Estas son las distintas formas en las que puedes repartir una casa después de un divorcio

En 2023, un total de 92.344 parejas en España decidieron poner fin a su matrimonio, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dato refleja la tendencia creciente de disolución matrimonial en el país, donde, de acuerdo con el informe Transformación y crisis de la institución matrimonial en España, el 50% de los matrimonios nacionales termina en separación.

Para las personas involucradas, el fin de una relación matrimonial no solo implica un importante desafío emocional, sino también la necesidad de enfrentar un complejo proceso legal, que conlleva la negociación y el establecimiento de acuerdos en varios aspectos clave. Entre ellos, destacan la distribución de bienes comunes, la posible asignación de pensiones compensatorias, y la determinación de la custodia de los hijos o, cada vez más usual, la de las mascotas.

Además, en muchos casos, el proceso puede derivar en complicaciones adicionales si no se logra un acuerdo entre las partes, lo que puede alargar los procedimientos judiciales y aumentar los costes asociados, tanto económicos como emocionales. La mediación se ha convertido en una opción cada vez más promovida para evitar largos litigios, facilitando acuerdos que eviten enfrentamientos judiciales prolongados.

Como explican desde el bufete madrileño, Vilches Abogados, se trata de un tema especialmente relevante cuando hay menores involucrados, ya que el bienestar de los hijos suele ser la prioridad en la resolución de estos casos. La decisión sobre el uso y disfrute de la vivienda no solo depende de si esta es un bien ganancial o privativo, sino también de otros factores como la protección de uno de los cónyuges tras la separación.

El régimen económico acordado al momento de la unión matrimonial juega un papel crucial en la determinación de la propiedad y el mantenimiento de la vivienda tras el divorcio. En un régimen de bienes gananciales, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se consideran compartidos, lo que incluye tanto las ganancias como las pérdidas. Esto implica que, al momento de la separación, la vivienda puede ser objeto de disputa si no se llega a un acuerdo mutuo.

La presencia de hijos menores es un factor determinante en la decisión de quién se queda en la vivienda. En muchos casos, el cónyuge que obtiene la custodia de los hijos suele tener el derecho de permanecer en el hogar familiar para asegurar la estabilidad de los menores. Sin embargo, esta situación puede variar dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso y de las decisiones judiciales.

Además, se debe considerar si uno de los cónyuges queda en una situación de desprotección económica tras el divorcio. En tales casos, los tribunales pueden decidir otorgar el uso de la vivienda a la parte más vulnerable para garantizar su bienestar. Este tipo de decisiones busca equilibrar las necesidades de ambas partes, siempre priorizando el interés superior de los hijos.

Según explican desde el portal inmobiliario de Fotocasa, una de las alternativas más sencillas y populares es la venta de la vivienda. Si el matrimonio está bajo el régimen de gananciales, la casa se vende y el dinero se reparte en partes iguales. En el caso de separación de bienes, el reparto se hará según el porcentaje de propiedad de cada cónyuge. Aunque hay que recordar que, en divorcios con hijos menores, la venta requiere autorización judicial para garantizar que no afecte negativamente a los menores.

Sin embargo, puede surgir el problema de que uno de los cónyuges no quiera vender. En estos casos existen dos opciones:

• Extinción de condominio: Esta opción permite a uno de los cónyuges quedarse con la vivienda a cambio de compensar económicamente al otro. Es más habitual en matrimonios con separación de bienes. Esta operación es menos costosa que una compraventa, ya que solo tributa en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).
• División de la cosa común: Si no hay acuerdo, un juez puede ordenar la venta de la vivienda y el reparto del dinero. Esto generalmente implica una subasta, donde el precio de venta suele ser entre un 20 % y un 30 % más bajo que el valor de mercado, además de un proceso judicial largo.
• Venta del proindiviso: Consiste en vender la parte de la vivienda de uno de los cónyuges a un tercero. Esta venta suele ser entre un 35% y un 50% inferior al precio de mercado, ya que el comprador solo adquiere una parte de la propiedad. Además, el otro cónyuge tiene derecho preferente de compra.

Por otro lado, aunque es menos frecuente, también se puede dividir la vivienda en dos, es decir, adaptarla para crear dos propiedades independientes. Esta opción requiere acuerdo entre las partes y, en el caso de pisos, también debe contar con la aprobación unánime de la junta de propietarios y cumplir con los requisitos legales para modificar escrituras y registros catastrales.