El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León ha dictado una sentencia en la que obliga al Ayuntamiento de León a indemnizar a un funcionario de 66 años con 149.858 euros. Este pago sería una compensación por la sobrecarga de trabajo que este hombre, abogado del departamento jurídico del consistorio, sufrió entre los años 2014 y 2022.
Según el juez, el trabajo realizado por este funcionario debería haber recaído sobre tres personas y no sobre una sola. De hecho, este era el número de trabajadores con el que llegó a contar la asesoría legal del Ayuntamiento desde 2014, año en el que comenzarían a ser dos o incluso un único letrado -salvo en ocho meses en los que una de las plazas vacantes se cubrió-. Ante esta situación, sus obligaciones laborales se vieron aumentadas exponencialmente.
En riesgo la “integridad física y moral” del trabajador
La sentencia lo ha definido, de hecho, como una “carga de trabajo inasumible”, y no fue hasta 2022, cuando el propio funcionario tuvo que pedir una baja de dos meses, cuando el Ayuntamiento reaccionó y contrató a dos interinos... porque solo entonces vieron que no tenían abogados. De esta forma, el juzgado ha considerado que se trató de una falta repetida que provocó “daños continuados”, algo que se agrava si se tiene en cuenta que el hombre denunció esta misma situación a recursos humanos en varias ocasiones.
Por ello, el juez consideró que el consistorio había incurrido en un incumplimiento de los derechos laborales del letrado, desprotegiéndolo frente a los riesgos de salud y seguridad del trabajo en una violación que remite al “derecho a la vida y a la integridad física y moral” que recoge la Constitución Española. Pese a ello, la sentencia no es firme y habrá que esperar a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tras el recurso presentado por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento alegó que el abogado había trabajado de más voluntariamente
Así, en unas declaraciones recogidas por la Agencia EFE, el alcalde del municipio, José Antonio Díez, ha opinado que no se deberían sacar conclusiones hasta “ver lo que determina al respecto” este órgano judicial. El político, en el cargo desde el año 2019, ha asegurado desconocer si esta situación de explotación laboral se producía o no, y ha insistido en la idea de que se realizarán las valoraciones oportunas hasta que el fallo sea firme.
No obstante, cabe destacar que, en su defensa, el Ayuntamiento alegó que el funcionario había asumido voluntariamente esa carga de trabajo adicional, cosa que no evitó que la sentencia destacara la actitud “reprochable” del órgano administrativo por no ofrecer ninguna solución para evitar la desprotección sufrida por el abogado. “la situación lesiva fue generada directamente por la pasividad del Ayuntamiento, que en cualquier momento pudo remediarla, pero no lo hizo”, explica la sentencia.
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