Un fondo buitre quiere desahuciar en Madrid a una familia vulnerable a la que niega un alquiler social: “Viviremos bajo un puente”

Enfrentarse a un desahucio es tan demoledor que el shock postraumático se asemeja al que puede producir una catástrofe natural como un terremoto o un incendio. Lo explicaba en entrevista con Infobae España la socióloga Laura Barrio, activista por el derecho a la vivienda en Madrid, donde también advertía de los problemas que genera en la salud mental la amenaza de perder la casa o la inseguridad de un alquiler de escasa duración, pues supone “un sufrimiento constante”, una fuente de desesperación y preocupación, cuando en realidad la vivienda debería ser un lugar de cobijo y estabilidad. Precisamente, un reciente estudio evidenciaba la estrecha relación entre salud mental y vivienda, ya que cerca de un 40% de la población reconoce haber experimentado estrés o ansiedad, un 30% soledad y un 23% depresión en su hogar, situaciones que se incrementan entre las rentas más bajas.

Leonor, una mujer de 60 años con un hijo estudiante y un familiar con discapacidad severa a su cargo, conoce perfectamente ese sufrimiento, esa profunda sensación de derrota que genera la amenaza de desahucio, ya que es la segunda vez que se enfrenta a uno. Lleva dos años sin poder pagar el piso donde vive en Madrid desde 2012 porque encontrar un trabajo estable en el sector de la cultura, cuenta a este periódico, ha sido misión imposible y, con su edad, lo ve aún más complicado a medida que pasa el tiempo.

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El pasado mes de julio, Leonor recibió una orden de desahucio donde le comunicaron que tiene de plazo hasta el 13 de octubre para abandonar su casa, un piso de promoción pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, ubicado en el PAU de Carabanchel, al que accedió por sorteo y que hace años fue adquirido por un fondo buitre. A pesar de que el Real Decreto 11/2020, por el que se adoptaron medidas en el ámbito social y económico para hacer frente al covid, establece la obligación de los grandes tenedores de ofrecer alquileres sociales en caso de vulnerabilidad sobrevenida, “el fondo buitre en cuestión ha hecho oídos sordos a esta disposición”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Al ser desempleada de larga duración, la empresa considera que Leonor no se puede acoger al Real Decreto.

“La familia cumple todos los requisitos para ser beneficiaria de un alquiler social, pero el fondo buitre les ha negado esta opción argumentando sus bajos recursos, cuando es precisamente esta condición la que les hace merecedores de tal consideración”, explica esta organización que defiende el derecho a una vivienda digna. El sindicato considera que el de Leonor es un caso de “clara discriminación”, ya que el fondo buitre propietario de la vivienda ha concedido alquileres sociales en el mismo edificio a otras tres familias, y critica también la “inacción institucional” por parte de los Servicios Sociales de Vista Alegre del Ayuntamiento de Madrid “por haberse limitado a realizar consultas superficiales sin ejercer la presión necesaria para hacer cumplir la ley”.

Para el sindicato el caso trasciende lo individual y “se erige como un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en Madrid”. “La negativa del fondo buitre a otorgar el alquiler social, a pesar de las múltiples solicitudes y de la evidente vulnerabilidad de la familia, es un desafío directo a nuestro Estado de derecho y a los valores de solidaridad que deberían regir nuestra sociedad”, sostienen. Por todo ello, la organización hace un llamamiento a la Comunidad de Madrid, cuyo Ejecutivo lidera Isabel Díaz Ayuso, para que “aplique las sanciones previstas por ley a los grandes tenedores que incumplan sus obligaciones sociales”.

A medida que pasan los días, la angustia de Leonor, que solo cobra un subsidio por ser mayor de 52 años, va en aumento porque, si les desalojan, no tienen opción de ir a otro lugar o de que un familiar pueda echarles una mano y solo pide que se le conceda ese alquiler social. La única alternativa que los Servicios Sociales le han ofrecido, explica, “es una habitación compartida con otras familias de forma temporal”, pero esa propuesta “solo es un parche” y no soluciona el problema de fondo.

“Si nos desahucian, ni siquiera sabría dónde meter todas las cosas que tengo en casa, los muebles, los electrodomésticos, la ropa... Me tendría que ir a vivir debajo de un puente”, dice preocupada mientras sigue enviando currículums en busca de una oportunidad laboral que pueda ayudarle a salir de esta situación. “Tengo 60 años y toda la responsabilidad de la familia sobre mí. A veces tengo la sensación de que me va a estallar la cabeza”.

Aunque los desahucios se han convertido en un fenómeno silencioso, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid advierte de que se siguen produciendo a diario en todo el país a pesar del mencionado decreto 11/2020 y de que el pasado mes de mayo el Gobierno prorrogó cuatro años más la suspensión de los desahucios hipotecarios de la vivienda habitual para deudores en situación de vulnerabilidad. En muchas ocasiones se debe a que los requisitos de vulnerabilidad económica que se deben acreditar para paralizarlos son demasiado exigentes y no todas las personas afectadas pueden cumplirlos. A esto se suma que el proceso de desahucio no se suspende inmediatamente en caso de que se acrediten los requisitos fijados, sino que depende de la decisión del juzgado de turno.

La vivienda ya es una de las mayores preocupaciones de la población en España, superando incluso al desempleo y la economía, ya que considera que el acceso a un hogar es el principal factor de desigualdad. La compra y el alquiler se han disparado incluso en ciudades que antes eran asequibles, asfixiando así a miles de familias y jóvenes. A esto se suma que el pasado 17 de septiembre, el Congreso de los Diputados rechazó tramitar una proposición de ley promovida por organizaciones sociales y de inquilinos para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones después de que Junts votara en contra, en lugar de abstenerse como habían anunciado, si bien el texto también fue rechazado por el PP, Vox y UPN.

Tras esa decisión política, las organizaciones por el derecho a una vivienda digna decidieron convocar para el domingo 13 de octubre una manifestación en Madrid en la que esperan congregar a miles de personas. “Hay una mayoría social que lleva demasiado tiempo pagando la crisis de la vivienda, mientras una minoría se enriquece a costa de su esfuerzo y trabajo”, asegura el sindicato, una situación de la que no solo responsabilizan al Gobierno central, “por no haber frenado la especulación inmobiliaria y la burbuja de los alquileres”, sino también al Ejecutivo de Ayuso y los gobiernos municipales “por su absoluta dejadez de funciones y sus políticas a favor de las inmobiliarias”.