El Gobierno acuerda con EH Bildu reformar la ‘ley mordaza’: fin a las pelotas de goma y rebaja de las sanciones por faltas de respeto a la autoridad

El Gobierno y EH Bildu han alcanzado un acuerdo para modificar la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. La portavoz de la coalición abertzale en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y el diputado Jon Iñarritu han comparecido este jueves en rueda de prensa para explicar los detalles del pacto en esta materia. “Hemos acordado las cuatro cuestiones que aún estaban pendientes y que supondrán acabar con la ley mordaza”, ha aseverado Aizpurua para después desgranar los acuerdos en lo relativo a las faltas de respeto a la autoridad, el delito de desobediencia, las pelotas de goma y las devoluciones en frontera.

En cuanto al contenido, “se acaba con la discrecionalidad que existe en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia”. Se da el caso de que ambos artículos constituyen las infracciones por las que más se sanciona bajo el paraguas de la norma. De esta manera, la reforma de la ley recogerá que esas sanciones deberán ser “objetivables y justificadas, terminando con la discrecionalidad o subjetivad en las mismas”.

Asimismo, las sanciones por falta de respeto se cancelarán “en caso de que la persona sancionada se retracte o pida disculpas por una expresión o un insulto emitido en un momento de nervios o tensión”, ha añadido Iñarritu. Por ende, serán sanciones leves “los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”.

Para entender cometida la infracción “deberá tratarse de expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legítimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión. Asimismo, se dejará sin efectos la sanción cuando el sancionado acceda a retractarse/disculparse por sus expresiones”, esgrime el apartado 4 del artículo 37.

Por otro lado, las faltas por desobediencia, consideradas ahora como falta grave, pasarán a tener carácter leve. Se establece que la desobediencia debe ser manifiesta, clara y objetivable, que será sancionable solo cuando esté ajustada a una orden legal, ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, impidiendo la discrecionalidad sobre requerimientos y sanciones. “La resistencia a la autoridad o sus agentes utilizando oposición corporal cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, y cuando no sea constitutiva de infracción penal”.

También, las pelotas de goma “serán sustituidas por medios menos lesivos”, un cambio que el Gobierno hará de manera progresiva. La nueva disposición adicional sobre “gestión policial y material antidisturbios” quedará redactada de la siguiente manera: “Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con estándares internacionales, sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones, incluyendo la utilización de uso de la fuerza y material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables. Asimismo, se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos”.

Y, por último, el acuerdo incluye que se aborde la problemática de las devoluciones de migrantes en la frontera, conocidas como devoluciones en caliente, “desde una perspectiva humanitaria”. Esto conllevará la reforma de la ley de extranjería en el plazo máximo de seis meses, “estableciendo como criterios para la modificación el respeto y aplicación de la normativa de Derechos Humanos y protección internacional, estableciendo el acceso y evaluación a las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión”, señala el acuerdo.

Estas nuevas cuatro cuestiones, que impidieron la reforma de la ley en la pasada legislatura, sumada al resto de aspectos acordados y aprobados hace dos años, conformarán la nueva Ley Orgánica, destinada a sustituir la denominada ley mordaza por la nueva “Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana”. Según ha explicado Aizpurua, serán los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, los encargados de presentar la norma, que además deberá de tener el consenso del ERC, Junts, PNV, Podemos y BNG para que sea plasmada en el BOE.

Por lo pronto, la formación de Ione Belarra ha afeado el acuerdo: “Esto no se puede llamar ‘derogación de la ley mordaza’ porque se queda muy corto este acuerdo. No se prohíben las balas de goma y continúan las devoluciones ilegales de personas. Es un retoque muy estético, pero que no aborda las grandes cuestiones que a nuestro juicio deberían eliminarse. En definitiva, es una reforma que lleva la firma del PSOE: un titular muy grande y mejoras muy, muy pequeñitas”, ha verbalizado Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos.