Despedida y condenada: una profesora enfrenta cargos por dar clase con un título falso

Ejercer profesiones con títulos falsos es una práctica que, si bien es completamente ilícita, se han conocido varios casos. Por ejemplo, uno de los más sonados en España fue la de un falso fisioterapeuta que ejerció más de 30 años y que también estafó más de 300.000 euros.

Algo similar ha ocurrido en Italia. El Tribunal de Cuentas de Molise ha revelado un caso de fraude por carecer de titulación. Una profesora estuvo durante años ocupando un puesto de docente sin la titulación necesaria, y ahora deberá ahora enfrentar cargos por los perjuicios económicos que causó al Estado al ocupar un puesto docente sin la titulación requerida. Así lo ha detallado el medio italiano Orizzonte Scuola Notizie, que ha tenido acceso a la sentencia 23/2024 de dicho tribunal de cuentas.

Según la sentencia, la profesora había asegurado en sus documentos contar con un título universitario, obtenido supuestamente en un día festivo, un domingo. Sin embargo, la universidad verificó que, aunque la docente estaba inscrita como estudiante en un programa universitario, nunca concluyó los estudios necesarios para obtener la titulación. Con esta declaración falsa, la profesora logró ocupar una plaza de suplente en una escuela, sin el nivel académico requerido para el puesto.

El descubrimiento de la falsificación desencadenó su despido inmediato, y la Corte de Cuentas procedió a evaluar los daños financieros derivados de esta contratación ilícita. Se consideró que el acceso a un puesto público con documentación falsa implica no solo la nulidad del contrato laboral, sino que además constituye un fraude económico contra la Hacienda Pública.

El Tribunal de Cuentas de Molise señaló que este caso representa un claro perjuicio económico para el Estado italiano. Durante el tiempo en que la profesora trabajó en el puesto, percibió un salario que, junto con otros beneficios previsionales, representa un costo indebido para la administración. Al carecer de la titulación exigida, el contrato de la docente es considerado nulo desde el inicio, lo cual significa que el salario y las prestaciones percibidas son, en esencia, producto de un engaño.

El Tribunal ha subrayado que esta situación no solo implica un gasto para el erario público, sino que también afecta los derechos futuros de jubilación y las prestaciones asistenciales a las que accedió la profesora al trabajar en el sector público. Al invalidarse el contrato, se elimina cualquier posibilidad de compensación o ventaja derivada de la labor desempeñada, y la profesora podría ser obligada a devolver el dinero percibido ilegalmente.

El fallo de Molise ha encontrado respaldo en decisiones previas de la Cámara de Casación, que ha resuelto casos similares, como el de un trabajador que declaró falsamente ser enfermero para obtener un empleo público. En aquella ocasión, la Corte confirmó que el delito de estafa agravada contra la administración pública existía, ya que el acusado percibió un salario sin tener la titulación exigida, lo que causó un daño injusto al Estado. En estos casos, se considera tanto el lucro obtenido por el acusado como el perjuicio económico para el ente público, ambos configurando la figura delictiva.

La sentencia 23/2024 establece que, en casos de fraude como este, no es aplicable la “regla de las ventajas” para la administración. Esta norma suele aplicarse en situaciones donde la administración, aunque afectada por un fraude, logra algún beneficio del servicio prestado. En este caso, el Tribunal considera que, al tratarse de una contratación fraudulenta, no existe ninguna ventaja para el sector público o la comunidad escolar que justifique mantener los efectos de la relación laboral.