La ley ‘anti-Gandhi’ de Meloni, nuevo referente europeo de Feijóo: hasta dos años de cárcel por cortar la carretera en manifestaciones pacíficas

Desde su llegada al poder, la primera ministra italiana Giorgia Meloni ha predicado al exterior la imagen de una extrema derecha más edulcorada y rejuvenecida que incluso a seducido a la derecha moderada en Europa ―el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a ella en reiteradas ocasiones como un modelo a seguir por su gestión migratoria―. Pero de puertas para dentro en Italia se llevan a cabo políticas que poco se distinguen del ultra conservadurismo de Orbán, Le Pen o Wilders.

A mediados de septiembre, la líder del partido con raíces neo-fascistas Hermanos de Italia (Fratelli d’Italia) presentó ante el Parlamento una nueva “ley mordaza” que pondrá el foco en las manifestaciones de activistas sindicales y climáticos al sancionar la obstrucción de carreteras y vías férreas con penas de hasta dos años de cárcel para los infractores .

La nueva ley de seguridad ciudadana ha sido bautizada como ‘ley anti-Gandhi’ precisamente por dirigirse contra las manifestaciones pacíficas, cuyas sanciones se aplicaban hasta ahora por la vía administrativa. Además de incluir 20 nuevos delitos penales o agravantes, la norma endurece las sentencias para quienes se resistan a la policía, y prolonga el tiempo de prisión hasta ocho años para los reos que participen en acciones como huelgas de hambre. La oposición lamenta que de aprobarse en el Senado, prohibiría de hecho las protestas callejeras en el país.

Meloni también ha prometido ‘mano dura’ contra la población migrante, otra de sus principales preocupaciones: contempla que los extranjeros requieran de un permiso de residencia para pedir una tarjeta telefónica, lo que dificultará que se puedan comunicar con sus familiares. El paquete incluye además otras medidas muy recurridas por la derecha populista como la castración química a los violadores.

La propuesta del gobierno italiano ha desatado las críticas de la oposición, asociaciones juveniles y sindicatos como CGIL y UIL, dos de los principales del país. La semana pasada tuvo lugar una concentración en Roma a la que acudieron cientos de manifestantes bajo el lema “Todas las porras son un fracaso. Libertad de expresión y manifestación”. Algunos magistrados, como el fiscal napolitano, Fabrizio Vanorio, se refirió a estas normas como “técnicamente fascistas”, al tiempo que las comparó con otras similares en los años de Mussolini o el de la Hungría de Orbán.

Desde su llegada al ejecutivo italiano en 2022, Meloni prometió poner freno a la inmigración irregular y garantizar la seguridad a los ciudadanos, especialmente en el sur del país. Sin ir más lejos, su primera medida, en otoño de 2022 tuvo como objetivo las raves.

El gobierno de Meloni aprovechó como excusa el desalojo de una fiesta de techno ilegal en la ciudad de Módena que congregó a más de 3.000 personas llegadas de toda Europa, para aprobar un decreto que prohíbe reuniones de más de 50 personas si incluían ocupaciones y amenazaban el orden público. La norma recogía incluso la posibilidad de pinchar los teléfonos de aquellos sospechosos de organizarla.

La ley suscitó la preocupación de sectores judiciales, sindicatos e incluso de su propio gobierno, ante la posibilidad de que se llegase a aplicar a las manifestaciones políticas. La medida anti-fiestas fue la primera piedra de lo que se convertiría en un paquete de medidas de control de dudosa validez constitucional.

Al tiempo que Meloni es alabada por socios comunitarios, la dirigente ha impulsado otras medidas de seguridad a favor del encarcelamiento a adolescentes, mujeres embarazadas y madres con recién nacidos o la detención automática para inmigrantes. Pero también se ha producido recortes de derechos sociales que afectan al derecho al aborto o el derecho reproductivo de las personas LGTBI.