totalmente. Exigimos una bajada general del 50% en los precios de alquiler, pero la idea de esa autorregulación es que como mínimo empiecen a bajar, porque la mayoría de las personas que estamos de alquiler pagamos más de la mitad de nuestro sueldo y apenas nos queda para otras cosas. Esto no es solo un ataque porque consideremos injusto lo que estamos pagando a nuestros caseros, sino que también es una llamada de atención a las instituciones porque no están haciendo nada al respecto y deben tomar cartas en el asunto. Ahora mismo hay un límite de precios en la Ley de Vivienda, pero ese límite solo se está aplicando en Cataluña, donde además todos los alquileres están escapando al alquiler de temporada y por habitaciones, que se siguen rigiendo por el Código Civil. Era previsible, además, que en las comunidades autónomas donde gobierna la derecha no se aplicara ese índice de precios, pero es que también está ocurriendo en las que gobierna la izquierda, que ha hecho ese índice a nivel estatal. Es sangrante. Es más, La Ley de Vivienda prohíbe a las agencias cobrar honorarios y en realidad los siguen cobrando de forma fraudulenta poniendo otro nombre al servicio, algo que también hemos denunciado pero el juicio se ha dictado para 2026 debido al colapso de la justicia.

P: ¿Qué otras medidas propone el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos para acabar con el problema de la vivienda?

R: Además de la reducción general del 50% de los precios del alquiler, exigimos la prohibición de los pisos turísticos, sobre todo teniendo en cuenta lo tensionadas que están algunas ciudades, pues la prioridad tiene que ser que puedan vivir las personas que habitan esas ciudades y, hasta que eso llegue, se deberían al menos perseguir los pisos turísticos ilegales que ya están funcionando en Madrid. También habría que movilizar la vivienda vacía, que en la capital está en torno a unos 100.000 pisos y en la Comunidad de Madrid asciende a unos 200.000, y en cambio se nos está proponiendo liberalizar suelo, independientemente del color del partido, volver a construir más, que es la misma receta que ya ocurrió con la burbuja inmobiliaria de 2008 y que acabó como ya sabemos. También hay que regular el alquiler de temporada y de habitaciones para evitar fraudes, porque no tienen ninguna de las protecciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos, se aplica el Código Civil. Dar más facilidades a las cooperativas de vivienda es también otra opción, pero por el momento, salvo en Cataluña, apenas hay cesión de suelo para construir este tipo de proyectos colectivos.

Vemos cómo cada vez la concentración de la propiedad está en menos manos, porque con esos ahorros que damos a los caseros, ellos siguen comprando e invirtiendo en vivienda y, como no hay límite y es un buen negocio, les da esa rentabilidad que les permite seguir creciendo mientras hay una capa de la población que se está quedando empobrecida de forma permanente. Una forma de solucionar eso es atacar al rentismo con la bajada de precios del alquiler. Y luego habría otra dimensión y es que las instituciones públicas también deben ofrecer una alternativa totalmente pública y, sin embargo, esta misma semana hemos visto en la Operación Campamento que se van a hacer más de 10.000 viviendas y volvemos a cometer el error de siempre y es que dentro de 15 años esas viviendas volverán a ser privadas y a estar en el mercado.

También hay que desarticular las empresas de desocupación, esos matones que visitan a las personas a las que se les quiere subir el precio o se les acaba el contrato de alquiler, pues generan mucho sufrimiento. Esto está permitido y no deberían existir.

P: Esta misma semana habéis pedido también la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

R: Sí, consideramos que es la máxima responsable política de esta situación y que debería dimitir. Hasta ahora apenas ha tomado ninguna carta en el asunto y vemos cómo se reúne una y otra vez con la patronal inmobiliaria y no con los sindicatos de inquilinas y otros movimientos de vivienda. Hace poco solo se le ocurrió apelar a la solidaridad de los propietarios para solucionar el problema de la vivienda en España.

P: ¿Creéis que la manifestación del 13 de octubre será un punto de inflexión?

R: Esperamos que efectivamente sea masiva y que toda esa fuerza colectiva lance un mensaje y una presión a las instituciones y también a los caseros de que ya se acabó. Necesitamos saber que somos muchas, saber que podemos actuar conjuntamente para tomar medidas que generen un cambio como es ese horizonte hacia el que caminamos de la huelga de alquileres. Al final siempre han sido las propias personas afectadas las que han salido a las calles, las que se han unido y organizado colectivamente para conquistar derechos.